La incompetencia de los grupos del PP y VOX en el Congreso, calificada ahora por el propio Feijóo como “injustificable error”, dio luz verde a la tramitación del proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, aprobada en el Congreso sin ningún voto en contra el pasado 18 de septiembre. El Senado ha retrasado la votación sobre la nueva ley hasta el lunes 14 de octubre y Feijóo ha conminado al PSOE-PSC a aprovechar este plazo de cinco días para impedir que se consume la indecencia de que aquellos presos de ETA que cumplen condenas por actos terroristas puedan descontar de las penas impuestas en España las cumplidas en otros países de la UE. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), por su parte, ha remitido una carta al presidente del gobierno en la que le manifiestan que “el sentimiento generalizado es el de que están volviendo a matar a nuestros familiares, como si los terroristas estuvieran celebrando la victoria bailando sobre sus tumbas”
Tramitación del proyecto
El proyecto de Ley fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) el 22 de marzo y a ese texto inicial se incorporaron las enmiendas al articulado presentadas por diversos grupos parlamentarios recogidas en BOCG de 26 de junio de 2024. La Enmienda Núm. 5 del grupo Sumar “deroga la Disposición Adicional única de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”. Esta enmienda deja sin efecto la intención del legislador en 2014 de que “en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”. Como denuncia la AVT, tal derogación va a adelantar la excarcelación de decenas de militantes de ETA (44 según la AVT) condenados por actos terroristas de diversa índole, incluidos asesinatos de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, civiles de a pie y representantes del PSOE y PP elegidos en las urnas.
Errores
Hay tres cuestiones que conviene analizar separadamente para valorar lo ocurrido durante la tramitación del Proyecto de Ley. La primera es la imperdonable actuación de los grupos del PP y VOX en el Congreso al dar el visto bueno a la reforma en la Comisión de Justicia sin enterarse de sus consecuencias. Cierto es que el proyecto inicial no contemplaba la supresión de la Disposición Adicional Final de marras, pero también lo es que las enmiendas estaban a disposición de los diputados en el BOCG desde el 26 de junio, casi tres meses antes de su aprobación en el Congreso el 18 de septiembre.
Como casi ningún ciudadano con un mínimo de información cree que los grupos del PP y VOX estaban a favor de adelantar la excarcelación de los terroristas, salvo, claro está, la portavoz del gobierno de Sánchez y algún medio de comunicación afín a Moncloa para quienes estas dos formaciones sabían lo que votaban y ahora se retractan hipócritamente para salvarse de la quema, la única conclusión razonable que podemos sacar es que nos encontramos ante una negligencia grave, comparable hasta cierto punto al error en que incurrió el juez García Castellón al no solicitar en plazo la ampliación de la investigación judicial sobre las actividades de Tsunami Democràtic. Comparable aunque en ningún caso equiparable porque, si bien el error del juez obligó a la Audiencia Nacional a exigir a García Castellón que archivara una investigación de varios años que apuntaba a Puigdemont y Rovira como líderes de la organización terrorista, y posibilitó a Rovira regresar a España sin rendir cuentas ante la justicia, la negligencia del PP y VOX no tiene consecuencias en la práctica puesto que el Proyecto de Ley del gobierno habría salido adelante en el Congreso, aunque sus diputados hubieran votado en contra.
Indignidad
La segunda cuestión por valorar es la cínica reacción del gobierno de Sánchez. Grave como ha sido la negligente actuación de los diputados del PP y VOX, lo verdaderamente indecente es que Alegría, portavoz del gobierno, haya acusado de indignidad al PP “por usar el terrorismo para tapar su vacío de proyecto y liderazgo”, y se haya atrevido a afirmar que lo ocurrido no puede achacarse a ningún despiste o error porque “difícilmente el PP aquí no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben, es el mismo texto, idéntico al texto que aprobó el Gobierno del señor Rajoy en el año 2014”. Como ya nos tiene acostumbrados, Alegría, la torpe y malinformada portavoz del gobierno, ha vuelto a mentir en su comparecencia ante los medios con descaro porque, como cualquiera puede comprobar, el texto aprobado por el gobierno de Sánchez en 2024 difiere del texto aprobado por el gobierno de Rajoy en 2014.
