El gobierno de Illa tiene atadas y bien atadas las manos por los compromisos impuestos por ERC para investirlo presidente. Según figura en el acuerdo firmado por Illa (PSC) y Aragonès (ERC), el nuevo ejecutivo catalán se compromete a:
- Construir una solución al conflicto político basada en un consenso amplio de la sociedad catalana.
- Impulsar un sistema de financiación singular que avance hacia la plena soberanía fiscal, basado en la relación bilateral con el Estado y la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos.
- Reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Catalunya, especialmente el modelo de escuela catalana, el fomento del uso social del catalán, y la acción exterior de la Generalidad de Cataluña.
- Asegurar la continuidad de unas políticas públicas que garanticen el impulso de un sistema productivo y unos servicios públicos centrados en la búsqueda de la prosperidad compartida y el bienestar y las oportunidades para el conjunto de la ciudadanía.
¿Cumplirá Illa?
La redacción del primero y el último de los cuatro compromisos (traducidos literalmente) deja bastante que desear y emplea términos tan vagos (consenso amplio de la sociedad catalana, en el primero, y políticas públicas que impulsen un sistema productivo y unos servicios públicos centrados en la búsqueda de la prosperidad, en el último) susceptibles de múltiples interpretaciones que resultaría extraño que llegaran a provocar fricciones tan importantes como para que una ERC, debilitada y dividida, deje caer al gobierno de Illa en los próximos meses.
Más peliagudo va a resultar que no surjan dificultades insuperables en el segundo punto del acuerdo. La financiación singular hacia la soberanía fiscal contempla la transferencia a la Generalidad de todas las competencias fiscales y la negociación bilateral con el gobierno de España para determinar la aportación de la Generalidad al sostenimiento del Estado. Este compromiso constituye, sin duda, el éxito principal de ERC que, bien podría decirse, ha dejado momentáneamente a Junts fuera de juego. Si con la investidura de Sánchez Junts jugó mejor sus cartas y ganó la partida a ERC, los republicanos han ganado la partida invistiendo a Illa, algo inaceptable para el prófugo. Con la aplicación de la amnistía todavía en el aire, Illa ejerciendo ya de presidente y ERC atribuyéndose el mérito de la financiación singular, el prófugo y Junts se han quedado fuera de juego donde más les importa estar presentes, en Cataluña.
Obviamente, no van a quedarse cruzados de brazos y perder el terreno ganado desde el 23-J hasta las elecciones catalanas. Junts está obligado a demostrar que, como ocurrió con la amnistía, es el único partido capaz de obligar a los socialistas a plasmar en una proposición de ley los acuerdos alcanzados. Si hace unos meses, el chantaje de Junts al gobierno se resumía en ‘ley de amnistía o no hay investidura de Sánchez’, ahora el chantaje de Junts es ‘la llave de la caja o no hay presupuestos generales para 2025’. En junio, Junts ya rechazó su tramitación al votar en contra del techo de gasto en el Congreso. Ahora, Junts se ha sumado a la petición del PP para que la vicepresidenta Montero comparezca en el Congreso y explique el alcance de la financiación ‘singular’ de Cataluña acordada con ERC. Y, a futuro, ha advertido que si no se modifica la LOFCA para que Cataluña pueda recaudar el 100% de los impuestos rechazará los PGE 2025 que el gobierno Sánchez querría aprobar antes de final de año.
Dónde están las llaves, matarile, rile, rile
La cesión de las competencias fiscales a la Generalidad va a levantar incluso más resistencias de las que ya ha suscitado la amnistía en los ámbitos político y social. De momento, los presidentes de las CC. AA. sujetas al régimen común de financiación se han mostrado en contra del establecimiento de una financiación singular que otorgue muchos más recursos a Cataluña y consiguientemente merme los de las demás o los del Estado del que al fin y al cabo nutren los fondos autonómicos. Incluso algunos barones socialistas sin mando en plaza han mostrado también su completa oposición. Susana Díaz ha manifestado que esta cesión va en contra de las políticas socialistas y la Federación aragonesa del PSOE ha rechazado formalmente el acuerdo en una reunión en la que los siete miembros de la ejecutiva de Huesca, sanchistas, abandonaron la sala.
