El último cónclave golpista celebrado en Waterloo el 7 de julio reunió, además de al prófugo ejerciendo de anfitrión, y a Comín, vicepresidente ejecutivo del ‘Consell de la República’, a Turull, secretario general de Junts per Catalunya, a Vilaret y Fernández (Juli), dos representantes de segunda fila de ERC, a Llach, presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), a Antich, presidente de Òmnium Cultural, a Gaseni, presidente de la Associació de Municipis per l’Indepencia (AMI), y a Riera, diputado de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en el Parlamento de Cataluña. La reunión tuvo lugar una semana después de que Junqueras se reuniera también con el prófugo en la ‘casa de la república’. Faltan algunos de los que fueron e incluso se ha producido algún intercambio de cromos entre ERC y Junts, pero hay pocas dudas de que estamos ante un descolorido revival del proceso secesionista. ¡Y es que nadie con dos dedos de frente puede olvidar la vergonzosa huida del prófugo nada más proclamar la república catalana el 27-O!
La reunión con Junqueras, en la que Turull estuvo también presente, fue calificada por Rius, portavoz de Junts, como “una buena noticia para el independentismo” que podía interpretarse como el inicio del deshielo en las gélidas relaciones entre ambos líderes tras la huida del primero a Bélgica. La resistencia de los tribunales a aplicar la ley de amnistía debió ocupar también buena parte de las dos reuniones y quizá el único acuerdo tangible alcanzado entre Junts y ERC sea el de respaldar la manifestación convocada por la ANC el sábado 13 de julio en Barcelona. Se trata de una movilización convocada para parar el ‘golpe judicial’, expresión utilizada por los golpistas catalanes para calificar la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo de considerar la malversación un delito al que resulta inaplicable la ley de amnistía aprobada por el Congreso el pasado 30 de mayo.
Lluc se ha apresurado a advertir a ERC que incurriría en pecado moral si respalda la investidura de Illa
Entretanto, el reloj sigue su curso implacable acercándose al 25 de agosto, fecha límite para cerrar la investidura del presidente de la Generalidad, aunque algunos medios de comunicación han publicado que las negociaciones entre el PSC y ERC van por buen camino. Encaramado al pulpito de TV3, Lluc se ha apresurado a advertir a ERC, que incurriría en pecado mortal si respalda la investidura de Illa, al que acusa de haber apoyado la aplicación del 155, y aboga por pagar el precio de repetir las elecciones concurriendo con una lista independentista unitaria, encabezada por el prófugo, para relanzar el proceso de secesión con nuevos bríos. Lo que el prohombre de la estaca no dijo en su homilía es si el prófugo, una vez de vuelta en Cataluña y declarada la independencia, repetirá la misma jugada de 2017 y saldrá de la tierra patria disfrazado de luterana para regresar a su confortable mansión y seguir ejerciendo de presidente del consejo de la inexistente república catalana. En realidad, el gran temor de Junts y de la ANC a que Illa sea investido es que el acuerdo entre PSC y ERC les deje fuera de juego.
Las negociaciones para investir a Illa presentan aristas que no se pulirán hasta que se acerque la fecha límite del 25 de agosto. ERC demanda, en primer lugar, que el gobierno de la Generalidad recaude y gestione el cien por cien de los impuestos recaudados en el territorio de la Comunidad y el gobierno de España negocie bilateralmente la aportación de la Generalidad al sostenimiento del Estado, como ocurre con el País Vasco y Navarra, hasta que Cataluña sea independiente. En segundo lugar, ERC quiere fijar las condiciones para celebrar en Cataluña un referéndum de autodeterminación acordado con el gobierno de España en esta legislatura. Algunos, quizá, añadirían una tercera demanda, a saber, blindar el catalán como lengua ‘propia’ y sortear las sentencias judiciales que imponen impartir al menos 25 % del currículo escolar en la lengua común de todos los españoles.
ERC quiere fijar las condiciones para celebrar en Cataluña un referéndum de autodeterminación acordado con el Gobierno en esta legislatura
Empecemos por la tercera, la más sencilla de solventar. Los republicanos pueden dormir muy tranquilos puesto que fue precisamente el gobierno de Montilla quien pergeñó la Llei de Educació de Catalunya para impedir la aplicación de los Reales Decretos de enseñanzas mínimas aprobados por el gobierno de Rodríguez Zapatero en 2006 y el PSC ha reiterado su compromiso recientemente al conjurarse con ERC y los Comunes para eludir en este caso la aplicación de porcentajes en el sistema educativo catalán, como vienen exigiendo los tribunales. Las dos primeras exigencias, por el contrario, presentan aristas tan afiladas que resultará imposible satisfacerlas en su literalidad. La negociación en que están embarcados los líderes de ERC y PSC lo que pretende es encontrar algunas contrapartidas tangibles, asumibles por el PSOE de Sánchez, que ERC pueda presentar a sus bases como pasos significativos hacia el reconocimiento de la singularidad de Cataluña y la eliminación del supuesto déficit fiscal.
El dilema a que se enfrenta ERC puede resumirse en pocas palabras: si bien respaldar a Illa puede restarle credibilidad a corto plazo en los sectores de la sociedad que anteponen la independencia a cualquier otra consideración, y reforzar a Junts, su adversario en el reparto del menguante electorado secesionista, ir a nuevas elecciones en otoño podría resultar letal a medio plazo para los republicanos, ya muy tocados por sus luchas internas y los serios revolcones electorales sufridos en las generales de 2023 y en elecciones autonómicas y europeas en 2024. Estas caídas podrían agudizarse en caso de sucumbir a la tramposa llamada a la unidad de Junts y hasta darles la puntilla si concurren a unas nuevas elecciones desdibujado su perfil en una lista conjunta encabezada por el prófugo.
Las circunstancias son ahora muy distintas a la las de 2015 cuando CiU y ERC concurrieron en la lista unitaria ‘Junts pel Sí’ a las elecciones autonómicas, con Mas y Junqueras como cartel electoral y protagonismo compartido con la ANC, Ómnium y la AMI. De repetirlo en 2024, la coalición tendría ahora a ‘Junts per Catalunya’ como promotor del invento y sería el prófugo quien acapararía todo el protagonismo durante la campaña, por mucho que Rovira recién aterrizada se esfuerce en convencer a los catalanes que está de vuelta para terminar el trabajo que dejó a medias. Algún escéptico se preguntará por qué huyó sin terminarlo en 2018 y cómo espera terminarlo ahora. ¡Menos mal que la vida política se ha normalizado en Cataluña gracias, cómo no, a la amnistía de Sánchez e Illa!