Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado escritos de queja ante el Defensor del Pueblo, Síndic de Greuges de Cataluña, Sindicatura de Greuges de Barcelona y en la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona para que, «en el marco de sus competencias como instituciones defensoras de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, insten a la Generalitat a revisar y modificar el Decreto 91/2024 del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario de Cataluña, que regula el uso del catalán como lengua vehicular en las escuelas catalanas». La entidad constitucionalista ha recordado en un comunicado que en septiembre de 2023, en la fase de información pública, actuó «en vía administrativa para evitar la aprobación del decreto» y que en estas alegaciones, no respondidas por el Govern, ya alertó de «sus efectos perniciosos».
En el mismo comunicado, SCC ha señalado que «con el pretendido objetivo de fortalecer el uso del catalán y asegurar la cohesión social, el decreto del gobierno catalán nace como una inquietante herramienta de exclusión y discriminación de la lengua española, dado que limita el uso del castellano a funciones curriculares específicas -como la enseñanza de lengua y literatura castellana- y a casos muy puntuales que deberán ser claramente justificados en los proyectos lingüísticos de cada centro educativo».
No se limita a las aulas
«El alcance del decreto», ha añadido la entidad constitucionalista, «no se limita a las aulas; afecta también a las actividades complementarias y extraescolares (parte esencial del proceso educativo), así como a las comunicaciones internas y externas de los centros escolares, que deben realizarse única y exclusivamente en catalán».
Desde SCC se ha recordado que estas medidas «derivan en una clara vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española; especialmente el derecho a no ser discriminado por razón de lengua». Además, «el artículo 3 de la Carta Magna establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Un derecho y un deber «fundamentales para asegurar la igualdad de todos los españoles en el uso de la lengua independientemente de su comunidad autónoma de residencia».
El controvertido decreto, según SCC, contraviene numerosas resoluciones judiciales que aseguran una educación bilingüe y equilibrada e ignora que el Estatuto de Autonomía de Cataluña reconoce los dos idiomas como lenguas cooficiales. Ante esta situación, SCC considera que «la discriminación lingüística resultante de este decreto no sólo afecta a los derechos individuales de los ciudadanos, sino que tiene graves implicaciones para la cohesión social y la integración: al imponer el catalán como lengua vehicular de manera exclusiva o preferente se crea una barrera que dificulta la inclusión y la participación de aquellos ciudadanos con el castellano como lengua materna. Relegar a los alumnos castellanohablantes a una posición secundaria afecta a su autoestima y a su percepción de pertenencia a la comunidad educativa. La cohesión social se ve comprometida cuando una parte significativa de la población observa cómo su lengua y cultura son menospreciadas».
¿Constitucional o no?
«El grave impacto en términos de igualdad de oportunidades resulta más que evidente si tenemos en cuenta que el desarrollo personal y profesional de los estudiantes está ligado a una educación no discriminatoria de calidad», ha señalado SCC, «unas desigualdades que afectan también negativamente a los profesores que no cumplen con los severos requisitos lingüísticos impuestos para el ejercicio de la docencia en Cataluña». Y ante esta situación la entidad pide amparo a estas instituciones defensoras de los derechos de los ciudadanos para que evalúen si el decreto es constitucional, revisen las sentencias judiciales pertinentes, consideren el impacto en la cohesión social y en la igualdad de oportunidades, revisen la exigencia del nivel C2 de catalán para el personal docente, pidan a la Generalitat la revisión y modificación del documento para que el castellano y el catalán reciban el mismo trato en las escuelas y promuevan «la mediación y el diálogo entre las autoridades educativas y las asociaciones civiles para encontrar soluciones consensuadas respetuosas con la diversidad lingüística y cultural de Cataluña».
