Seguimos esperando el acuerdo, si lo hay, sobre lo que haya de decir finalmente la patética Ley de Amnistía. Todo gira, como nadie ignora, sobre la imperiosa necesidad de proteger al líder fugado de todo riesgo de proceso penal, razón por la cual exige que se incluyan, en toda su extensión, los delitos de traición y de terrorismo, para que no pueda quedar puerta alguna por donde colarse la bestia feroz de la injusta justicia española que turba sus proyectos de regreso triunfal a Cataluña, con salida al balcón de la Generalitat incluida y tratamiento de Jefe de Estado, que al parecer es lo menos que exige y espera el sujeto, sin olvidar la adicional petición de que el Estado y el Rey pidan perdón a Cataluña (que él representa) por las muchas afrentas sufridas desde 1714, o, ya puestos, desde el Compromiso de Caspe en 1412.
El PSOE, en teoría, ha dicho que ya no se tocaba una coma de la proposición de ley. Muchos españoles no se lo creen, y habrá que verlo. Mientras tanto, las voces más próximas al Gobierno van haciendo labor de preparación para un eventual cambio de criterio, y dicen con aparente seguridad, que ni en el tsunami ni en ninguna otra acción se pueden ver ni vestigios de los delitos que indiciariamente aprecian los jueces, y, sin alterarse, pese a la enormidad que eso supone, advierten si los Fiscales de Sala que creen adecuada la actividad investigadora mencionada, deben recordar que la última palabra la tiene el Fiscal General del Estado, con lo que, tácitamente, se jactan de que, al final, la Fiscalía hará lo que quiera el Gobierno.
Patético y lamentable, aunque tanta seguridad en la irrelevancia penal de todos los hechos que se dicen vinculados al tsunami o al terrorismo es contradictoria con la energía desplegada para que ni siquiera pueda proseguir la instrucción, y, por lo mismo, con la desconfianza sobre lo que finalmente pudieran decidir los Tribunales.
Puestos a ser comprensivos con la causa independentista y hacer suya sus acusaciones sobre la persecución judicial, el PSOE ha llegado a ofrecer una urgente modificación de la Ley de Enjuiciamiento criminal a fin de que no se pueda prorrogar el plazo de instrucción, y de esa manera bloquear la progresión de las investigaciones judiciales. Que eso sea frontalmente contradictorio con anteriores exigencias de que los plazos de instrucción se pudieran prorrogar para evitar que la complejidad de algunas investigaciones sobre corrupción no pudiese llegar a puerto a causa de las limitaciones de los plazos máximos de instrucción. Y tampoco parece hacer mella la advertencia de que se pudiera repetir un efecto beneficioso para muchos acusados ajenos al tema del independentismo, algo parecido a lo que ocurrió con la entrada en vigor de la infausta Ley del «solo sí es sí». Nada es lo bastante importante como para torcer los designios compartidos por PSOE y Junts.
Tanta buena disposición por parte del PSOE, por cierto, no se ve compensada con la conducta de sus supuestos aliados. Lejos de ello, la tal Nogueras alardeando poderío, espetó a la bancada socialista en el Congreso aquello de «acabó el café para todos. No nos sentimos españoles. O nos dan lo que nos corresponde o no hay presupuestos. ¡Visca Catalunya Lliure!». Y el PSOE sumiso lo único que hizo fue abstenerse de aplaudir. Algo es algo.
«Tanta buena disposición por parte del PSOE no se ve compensada con la conducta de sus supuestos aliados»
En la misma línea puede inscribirse la decisión de Junts de apoyar una «iniciativa legislativa popular», así se llama, ante el Parlamento de Cataluña para que éste se dote de una competencia para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Por supuesto que ni la iniciativa ni la eventual Ley que de ella naciera van a ninguna parte y sería impracticable.
Lo realmente preocupante es que, teniendo la experiencia de lo que sucedió con las leyes de desconexión se quiera, aunque sean solo palabras, repetir aquellos sucesos acaecidos el 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando el Parlamento catalán, luego de sonora bronca, aprobó aquellas leyes, como la de Referéndum, que se usó para la convocatoria a bombo y platillo del 1-O.
Como sabemos, el 17 de septiembre el Tribunal Constitucional anuló la Ley de Referéndum, advirtiendo en su decisión que ni Cataluña ni ningún territorio del Estado tenía derecho de autodeterminación. Pese a ello, se llegaría a la declaración unilateral de independencia, que daría lugar al precipitado viaje de Puigdemont en el maletero de un coche, y al procesamiento y condena de miembros de su Gobierno y otros altos cargos.
Que Junts apueste por repetir la historia (no toda, porque Puigdemont ya está fuera y puede prescindir del incómodo maletero) es tan increíble como grotesco, y es evidente que el apoyo a esa iniciativa no busca poner en marcha proceso alguno, sino que es una suerte de exhibición de dominio de la situación ante el PSOE, al que envía un mensaje claro: tan seguros estamos de que dependéis de Junts que hacemos una exhibición de poderío, que os tendréis que tragar, como todo.
Le ha faltado tiempo a las fuentes cercanas al Gobierno para restar importancia a los actos de Junts, a los que, según dicen, no hay que darles mayor importancia. Y es verdad, si recordamos que la auténtica importancia la tienen las continuas cesiones al chantaje de Junts. Pero es cosa sabida que el chantaje, por su propia «dinámica comisiva» nunca tiene final, aunque parece que el Sr. Sánchez lo ignore, o, peor, que le sea indiferente.
El problema es que, si todo se «redujera» al espectáculo de ver al Gobierno del Estado arrastrándose y aguantando actitudes macarras de los independentistas, podríamos consolarnos diciendo que será el PSOE el que antes o después pagará con votos su falta de dignidad. Pero pensando así se olvida que, a la vez, y en paralelo, los insultos independentistas no se dirigen al PSOE, sino que alcanzan a todos los españoles, y, entre ellos, a los muchos que además son catalanes no independentistas, y esa es la ofensa que, indirectamente, pero con plena consciencia, nos causa el Gobierno del Sr. Sánchez.
