8,5 millones de españoles son usuarios habituales de la red social Telegram. Un sistema de comunicación en el que, además de chats privados, es posible acceder a grupos con miles de personas y de inabarcables temáticas. Todo eso está en juego ahora mismo gracias al auto de suspensión dictado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha decidido echar el cierre al sistema porque «las autoridades de las Islas Vírgenes» no han comunicado a los responsables de la red su mandamiento judicial de que entreguen «datos técnicos» que le permitan averiguar si en algunos de sus canales se infringe el derecho a la propiedad intelectual. Los denunciantes son Mediaset, Antena 3 y Movistar, que aseguran que en estos espacios se difunden sus contenidos violando sus derechos.
La decisión de Pedraz, muy cuestionada, entrará en vigor el próximo lunes. El controvertido juez ha ordenado vía auto a todas las operadoras que, a partir de entonces, deberán bloquear Telegram, tanto su versión web como sus aplicaciones. Un bloqueo que tendrá, en principio, una duración de seis meses, que es lo que Pedraz estima que tardará en llevar a cabo la investigación judicial, «sin perjuicio de las prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses que puedan acordarse, si procediera, a la finalización de este plazo».
Protestas
Las protestas en otras redes sociales como X no se han hecho esperar. Telegram es el lugar en el que más actividad opositora al Gobierno de Sánchez se registra. Es el sistema que utilizan medios de comunicación, partidos políticos o intelectuales para difundir su información. En los últimos años, la plataforma se ha convertido también en un gran mercado online. Siempre ha presumido de ser un sistema mucho más seguro y estable que su competidor, WhatsApp. Telegram está prohibido en países como China, Corea del Norte e Irán.
