Realmente, en el desolador paisaje político hispano cuesta dar con alguna materia que no se separe de la sordidez. Las últimas semanas están llenas de acontecimientos nacionales e internacionales, y, al acercar la lupa queriendo distinguir entre árboles y bosques solo resplandece la sinrazón o la frivolidad. Por supuesto que lo más grave está desarrollándose, una vez más, en el espacio de conflicto entre Israel e Irán, que se suma al terrible e irresoluble drama de Gaza.
A la vista de la magnitud de la tragedia las cuitas nacionales parecen grotescas, pues que el mundo esté al filo de una conflagración de alcance hoy impredecible parece bastante más importante que las elecciones vascas o las catalanas. Y, en cambio, algo nos dice que a nuestros inenarrables dirigentes políticos eso es lo único que realmente les preocupa, cada cual por sus motivos. A la postre, los conflictos de Oriente Medio seguirán su trágica derrota sin que el curso de los acontecimientos se haya de alterar por las declaraciones públicas que puedan hacer los Sres. Sánchez o Núñez Feijoo, al margen de que esas declaraciones sean más o menos desatinadas.
A la postre todo obedece a una cierta lógica: la pelea nacional es la que puede tener consecuencias palpables e inmediatas, ya sea en las inminentes citas electorales, ya en la continuada descomposición de algunas “fuerzas” políticas, y en ese punto es imposible no recordar a Sumar, que camina hacia su siguiente fiasco.
La pelea nacional es la que puede tener consecuencias palpables e inmediatas
En el espacio central del palco escénico se agita Puigdemont, imbuido o ebrio de su convicción de ser protagonista de un momento histórico, y, en su visión de las cosas, no es para menos, pues, de cumplirse su programa, está a punto de abandonar su palacio flamenco de Waterloo (de hecho ya se ha instalado en el Vallespir) camino del balcón del Palau de la Generalitat, desde el que, imitando a Tarradellas, clamará “ja soc aqui”, convencido de que ese grito, signo epifánico de un tiempo nuevo, habrá de llenar de emoción identitaria a los buenos catalanes (el criterio para otorgar la etiqueta no viene al caso). Un nuevo tiempo, pues, que habrá de ver el referéndum de autodeterminación, y, ¿por qué no?, guardias catalanes custodiando las nuevas fronteras terrestres, aéreas y marítimas, selección de inmigrantes, en caso de admitirse a alguno, abolición de la cultura española, en suma: una Arcadia feliz con suave música de cobla como fondo.
Seguramente, en algún intervalo lúcido, el propio Puigdemont puede caer en la cuenta de que todo ese montaje depende de una excesiva cantidad de circunstancias que ni siquiera pueden calificarse como aleatorias. El primer paso, poder sortear el obstáculo de la residencia en el exterior para presentarse a las elecciones autonómicas, está resuelto (cuestión distinta es que nuestro derecho electoral permita que eso suceda estando huido y sujeto a una orden de detención). Salvo la condena por sentencia firme, nada impide que se presente. Cuestión diferente es que, en el supuesto de que ganara las elecciones y elegido Presidente (paso que él da por supuesto), tendrá que tomar posesión del escaño y del cargo. El Reglamento del Parlament deja en la penumbra la obligación de acudir físicamente para poder acreditarse como Diputado.
El Reglamento del Parlament deja en la penumbra la obligación de acudir físicamente para poder acreditarse como Diputado
Tal como se pronuncia Puigdemont y su coro griego, lo de la amnistía es un mero problema de calendario, pues tan pronto como regrese del Senado, y tras unos pocos trámites, será definitivamente aprobada por el Congreso y aparecerá en el BOE, momento en el que ya será directamente aplicable. Puigdemont solo habrá de esperar a que se produzca ese feliz momento y ¡a disfrutar del cargo! Pero la cosa no es tan sencilla, pues sobre Puigdemont pesan acusaciones y medidas que él da por liquidadas tan pronto como entre en vigor la Ley, pero se equivoca al saltarse un paso previo: que esa aplicabilidad de la amnistía la tiene que decidir el Tribunal ante el que está encausado, que es el TS, el cual, a su vez, y eso, como ya ha recordado el Comisario de la UE, Reynders, puede llevar a plantearse una cuestión prejudicial ante el TJUE que daría lugar a la suspensión de la Ley.
Llegado a ese punto, se acabó lo que se daba. Puigdemont se tendrá por subjetivamente amnistiado, pero de nada valdrá en orden a acceder a la Presidencia de la Generalitat. Más aún: ni siquiera podrá acudir al Parlament sin riesgo de ser detenido, situación que solamente podría evitar presentándose voluntariamente ya mismo ante el TS y logrando que éste lo dejara en libertad provisional.
