Apuntaba en el título de mi artículo de la semana pasada que la legislatura no está blindada y existe un consenso social bastante amplio entre ciudadanos con ideas políticas muy distintas sobre la urgencia de hacer frente a las graves amenazas que se ciernen sobre nuestra democracia en todos los frentes: político, jurídico y social. Los pactos firmados por el PSOE de Sánchez con sus avalistas para atar su patética investidura y formar un nuevo gobierno ‘progresista’ constituyen una amenaza directa al Estado de derecho, a la separación de poderes y a la igualdad de todos los españoles consagrada en la Constitución Española, la primera consensuada por los principales partidos políticos y la única refrendada por los ciudadanos en los que reside la soberanía nacional un lejano 6 de diciembre de 1978.
La presentación por parte del grupo socialista en el Congreso de la Proposición de la Ley Orgánica de amnistía para tramitarla por vía urgente nos permite constatar la falta de escrúpulos legales y principios éticos del grupo socialista actual, al aceptar un relato falso de lo acontecido en Cataluña entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, y prestarse a retorcer nuestro ordenamiento jurídico para justificar lo injustificable y lograr a cambio el apoyo de Junts y ERC a la investidura de Sánchez. Tras repetirnos sus lideres una y otra vez que traerían al prófugo a España para juzgarlo y que la amnistía no podía plantearse siquiera porque “sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Judicial”, quieren ahora convencernos de que el prófugo, como sus compinches y tropas de asalto, fueron injustamente perseguidos, acusados de delitos que nunca cometieron, encarcelados u obligados a tomar el camino del exilio, y nos presentan la amnistía como el bálsamo constitucional urdido por el alquimista Sánchez para reparar los desmanes perpetrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado.
Los letrados de la Cámara habían dado su visto bueno para proceder a la tramitación del engendro, como si eso fuera garantía de constitucionalidad
La portavoz del nuevo gobierno de Sánchez para alegrarnos el día afirmaba que “la ley de amnistía es plenamente constitucional, plenamente constitucional… pero lo dijimos en su momento y así lo hemos cumplido. Estamos ante una ley perfectamente constitucional”. Y para demostrarlo, Alegría rellenaba los puntos suspensivos de la anterior cita apuntando que los letrados de la Cámara habían dado su visto bueno para proceder a la tramitación del engendro, como si eso fuera garantía de constitucionalidad, especialmente habida cuenta que la Mesa de la Cámara, controlada por el grupo socialista y Sumar, ya se había ocupado de sustituir al Letrado mayor de la Cámara por el subsecretario del Ministerio de Política Territorial del gobierno para evitar cualquier tropiezo. De ratificar la constitucionalidad de la ley, ya se ocuparán Conde Pumpido y sus chicos en su momento.
Con argumentos tan frívolos, Alegría puede sentirse segura de que no peligra su recién estrenado puesto y tiene ante sí un futuro brillante en la corte ramplona de Sánchez. Quizá algunos ciudadanos malpensados se pregunten por qué tantos líderes del PSOE sostenían hasta hace pocos días exactamente lo contrario de lo que defienden ahora con tanto celo, a saber, que la amnistía era completamente inconstitucional, como repite una y otra vez el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra. Calvo, también exvicepresidenta socialista, sería la candidata ideal para formularle la pregunta por aquello de que la ocasión la pintan calva. Hace algunos años, cuando ejercía todavía de vicepresidenta de Sánchez, la escuchamos en el Senado afirmar con vehemencia que la amnistía no era ‘planteable’ y recriminar a los golpistas catalanes por intentar “romper la Constitución” cometiendo delitos que no ofrecían duda porque “eso -dijo- es lo que hemo vivido”.
