Para quienes aún tenían alguna tenue esperanza de que Illa podía actuar de modo distinto a sus antecesores al frente del PSC (Obiols, Maragall, Navarro, Montilla e Iceta), el pacto firmado con sus socios independentistas para asegurarse el sí en la sesión de investidura y los primeros nombramientos tras tomar posesión les habrán, espero, despejado las dudas. Illa llega a la presidencia del gobierno de la Generalidad con un triple encargo de sus avalistas de ERC: 1) reforzar la imposición del catalán en el sistema educativo y la sociedad catalana; 2) desplegar la acción del gobierno de la Generalidad en el extranjero siguiendo los pasos de los gobiernos secesionistas; y 3) conseguir que Sánchez, más débil y entregado que nunca, le entregue la llave de la caja para acercarse al ideal expuesto por Maragall en 2006: un ‘país’ donde el Estado tenga un papel residual y “Cataluña pueda hacer lo que quiera”. “Y lo haremos”, concluyó Maragall, y en cumplir esa promesa anda muy ocupado Illa.
El ‘país’ de Illa y ERC
Cuando Illa se compromete a “reforzar los pilares del reconocimiento nacional de Cataluña” lo que está diciendo es que va a a reforzar la inmersión lingüística en la escuela y el uso social del catalán; cuando habla de ‘país’ se refiere, claro está, a una Cataluña libre de la atadura de que los catalanes contribuyan como cualquier otro ciudadano al sostenimiento del Estado; y cuando, en fin, se compromete a gobernar para todos lo que quiere en realidad decir es que gobernará principalmente para quienes consideran que la única lengua propia de los catalanes es el catalán, Cataluña su única patria, y España un Estado que se queda con buena parte de sus impuestos y les impide desplegar todo su potencial económico, una situación a la que Illa, como Maragall, Montilla y cualquier buen catalán ‘progresista’, quiere poner fin.
Las diferencias del PSC con ERC no son tan sustanciales como pudiera parecer a primera vista, más allá de que los líderes de ERC no pueden renunciar abiertamente a la secesión de Cataluña para mantener la credibilidad ante sus votantes, en tanto los líderes del PSC pueden permitirse descartar por inviable la secesión -ya ven señores lo que ocurrió en 2017- y conformarse (de momento) con transformar España en un estado federal asimétrico con ciudadanos de primera y de segunda, en el mejor de los casos, o en un estado confederal, en el peor de los casos, donde cada estado cede algunas de sus competencias al estado confederal, pero retiene la capacidad de hacer cumplir el ordenamiento confederal a sus ciudadanos y la capacidad de abandonar la confederación en los términos acordados.
Por lo demás, los líderes del PSC comparten con sus otrora socios de gobierno y ahora avalistas e inquisidores de ERC los mitos y las deformaciones históricas que presentan a Cataluña como una nación sin estado, sujeta a la opresión implacable del Estado español desde al menos 1714. Juntos siguen rindiendo tributo cada 11 de septiembre a quien lideró la defensa de Barcelona y arengó a sus tropas a luchar por la libertad de toda España en la última batalla de la guerra de Sucesión, transmutado por obra y gracia de los secesionistas en un héroe de la resistencia antimonárquica y antiespañola, obviando que las élites gobernantes en el Principado de Cataluña celebraron la entronización y los esponsales de Felipe V en Barcelona con gran entusiasmo, pompa y boato. No les extrañe pues que Illa se apunte también a la pseudohistoria falsificada de Cataluña y se presente como el 133.º presidente de la primera democracia del mundo, no meramente como el sucesor de Aragonès al frente del gobierno de Cataluña, una Comunidad Autónoma más del Reino de España.
Desde 1978 y muy especialmente a partir de su llegada al gobierno de la Generalidad en 2003, los líderes del PSC se han aplicado con entusiasmo a impulsar el proyecto nacional secesionista de la mano de ERC. Han aceptado y hasta tomado la iniciativa para impedir la mayor presencia del idioma común de los españoles (español o castellano, como a ellos les gusta denominarlo) en el sistema educativo catalán, han aceptado sin rechistar que la bandera nacional no ondee incluso en los Ayuntamientos donde gobierna el PSC, y han reclamado mejoras en la financiación de Cataluña, un paso previo para dar pábulo a la falacia del expolio fiscal de Cataluña perpetrado por un Estado insaciable. Estas actitudes y políticas, que avergonzarían a cualquier socialdemócrata, los sucesivos líderes del PSC las han hecho suyas, e Illa, como sus antecesores Maragall y Montilla, pretende ahora que las haga suyas también el PSOE de Sánchez.
