Tal y como contamos en ElLiberal.cat, la Justicia estableció en 2021 el «trato injustificado y discriminatorio» que mantuvo con los policías nacionales y los guardias civiles durante la vacunación de la Covid en comparación con el que tuvo con los Mossos d’Esquadra. Aquella sentencia del TSJC recriminaba a Salut su «falta total de iniciativa» para vacunar a los agentes y de «haber retrasado» el proceso a propósito. Esta mañana, la exconsellera de Salud, Alba Vergés, ha declarado como investigada en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona en la causa abierta a raíz de una querella de los sindicatos policiales Jupol y del Jucil, que defiende lo señalado arriba por el TSJC.
Sin embargo, según la declaración de Vergés, dichas acusaciones «no tienen base ni fundamento», dado que en todo momento se siguieron «criterios técnicos», priorizando la vacunación de los más vulnerables. Cabe recordar que estas afirmaciones chocan con los whatsapps aportados por dos de sus subordinados: la a la sazón subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas y el exsecretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon. En los mensajes se dice que «La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional» u «otra vez la consejera me pide para Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, deberíamos pararlo».