La clase política española deja mucho que desear, y esa es una afirmación que no requiere de especiales datos que lo corroboren: basta con seguir el curso de los acontecimientos y las noticas que se difunden a diario. Pero algunas constantes merecen ser destacadas, como es, por ejemplo, la reiterada declaración de intenciones en orden a la necesidad de “despolitizar” la justicia.
Sobre lo que significa ese verbo (despolitizar) no hay gran consenso, como se pudo ver a propósito del escandaloso retraso con que se llegó a la renovación del Consejo General del Poder Judicial: todo giraba a la cantidad de influencia que cada Partido político quería tener sobre ese órgano (eso era lo que decían los propios Partidos). A pesar de ello se insiste en el teórico deseo de despolitizar, uno de cuyos significados es, según parece, procurar no llevar a los Tribunales lo que debe ser materia de debate político, lo cual es, en principio, razonable. Basta pensar en la cantidad de acusaciones posiblemente falsas que se cruzan en el Parlamento e imaginar lo que sucedería si cada una de ellas tuviera que dar lugar a un pleito por difamación, o injuria o calumnia. El caos institucional sería apoteósico.
No es posible saber lo que vaya a suceder con estas actuaciones, aunque el ministro de Justicia y más cosas ya ha corrido a declarar que la cosa quedará en nada
Pese a todo, la querencia de acudir a los Tribunales sigue estando muy enraizada en los usos y costumbres de nuestros políticos, aunque a veces la protesta contra las acciones penales sea inaceptable, como, por ejemplo, cuando los partidos independentistas que intentaron romper el Estado y el orden constitucional se quejaban de que aquel conflicto hubiera ido a parar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como si el tema se pudiera liquidar con una conversación pacífica.
Mas en otros casos las cosas han sido diferentes. En estos momentos es noticia la decisión de la Sala Segunda del TS de abrir un procedimiento penal contra el Fiscal General del Estado por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos. No es posible saber lo que vaya a suceder con esas actuaciones, aunque el ministro de Justicia y más cosas ya ha corrido a declarar que la cosa quedará en nada y que el Gobierno respalda al Fiscal porque no es admisible que el Fiscal pueda ser acusado por “desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso, por su pareja y su entorno político”, lo cual, manifestado por el titular de Justicia tras la decisión unánime de la Sala Segunda, no es una muestra de respeto a la separación de Poderes y a la independencia de los Tribunales. Es, por supuesto, uso de la libertad de expresión y opinión, pero desafortunado tratándose de un miembro del Gobierno.
Pero no es esa la cuestión – estaba hablando de la tendencia a acudir a los Tribunales – sino que parece olvidarse que todo este embrollo se inició cuando desde el PSOE se decidió que para combatir a la Sra. Díaz Ayuso una buena estrategia sería indagar en los negocios de su novio, o que sea, y ponerlo en conocimiento de los Tribunales pasando antes por la Agencia Tributaria. ¿Era imprescindible recurrir a eso como parte del enfrentamiento político? Por supuesto que no, y aquellos polvos trajeron estos lodos, y, aunque como augura o desea el Sr. Bolaños, la cosa “quede en nada”, el daño a la institución del Ministerio Fiscal es gravísimo, pues es la primera vez en la historia en que el TS imputa un delito al Fiscal General del Estado.
El daño a la institución del Ministerio Fiscal es gravísimo pues es la primera vez en la historia que el TS imputa un delito al Fiscal General del Estado
Sería injusto olvidar al PP, que hace unos días se descolgó interponiendo una querella por delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, enmarcando las acusaciones, al parecer, en el llamado caso Koldo. No voy a cansar al lector desgranando el significado de cada uno de esos delitos y los requisitos técnicos que exige su apreciación. Tampoco entraré en el análisis de la dificultad que supone imputar un delito a una persona jurídica (el PSOE, en este caso), pues las infracciones penales han de ser cometidas por personas físicas, y se debe especificar cuándo y cómo, y, ulteriormente, en caso de que se cumplan otras condiciones legalmente establecidas, se puede plantear la imputación a la persona jurídica en cuyo nombre e interés, o bajo cuya dependencia y control, actuaron las personas físicas. No sé si todo eso se podrá clarificar, pues hasta ahora solo se sabe lo que están diciendo en pro o en contra los medios de comunicación afines o contrarios a cada uno de los Partidos implicados.
Tal vez parezca que defiendo la tesis de que “todo” lo que sucede en el ámbito político o parapolítico ha de quedar fuera del alcance de la justicia penal, y en manera alguna es eso lo que pretendo decir. Lo que me parece lamentable es que directamente los Partidos deseen destrozarse a través de procedimientos penales, viables o no viables.
Hace tiempo defendía la tesis de que sería conveniente para la convivencia política prohibir expresamente a los Partidos políticos el ejercicio de acciones penales, y también, aunque eso sea más complejo, utilizar armas penales sin necesidad de hacerlo. Pero es pedir un imposible, sobre todo desde el momento en que, en los Partidos políticos españoles, especialmente, en los dos mayores, esté tan arraigada la convicción de que el contrario no es un opositor político, sino alguien a quien se debe exterminar porque es un delincuente.
Y así nos luce el pelo