Exportar el modelo PSC-PSOE
A pesar de la trayectoria seguida por el PSC desde 2003, es posible que algunos bien pensantes ‘progresistas’ se agarren a un clavo ardiendo y se consuelen pensando que resulta lógico que el gobierno de Cataluña centre su atención en asegurar el bienestar de los ciudadanos residentes en su territorio. Pero la actitud de Illa y el PSC va mucho más allá de la comprensible prioridad que todos los gobernantes autonómicos otorgan a sus ciudadanos. El asunto viene de muy lejos y podría decirse incluso que se encuentra en el ADN del partido desde su fundación, cuando la dirección nacional del PSOE abandonó a su suerte la Federación Socialista de Cataluña, y González y Guerra aceptaron que se diluyera en el PSC, un partido completamente autónomo del PSOE, profundamente nacionalista aunque de ámbito regional, al que, no obstante, se le reservó una representación destacada en los órganos federales del PSOE e incluso en el gobierno de España desde 1982.
Maragall, como ya he indicado al principio del artículo, intentó en 2006 con la propuesta de reforma (profundamente inconstitucional) del Estatuto aprobada el 30 de septiembre de 2005 exportar la relación asimétrica entre los dos partidos, PSC y PSOE, a la relación entre Cataluña y España. Pues bien, Illa y Sánchez se han comprometido en el pacto de investidura firmado con ERC a intentarlo de nuevo durante esta legislatura, en esta ocasión de tapadillo para evitar la necesidad de reformar la Constitución como correspondería. El PSC pretende que el gobierno de la Generalidad siga influyendo en las decisiones del Estado, recibiendo inversiones y fondos europeos, pero quiere disponer de completa autonomía política y financiera y desentenderse de las consecuencias que sus decisiones puedan tener sobre aquellos ciudadanos, residentes o no en Cataluña, que no comparten ni su visión de ‘país’ ni su visión de España.
Lo mío es mío y solo para los míos y lo vuestro es de todos y para todos. Si no se atisban en los nombramientos de consejeros y altos cargos hechos por Illa (algunos procedentes de los últimos gobiernos de ERC y Junts) ninguna indicación de que su gobierno vaya a cumplir las sentencias firmes que exigen que se imparta el 25% del currículum escolar en castellano y los Mozos de Escuadra cumplan las órdenes de los tribunales, resultaría ilusorio esperar que Illa presente por iniciativa propia el plan de financiación ‘singular’ acordado con ERC al resto de Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y lo someta a su aprobación. Si como afirma la vicepresidenta Montero, al parecer conocedora de los detalles, no estamos ante un concierto económico y el acuerdo preserva la solidaridad interterritorial y beneficia a todas las Comunidades, ¿qué le impide a Illa presentarlo donde corresponde y discutirlo con luz y taquígrafos?
Doctores tiene la Iglesia y si el PSOE y el gobierno de Sánchez y el PSC de Illa se avinieron a constitucionalizar en pocas horas la inconstitucional amnistía nada más perder las elecciones el 23-J, a buen seguro que están ya los escribanos a sueldo del PSOE y el gobierno pergeñando cómo pueden justificar que el PSC, de nuevo al frente del gobierno de la Generalidad, continúe incumpliendo las sentencias de los tribunales y reforzando la acción exterior y se haga con la llave de la caja para contentar a ERC. Quienes queremos que España siga siendo un Estado de ciudadanos libres, iguales y solidarios hemos de rechazar con toda rotundidad el acuerdo firmado por el PSC con ERC para investir a Illa porque extiende el modelo asimétrico existente entre PSC y PSOE a la relación entre Cataluña y España, un modelo que merma derechos fundamentales a una parte sustancial de la sociedad catalana, crea más ciudadanos de primera y segunda en España y quiebra la obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad de cada uno.