Basta simplemente para llegar a esa conclusión con advertir que, caso de haber sido idénticos los dos textos, el gobierno de Sánchez no habría tenido necesidad de reformar la ley Orgánica de Rajoy ni se habría producido polémica alguna. Y, en todo caso, ahí está la Enmienda Núm. 5 presentada por el grupo Sumar para demostrar a la Alegría de la huerta etarra que ambas leyes no son idénticas. Quien realmente se está cubriendo de indignidad es el gobierno de Sánchez al negarse a dar marcha atrás para evitar el adelanto de las excarcelaciones de los terroristas de ETA y darlas por buenas. Bajo ningún concepto resulta equiparable cometer una negligencia, por grave que ésta sea, con la bajeza moral del gobierno de Sánchez al facilitar conscientemente la salida de los terroristas para contar con el respaldo de EH Bildu en el Congreso.
Triunfo de EH Bildu
Y llegamos así a la tercera y más relevante de las tres cuestiones. El primer pago de Sánchez a Junts y ERC para asegurarse su respaldo fue presentar la proposición de ley de amnistía el 13 de noviembre dos días antes de ser investido presidente. Todos sabíamos que se trataba simplemente del primer pago a los secesionistas catalanes y que vendrían muchos otros a lo largo de una legislatura donde el gobierno de coalición PSOE-PSC y Sumar no cuenta con el respaldo suficiente para gobernar. A diferencia de los separatistas catalanes, EH Bildu se conformó con que Aizpurua, su portavoz en el Congreso, y Elejabarrieta, su portavoz en el Senado, fueran recibidos por el presidente en funciones y el diputado Cerdán del PSOE para confirmarle su respaldo a la investidura, todo un hito en el proceso de blanqueamiento de EH Bildu. Y lo hicieron mansamente, sin exigir contrapartidas en público, sabedores de que un gobierno necesitado de sus seis diputados constituía una presa fácil para lograr el principal objetivo de su organización: excarcelar a los terroristas de ETA, un objetivo que el propio Otegui, coordinador general de EH Bildu, había planteado en números ocasiones.
Dos buenos pájaros Aizpurua y Elejabarrireta, con conexiones de largo alcance con la banda terrorista y los presos etarras. Aizpurua fue condenada en 1988 por enaltecimiento del terrorismo, ejerció de redactora de información de Egin, cerrado en 1988 por orden del juez Garzón “por ser un instrumento del entramado delictivo ETA-KAS”, y fue fundadora y directora de Gara (1999-2004), los dos diarios vascos al servicio de ETA y sus presos durante décadas. Elejabarrieta, por su parte, se ha dedicado como responsable de relaciones internacionales de EH Bildu con otros ‘movimientos de liberación nacional’ a propagar falsedades históricas (desde la anexión del País Vasco a Castilla por conquista al supuesto rechazo del ‘pueblo’ vasco de la Constitución de 1978), así como a enaltecer y justificar la lucha armada de ETA contra la dictadura y el régimen del 78 y a procurar la excarcelación de los asesinos y torturadores de la banda presos todavía.
Más allá de la intolerable negligencia que supone adelantar la salida de la prisión de terroristas sobre muchos de los cuales recaen delitos de sangres espeluznantes, lo que de verdad debería preocuparnos es que EH Bildu haya pasado en tan poco tiempo y gracias al PSOE de Sánchez de ser un partido heredero de los asesinos a convertirse en un socio prioritario del gobierno de España y esté a punto de desbancar al PNV y convertirse en la fuerza más votada en el País Vasco. Como para ir de vacaciones allí.