Como toda respuesta a los socialistas díscolos, Sánchez en lugar de aclararles cómo piensa su gobierno cumplir el acuerdo con ERC ha adelantado el Congreso Federal casi un año para proceder después a renovar las ejecutivas de las federaciones del PSOE y eliminar a los militantes críticos. Una purga en toda regla. La pulsión autoritaria del presidente Sánchez para eliminar cualquier tipo de oposición situando a personas afines en el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, colonizando instituciones clave del Estado y organismos autónomos, apretando las tuercas a los medios de comunicación que desvelan la corrupción y desvergüenzas de sus gobiernos y su entorno familiar etc., ha llegado también a su propio partido donde quiere hacer tabla rasa y desalojar a todos los discrepantes de puestos de responsabilidad. El número de líderes socialistas descontentos con sus cesiones y chanchullos no cesa de aumentar y la credibilidad del PSOE de Sánchez en la sociedad española, pese a contar con el BOE, no cesa de erosionarse, diga lo que diga el CIS de Tezanos
La LOFCA se puede reformar a la carta para otorgarle a Cataluña las competencias fiscales exigidas por ERC y reducir la aportación al sostenimiento del Estado exigida tanto por ERC como por Junts, y cabe pensar que, como ocurrió, con la amnistía, la reforma podría salir por los pelos. Pero estos partidos deberían ser conscientes de que si la reforma no cuenta con el aval del resto de CC. AA. y no ha sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no sólo se presentarán recursos que dilatarán su puesta en marcha sino que al no haber sido acordada en una negociación multilateral podría deshacerse en cuanto cambien las mayorías en el Congreso. El caos administrativo financiero resultante puede resultar mayúsculo a causa de los compromisos a futuro adquiridos por las Comunidades y los retrasos con que se realizanen las liquidaciones del sistema.
¿Quién sale beneficiado?
En caso de que ERC y Junts se avinieran a que la reducción del supuesto déficit fiscal de Cataluña, cifrado por la Generalidad en 22.000 millones, se redujera para empezar entre un 30% y 60% en 2025, la conclusión inevitable es que los recursos disponibles para el resto de CC.AA. se reducirían entre 6.600 y 13.200 millones de euros el próximo año. La vicepresidenta Montero acaba de ofrecer aumentar en 400 millones los recursos aportados por el Estado al fondo de compensación interterritorial a regiones de menor renta. Añadan la quita de 15.000 millones de la deuda contraída por la Generalidad con el Estado por los préstamos recibidos del Fondo de Liquidez Autonómica, que Rovira está ya reclamando se haga efectiva, y tendrán una estimación bastante precisa de lo que ha costado a los españoles investir a Sánchez e Illa.
Pero las implicaciones del acuerdo con ERC para las demás CC. AA. serían incluso más gravosas a largo plazo puesto que, una vez transferida la competencia de recaudar los impuestos a la Generalidad, su posición negociadora frente al Estado se vería reforzada y nadie podría impedir que redujera su aportación a cero y se negara a reconocer el resto de la deuda contraída por la Generalidad con el Estado. Quizá Illa, filósofo y humanista cristiano, como a él le gusta definirse, no quiera llegar tan lejos durante esta legislatura, pero resulta fácil pronosticar qué ocurrirá si Junts y ERC recuperan el gobierno en las próximas elecciones que anticipo no serán dentro de cuatro años. ERC dice estar en las antípodas del PSC y resulta difícil aguantar cuatro años con un socio tan alejado que a su vez siente en el cogote el aliento del prófugo.
Esta misma semana, Sánchez alardeó en una comparecencia sin preguntas que tenemos por delante una legislatura larga y gobierno suyo para rato. Es lo que le corresponde decir para no alterar el corazón de sus acólitos y mercenarios, pero lo cierto es que sus cesiones al PSC y a sus socios secesionistas en el Congreso han trasladado al gobierno de España el desgobierno en que Cataluña ha estado sumida desde al menos 2010. La naturaleza de los acuerdos alcanzados con Junts y ERC para investir a Sánchez e Illa, amnistía y concierto económico, lejos de normalizar la vida institucional, política y social están socavando aún más nuestras instituciones, aumentando las tensiones políticas y perjudicando los bolsillos de la mayoría de los españoles. Puestos a pronosticar, auguro que la XV Legislatura va a ser más bien corta y tengo la esperanza de que el nuevo gobierno sea capaz de reparar los estragos institucionales, políticos y sociales que Sánchez va a dejarnos en herencia.