Antonio Franco, en El Periódico, se siente decepcionado con Roger Torrent: «Quienes oímos su denuncia entendimos sin la menor ambigüedad que acusaba frontalmente al Gobierno de Pedro Sánchez de lo sucedido pese a no tener la menor prueba. Tenía derecho a expresar la sospecha pero no a efectuar una acusación como la que hizo.»
Pero esto no es nada nuevo. La consideración del Estado español como un ente intrínsecamente represor, desde el que se conspira sin parar contra Cataluña, forma parte de la visión del mundo que tienen los independentistas. No necesitan pruebas, ni siquiera demasiados indicios, pero si se los sirven en bandeja, los exprimirán hasta la saciedad.
Llevando la contraria al convencimiento con que los políticos y opinadores independentistas acusan al gobierno de Madrid de estar detrás de las escuchas a varios políticos catalanes, Antonio Franco cree que hay que tener presente la existencia de otros sospechosos, empezando por la Rusia de Putin y acabando aquí mismo: «Si hay programa espía Pegasus descontrolado, ni Torrent ni nadie puede descartar que el delito no proceda, incluso, del pulso sin cuartel —o con cuartel en Waterloo y Barcelona— que vive la misma familia independentista catalana.»
Manuel Vázquez Montalbán, al principio del Estado de las autonomías, pronosticó la creación de servicios de espionaje en cada una de ellas. ¿Puede ser que Cataluña, siempre en la vanguardia, haya dado un paso más y ya florezca el espionaje en el interior mismo del campo independentista? ¿Se practican escuchas entre facciones políticas que en ciertos aspectos parecen aliadas? La hipótesis de Franco, que sin duda le costará algunos insultos en la red, es muy sugestiva, perfecta para entretener sobremesas de verano.
Las cloacas del Estado
Carles Mundó relaciona, en el Ara, el Catalangate, que nos ocupará este verano, con el tema del «Estado profundo» (deep state) que nos entretuvo durante la primavera.
«El paso de Jorge Fernández Díaz por el Ministerio del Interior es un agujero negro en cuanto al respeto de derechos y libertades. La existencia de una policía patriótica, reconocida por el actual gobierno socialista, es un legado que demuestra una concepción de las instituciones donde todo vale para atacar a los adversarios. La cantidad de fake news publicadas en determinados medios de comunicación para servir de pretexto para que algún juzgado o la Fiscalía pudieran judicializar ciertas cuestiones era una práctica de manual durante aquellos años. Y un melón que está por abrir, con consecuencias propias de la dimensión desconocida, es el arsenal de dossiers, conversaciones e informaciones obtenidas por medios espurios bajo el paraguas del comisario José Manuel Villarejo.»
Afirma también que, durante los preparativos del referéndum del 1 de octubre del 2017, arreció la «persecución del independentismo»: «Los que formábamos parte de aquel gobierno podríamos explicar docenas de situaciones sobre las que se proyecta la sombra de las cloacas del Estado. Desde seguimientos por la calle, intromisiones en nuestras comunicaciones, extraños robos en despachos y domicilios o inspecciones fiscales insólitas, el catálogo es completo.»
Sería interesante saber más detalles sobre esas actuaciones. Alguna que trascendió fue más bien motivo de chanza que de preocupación: el diputado Eduard Pujol sostuvo en enero de 2018 que le seguía «un señor de mediana edad en patinete» por las calles de Barcelona.
Mundó observa que «en muchos resortes del poder está instalada la idea de que el Estado debe protegerse de los independentistas y, ante ello, el fin justifica los medios». Es fácil coincidir en que no todo está justificado, pero cualquier estado entiende que los proyectos de secesión no deben ser tomados a la ligera.
Una represión aún no sangrienta
Las actividades de espionaje son como la brujería. Oficialmente no existen, pero de haberlas, haylas. Para Gonzalo Boye, en El Nacional, «no cabe duda de que prácticas criminales como las reveladas con el uso del programa Pegasus y otros métodos constituyen delitos previstos y penados en el Código Penal». És mismo transcribe lo que establece el artículo 197.1 sobre la vulneración de la intimidad.
En cuanto a la responsabilidad de lo sucedido, para él no hay presunción que valga: «La adquisición y utilización de un programa como el Pegasus, en cualquier país, no es decisión de un oficial operativo de inteligencia, sino de sus mandos y, por el elevado coste, la criminalidad de la acción y las consecuencias que de ello se desprendan, seguramente de un alto mando de los servicios de inteligencia.»
Después de recordar que se detectaron «en el coche del president Puigdemont unas balizas de seguimiento instaladas de manera ilegal en Bélgica», Boye enmarca el presente episodio de escuchas en una obra mucho más grande: «Balizas, programas espías, seguimientos ilegales, intentos de secuestro, entradas y registro arbitrarias, clonados de móviles, incautaciones de correos electrónicos, etc. son solo una parte de una represión silenciosa, aun no sangrienta, pero no menos perversa que otras. En realidad, no se está combatiendo delitos, ni mucho menos al adversario, sino tratando de destruir al enemigo y esa lógica, junto con ser errónea, también resulta tremendamente perversa y criminal.»
Una represión «aún no sangrienta» y tan perversa como otras. ¿Cómo no hay mucha más gente en el exilio?
