El carácter decisivo para la salud de un sistema político de mantener la separación de poderes resulta más aparente en algunos momentos históricos que en otros. A ningún observador independiente de la realidad política española se le escapa que estamos en uno de esos momentos decisivos. La ley de amnistía resultó finalmente aprobada por la mínima, 177 votos a favor y 172 en contra, sin contar con un apoyo mayoritario en el Congreso como correspondería a una ley con consecuencias de tanto alcance, y su aplicación está generando tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial sin precedentes en nuestra democracia. En particular, algunos de los fiscales y jueces que aplicaron en su día las leyes vigentes, juzgaron y condenaron quienes incurrieron en presuntos delitos durante el proceso secesionista en Cataluña, así como aquellos que continúan instruyendo todavía causas, parecen no concordar con el fiscal general en que la ley de amnistía resulta aplicable a todos los delitos por los que se les juzgó o investiga.
Amnistía y separación de poderes
La fundación Diario Madrid organizó el pasado 18 de junio un acto (llamarlo debate sería una exageración) titulado “El efecto perspectiva en el periodismo. España/Cataluña Plural” en el que participaron la Sra. Bueno, directora de El País, y el Sr. Juan, director de La Vanguardia. En algún momento de su intervención, la directora de El País justificó la posición de su diario favorable a la amnistía apelando al deseable restablecimiento de la convivencia en Cataluña. Abierto el turno de intervenciones, le pregunté si su diario defendía también la amnistía cuando el Sr. Sánchez prometía traer al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo y la Sra. Calvo, vicepresidenta del gobierno, respondía en el Senado a una interpelación de un senador de Junts en los siguientes términos: “la única respuesta posible es que la amnistía no es planteable en un estado constitucional y democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Judicial”.
La señora Bueno agradeció mi pregunta porque, dijo, le permitía aclarar que El País siempre ha estado a favor de las medidas de gracia, siempre, con independencia de la posición cambiante del gobierno. Como tenía todavía el micrófono en mi mano, no pude dejar de replicarle y recordarle que la amnistía no es una medida de gracia, como sí lo es el indulto de un delito, sino que supone reconocer que no hubo delito y todos los actos desplegados por el Ejecutivo del presidente Rajoy, la decisión del Senado de aplicar el artículo 155, la consiguiente destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamento de Cataluña, los juicios a los presuntos delincuentes por los actos cometidos en la organización y financiación del proceso secesionista no podían considerarse delitos, y, en suma, todas las instituciones del Estado se situaron fura de la ley y los jueces prevaricaron al juzgarlos.
Llegado el momento decisivo de salvar las habichuelas, Calvo, profesora Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba en excedencia desde 1994, no tuvo empacho alguno al votar a favor de la Ley Orgánica de amnistía en el Congreso el 30 de enero, y ahora como recompensa a sus extraordinarios méritos académicos el gobierno la ha nombrado presidenta del Consejo de Estado. Buenos consejos caben esperar de quien ahora considera perfectamente constitucional la aprobación de la amnistía por una mayoría suficiente del pueblo soberano, y al mismo tiempo sigue manteniendo que “el Estado no se equivocó aplicando el 155. No se equivocó, era lo que tenía que hacer, yo participé. Tampoco se equivoca si decide la amnistía por el procedimiento establecido en nuestra Constitución». Su problema, Sra. Calvo, es que la amnistía no la contempla la Constitución y aprobarla, como usted misma reconoció, “en un Estado constitucional y democrático sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Judicial”. Por coherencia, usted debería reconocer que con su voto a favor de la amnistía ha laminado el poder Judicial o, en otro caso, que mentía cuando afirmó en el Senado que España era un Estado constitucional y democrático.
Descrédito del fiscal general del Estado
Las actuaciones del fiscal general del Estado García Ortiz están planteando también dudas sobre la imparcialidad de una institución encargada de “impulsar la aplicación de la justicia en defensa de la legalidad”. En concreto, las órdenes cursadas a la fiscal jefe de Madrid y a la fiscal de la Comunidad de Madrid de publicitar datos privados de un contribuyente, la pareja sentimental de Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o el intento de la fiscalía de archivar la investigación judicial sobre las actividades profesionales de Begoña Gómez, la esposa del presidente Sánchez, han permitido constatar una falta de neutralidad tan acusada que lo inhabilita para ejercer un cargo de tan elevada responsabilidad. Al fiscal general no le importa ordenar a sus subordinados que revelen secretos de un contribuyente y al mismo tiempo hace cuanto está en su mano para impedir que un juez esclarezca si hubo o no tráfico de influencias en las actividades profesionales de la esposa del presidente Sánchez. ¡Vaya manera de aplicar la justicia y defender la legalidad!
Por si no les suscita suficientes dudas las actuaciones mencionadas García Ortiz y la investigación judicial en curso por revelación de secretos, ahí tienen su decisión, mucho más grave desde un punto de vista estrictamente político, de retirar a los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio a los líderes del proceso secesionista por su negativa a aplicar la ley de amnistía a los delitos de malversación de caudales públicos. Estamos ante otro caso flagrante de intromisión del fiscal general que ha suscitado un enfrentamiento sin precedentes en el seno de la Fiscalía, sólo resuelto y por la mínima diferencia en la reunión de la Junta de Fiscales de Sala gracias a los votos del propio Ortiz y Delgado, una exministra de Sánchez cuyo nombramiento había sido revocado por el Tribunal Supremo, aunque no ejecutado. Ahora, les corresponde a los nuevos fiscales nombrados por Ortiz pedir la aplicación de la amnistía y a los jueces dirimir si cabe o no aplicarla habida cuenta que los fondos públicos de los que se apropiaron “no han sido restituidos» y resulta improcedente aplicar la ley de amnistía a la malversación.