El espíritu y los puntos principales del acuerdo firmado entre las direcciones del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se han interpretado como concesiones que el partido nacionalsocialista catalán (PSC) se ha visto obligado a hacer a los republicanos secesionistas para sacar adelante la investidura de Illa como presidente del gobierno de la Generalidad. Pero una lectura atenta del texto publicado nos permite interpretarlo de otra forma muy distinta, a saber, como una decisión autónoma del PSC para recuperar el modelo de relación bilateral entre Cataluña y España plasmado en la propuesta de reforma del Estatut aprobado el 30 de septiembre de 2005. Las alas de aquel proyecto quedaron recortadas tras su paso por la Comisión Constitucional en Las Cortes y el Tribunal Constitucional (TC) e Illa ha optado por seguir los pasos de sus antecesores al frente del PSC en lugar de volver a la senda del orden constitucional.
El problema es el PSC
Quiero recordar que la reforma del Estatuto fue liderada por (Pasqual) Maragall (2003-2006), primer secretario del PSC, quién manifestó muy satisfecho tras aprobarse el texto final en el Parlamento que “a partir de ahora tenemos una Constitución en Cataluña… que permitirá a Cataluña hacer lo que quiera”. (Subrayado mío.) Y conviene también tener presente que el TC en su sentencia 31/2010 de 28 junio subrayó que las referencias en el Estatut a “Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña” carecían de eficacia jurídica, rechazó que el catalán fuera la lengua preferente en las Administraciones y medios de comunicación públicos y declaró inconstitucionales 14 artículos del texto reformado en Las Cortes (con aquiescencia de Mas, entonces líder de la extinta Convergencia Democrática de Cataluña).
El presidente Montilla (2006-2010), sucesor de Maragall al frente del PSC y del gobierno catalán, en lugar de acatar la sentencia del TC, declaró en una comparecencia institucional presidida únicamente por la bandera catalana, que “el tribunal Constitucional está lamentablemente desacreditado y moralmente deslegitimado” y convocó a los catalanes a manifestar su indignación en un acto multitudinario organizado por la asociación Òmnium Cultural (la misma que con Casals y Cuixart al frente tuvo un papel protagonista en el proceso secesionista a partir de 2012) el 10 de julio de 2010. Aquella convocatoria de Montilla en 2010 y su advertencia de que “no renunciaremos a nada de lo que se ha firmado y refrendado” bien pueden considerarse el pistoletazo de salida del proceso secesionista y proporcionan la clave para comprender la posición actual del PSC de Illa.
Más allá de la gravedad de las concesiones concretas contempladas en diversos ámbitos sociales y económicos, lo más destacable en el preacuerdo firmado por el PSC con sus socios republicanos secesionistas es la declaración de intenciones recogida en los dos primeros párrafos del texto:
Las dos formaciones firmantes se reclaman herederas del catalanismo popular, que tiene como principios esenciales el reconocimiento de Cataluña como nación y la voluntad colectiva de hacer avanzar el país y construir un futuro mejor sobre la base de la voluntad de la ciudadanía expresada democráticamente.
Este catalanismo -fruto de la diversidad y pluralidad de la sociedad catalana- se traduce en diversas propuestas políticas que abrazan desde el federalismo al independentismo, que se reconocen como opciones legítimas. Con esta premisa, el independentismo de izquierdas y el federalismo de izquierda han tenido la capacidad de establecer confianzas, alinear objetivos y sumar esfuerzos en diversos momentos históricos, siempre con el horizonte compartido de que Cataluña gane soberanía para garantizar el progreso social y económico de la sociedad catalana.
Me ha parecido oportuno reproducirlos porque proporcionan una idea de cuáles son las premisas de este nuevo acuerdo de investidura y lo que podemos esperar de esta nueva etapa de entendimiento entre PSC y ERC: ambos partidos dicen compartir que Cataluña es una nación cuyo futuro ha de determinarse atendiendo exclusivamente a la voluntad de la ciudadanía catalana para garantizar su progreso social y económico. Al resto de ciudadanos españoles que no comparten esas premisas dentro y fuera de Cataluña que los zurzan.
¿De izquierdas? ¡Anda ya!
Que dos partidos que obtuvieron el respaldo de tan sólo 1,3 millones de catalanes en las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña el pasado 12 de mayo (12-.M) y se declaran de izquierdas, federalista el PSC e independentista ERC, quieran dejar sin voz a decenas de millones de ciudadanos dentro y fuera de Cataluña, con quienes tantos catalanes han mantenido y mantienen relaciones afectivas, culturales y económicas desde tiempos casi inmemoriales, proporciona una idea muy precisa del estrecho sentido de la solidaridad y universalidad que alienta a estas dos formaciones y debería poner en alerta a cualquier socialdemócrata. A veces me he referido al PSC como un partido nacionalsocialista (incluso escribiendo a veces la palabra nacional con mayúsculas), no por su afinidad con el partido nazi, sino para subrayar que esta formación antepone el reconocimiento de Cataluña como nación y los intereses económicos de los residentes en Cataluña a cualquier otra consideración política y socioeconómica.
Algunos reconocimos la gravedad de los posicionamientos del PSC ya en 2005, cuando Maragall tras convertirse en presidente de la Generalidad se dedicó en cuerpo y alma, no a fortalecer los lazos entre los españoles residentes en Cataluña y los de otras Comunidades, sino a aprobar un nuevo Estatuto para que Cataluña pudiera hacer lo que quisiera. Otros, como Cercas, representante eximio del buen progresista catalán, no cayeron en la cuenta hasta que el PSC de Illa y el PSOE de Sánchez (para quienes Cercas pidió todavía el voto el 23-J) dejó de repetirnos aquello de “ni amnistía, ni autodeterminación”, para que nos quedara claro, y pasó a defender sin solución de continuidad que Sánchez concediera la amnistía a los golpistas para normalizar la situación política en Cataluña.
Su retractación sobre la amnistía, nos ha quedado tan meridianamente clara, Sr. Illa, que no me sorprendería que algunos ciudadanos se estén preguntado si tras firmar este nuevo acuerdo para investirlo presidente con ERC, cuyos líderes han repetido también una y otra vez que la legislatura no tiene recorrido a menos que se convoque un referéndum de autodeterminación acordado con el gobierno de España, sólo para Cataluña, “con pregunta clara” y “respuesta sí o no”, está usted preparando las urnas para realizar la consulta exigida o redactando la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña. Que haya preferido a ERC como compañero de viaje, siguiendo la estela de Maragall y Montilla, en lugar de soltar ese lastre y buscar el respaldo de partidos constitucionalistas, no augura nada bueno ni para los catalanes ni para el conjunto de los españoles. Si la amnistía dio alas a Puigdemont, su pacto va a dar alas a ERC. Abróchense los cinturones entramos en zona de fuertes turbulencias.