El secesionismo obtuvo el compromiso del Ejecutivo socialista de convertir la oficialidad del catalán en la UE en una realidad a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno socialista —que se ofrece incluso a sufragar en exclusiva los gastos de traducción que acarree la medida—, el Parlamento Europeo han ignorado de manera flagrante la cuestión. Y es que a mayoría de los socios lo considera costoso e innecesario, además de temer que otras países con lenguas minoritarias quiera seguir el ejemplo. Además, los países que no cierran la puerta al debate tampoco lo consideran urgente.
Ahora, después de la decepción experimentada con los seis meses de presidencia belga del Consejo —que no ha mostrado voluntad en abordar el asunto—, el secesionismo confía en que el socio que ocupará en esta ocasión la presidencia, la Hungría gobernada por la ultraderecha, se muestre más proclive a la oficialidad del catalán. Por una parte, consideran que los esfuerzos del ministro Albares, que ya se ha reunido con su homólogo húngaro para abordar la cuestión, han podido dar frutos. Por otro, el lobby Plataforma per la Llengua mantiene en El Nacional que Hungría es firmante de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y que protege las lenguas de las 13 «minorías nacionales» que residen el país, como la rumana, la polaca o la serbia.