Ni siquiera podrá acudir al Parlament sin riesgo de ser detenido situación que solo podrá evitar presentándose voluntariamente ante el TS
No acaban ahí los optimistas proyectos de Puigdemont, pues, a todo eso, se ha de sumar a la seguridad de que el Parlamento catalán le elegirá President sea cuál sea el resultado de las elecciones. Su convicción se apoya, como ya ha dicho a los cuatro vientos, en que “Sánchez se lo debe”, a cambio de los siete votos que le ha garantizado (de momento) en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, aunque Salvador Illa resultara el candidato con mejores opciones, Sánchez debería inmolarlo en el altar de la gobernabilidad y el interés superior del Estado, que consiste, para los interesados, en que Sánchez mande en Madrid y Puigdemont en Barcelona, y, si no es así, se rompe la baraja.
No se puede saber cuál sería la reacción de los votantes socialistas catalanes si se les impusiera ese trágala, pues no todos asumirían que tienen condición de seres contingentes mientras que Sánchez es necesario, especialmente para él mismo.
Frente a la nube de problemas que van ensamblándose , el independentismo blande el artículo 10 de la Ley de Amnistía, que declara “…la aplicación de la amnistía en cada caso corresponderá a los órganos judiciales, administrativos o contables determinados en la presente ley, quienes adoptarán, con carácter preferente y urgente, las decisiones pertinentes en cumplimiento de esta ley, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate. Las decisiones se adoptarán en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos…”. Por supuesto, esa declaración entraña completo desprecio a lo que diga el derecho europeo que de esa manera se vería modificado por un derecho nacional, lo cual, se quiera o no aceptar, no es posible.
No hay manera de que el independentismo acepte que los jueces españoles son también jueces europeos y, por lo mismo, han de someterse al derecho europeo
Esa es una cuestión que machaconamente viene exigiéndole el independentismo a Sánchez, a saber: que en estos momentos el legislador español no tiene que respetar los mecanismos de control del derecho europeo, como si se tratara de una cuestión “exclusivamente nacional”, desconociendo que el tema se inserta en los principios básicos del derecho europeo, y, además, así se lo ha recordado la llamada Comisión de Venecia, cuyos dictámenes no son oficiales, pero sí lo bastante importantes como para que independentistas y PSOE hayan corrido a manipularlos.¡, para llegar a sostener dislates como el de que las medidas cautelares dictadas sobre varias personas, que alcanzan a Puigdemont, pueden ser alzadas aunque la Ley de Amnistía esté sometida a un control de admisibilidad europea y , por lo mismo, esté suspendida su entrada en vigor.
No hay manera de que el independentismo acepte que los jueces españoles son también jueces europeos y, por lo mismo, han de someterse al derecho europeo. En realidad, no se trata de una falta de entendederas del independentismo, sino de que éste es un movimiento atávico/identitario cuyo interés por Europa siempre ha sido a beneficio de inventario, como muestra el poco recato con el que ha querido ligar en otros espacios políticos.
La pretensión de cortocircuitar la cuestión prejudicial o la constitucional desde la propia Ley de Amnistía está condenada al fracaso, pues las reglas que dispusieran impidieran la suspensión de decisiones judiciales sin aguardar al pronunciamiento del TJUE también serían, a su vez, objeto de cuestión prejudicial.
En resumen: una serie de artículos de la Ley de Amnistía se inspiran en conseguir lo que ni el derecho constitucional ni el derecho europeo permite. El legislador español, presionado por Puigdemont, lucha contra su “impotencia”, pero sabiendo que no puede rebanar las competencias judiciales en orden a impedir que Puigdemont se proclame Presidente de las Generalitat.
Una serie de artículos de la Ley de Amnistía se inspiran en conseguir lo que ni el derecho constitucional ni el europeo permiten
Al parecer, el propio Puigdemont contempla la posibilidad de que su optimista programa naufrague, y ya ha anunciado que o alcanza la Presidencia de la Generalitat, o abandona definitivamente la política. No caerá esa breva, seguramente, pero será interesante seguir el curso de su vendetta contra quien para él será el culpable de todo: Sánchez, y ya debe estar preparándose para derrumbar, cual Sansón, las columnas del templo socialista. Salvo que opte por venganzas más sutiles, como la que ya comienza a dejar caer para preparar el terreno: apoyar al PP, lo que, además, tendría que ser a cambio de nada.
¡Cuánto tedio produce todo¡ Y no hemos paseado la mirada por los múltiples asuntos que cubren de lodo la vida nacional, desde los temas “mascarilleros” a las cuitas de los negocios parafernales.
