Una gran olvidada de la actual polémica sobre el hasta ahora desconocido, y ahora super popular, concepto de lawfare —hay que reconocer a los separatistas su capacidad de imponer su lenguaje, mitad por la mansedumbre de los contrarios, mitad por su alta penetración en los medios mediante suculentas aportaciones dinerarias por uno u otro concepto— es la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república aprobada por el Parlamento catalán en septiembre de 2017 para dar apariencia legal a su intento de separación unilateral.
Dicha ley es la prueba más fehaciente del carácter totalitario de los secesionistas catalanes que se rasgan las vestiduras por la politización de la justicia española pero que, cuando regulan sus pretendidas normas constitucionales, no dudan en someter sin miramientos el poder judicial al ejecutivo sin guardar tan siquiera las mínimas apariencias. Sin independencia todo es lawfare, sometimiento de la justicia a la política.
En efecto según la citada norma el presidente del Tribunal Supremo es nombrado directamente por el presidente de la Generalitat. Además la Sala de Gobierno de dicho tribunal esta integrado por los presidentes de las Audiencias —cuatro — y cinco miembros nombrados por el Parlamento. Por si eso fuera poco, la llamada Comisión Mixta —que haría las veces de Consejo General del Poder Judicial— estaría integrada por el presidente del Tribunal Supremo —nombrado por el presidente de la Generalitat, el consejero de justicia de la Generalitat que haría las veces de vicepresidente, cuatro miembros de la sala de gobierno, nombrados por ella misma, y cinco miembros designados por el gobierno.
La ley de transitoriedad prueba el carácter totalitario de los secesionistas catalanes, que se rasgan las vestiduras por la politización de la justicia española pero que, cuando regulan sus pretendidas normas constitucionales, no dudan en someter sin miramientos el poder judicial al ejecutivo sin guardar tan siquiera las mínimas apariencias
Como pueden ustedes ver un esquema propio de una dictadura. La Justicia siempre estará politizada, como toda la sociedad, en mayor o menor grado, pero en el caso de la ley aprobada por los secesionistas, se trata de una mera extensión del Ejecutivo.
Por eso, creo necesario recordar dicha norma para poner en evidencia el profundo carácter antidemocrático de unos separatistas, ahora blánqueados por Sánchez, que presumen de demócratas y se hacen las víctimas inocentes de un Estado opresor, pero no pueden ocultar sus genes totalitarios.
La misma doble moral se da en sus aspavientos denunciando al CNI o las intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente.
No soy nacionalista, ni español, ni catalán. Podría ser secesionista en determinadas circunstancias si estuviera convencido de que la independencia de Cataluña mejoraría la calidad de vida de sus ciudadanos, tanto en materia económica, como en la gestión gubernamental y las libertades individuales. Nada de eso se da. La independencia abocaría a Cataluña a menos riqueza, a máxima represión; en definitiva, a convertirse en un Estado totalitario, bajo la coartada, común a todas las dictaduras, del enemigo exterior e interior.
Por eso me produce auténtico asco la política de contentamiento de Sánchez que no servirá para pacificar nada, sólo para dar blanquear y dar alas a un nacionalismo totalitario cuya única real pretensión es perpetuarse en el poder de la Generalitat gozándo de total impunidad.