Pues esto es lo que vale la palabra de la ex vicepresidenta, casi lo mismo que la del presidente Sánchez: nada
Algunos ciudadanos crédulos pensaron al escuchar a Calvo responder con tanta firmeza y claridad en la sede de la soberanía nacional que esta señora, doctora en Derecho Constitucional y baluarte de elevados principios socialistas, hablaba en serio. Pues si así lo creyeron sepan que fueron ustedes unos ingenuos. Y es que hace unos días, la ahora diputada rasa del PSOE de Sánchez respondía así a un periodista en la puerta del Congreso: “Y sobre lo que usted me pregunta, lo que todo el mundo sabe, que tenemos la obligación de dar a estabilidad a este país, de formar gobierno, de empezar a trabajar… y eso pasa por lo que todo el mundo sabe…”. Y tras poner voz a semejante dislate se escabulló sin para evitarse responder más preguntas incómodas. ¿Todo el mundo? Pues esto es lo que vale la palabra de la exvicepresidenta, casi lo mismo que la del presidente Sánchez: nada.
¿Alguien puede tomarse en serio que la única vía para asegurar la gobernabilidad de España pasa por plegarse a las exigencias del prófugo de Waterloo que cuenta con siete escaños y está pendiente de que el TJUE confirme la retirada de su inmunidad como europarlamentario? ¿Quién puede aceptar que los emisarios de Sánchez se reúnan con el presidente del consejo de la república catalana en el exilio para redactar al alimón la ley que amnistiará sus delitos? Hay otras alternativas más democráticas, razonables y éticas de garantizar la gobernabilidad de España, Sra. Calvo, y han sido precisamente dos líderes socialistas tan poco sospechosos de ser fachas como el expresidente González y el exvicepresidente Guerra quienes las han planteado abiertamente: en lugar de alzar un muro, como prometió Sánchez hacer en su discurso de investidura, hay que tender veinte puentes para que las dos fuerzas políticas que recibieron los votos de más de dos tercios de los ciudadanos el 23-J hablen y no se sometan al chantaje de minorías extremistas, como los golpistas catalanes, esos a quienes Calvo acusaba, antes de caerse del caballo camino del Congreso, de haber cometido delitos contra el Estado de derecho. Esos delitos no se amnistían, se indultan a lo sumo cuando hay arrepentimiento y propósito de la enmienda.
Los auténticos demócratas valoramos enormemente las décadas de libertad, democracia y prosperidad vividas desde 1978
Además de un gran número de líderes históricos del PSOE, a la amnistía se oponen las más altas instancias judiciales, todas las asociaciones de jueces y fiscales, las organizaciones empresariales, infinidad de periodistas y escritores con una larga trayectoria democrática, y, en fin, millones de ciudadanos de a pie que nos resistimos a engullir la píldora tóxica de la amnistía, el brebaje mortal de las consultas de autodeterminación que están preparando los gobiernos de Cataluña y El País Vasco, y las miserables concesiones políticas y económicas con las que el grupo socialista mercadea en el Congreso para comprar los votos de Junts, ERC, EH Bildu y PNV. Y no nos las tragamos porque estamos convencidos de que el gobierno de Sánchez y el grupo socialista en el Congreso lo hacen no para reparar un daño injusto como ocurrió con la ley de amnistía de 1977, ni para reforzar el Estado de Derecho y reforzar la democracia, ni para alcanzar una mayor igualdad entre los ciudadanos, sino para todo lo contrario: para alimentar las ambiciones políticas y llenar la bolsa de delincuentes, para socavar la independencia del poder judicial y degradar la democracia, y para acrecentar las desigualdades entre españoles.
Los auténticos demócratas, algunos con edad suficiente para haber resistido la dictadura de Franco y hasta recelado del rumbo político en algunos momentos de la Transición, valoramos enormemente las décadas de libertad, democracia y prosperidad vividas desde 1978. Distinguimos con claridad la enorme brecha que separa el Estado de Derecho y la farsa ‘progresista’ orquestada por Sánchez y sus avalistas, y apreciamos la distancia intelectual y moral que media entre dos artículos recientes, “Disculpa a la traición; premio a la culpa” de (Juan Luis) Cebrián y “’Procés’ a la inversa” de (Xavier) Vidal-Folch. Quienes hemos soportado el recorte de nuestros derechos fundamentales en Cataluña (incluso bastante antes de iniciarse el proceso secesionista), y asistimos perplejos a la inacción del gobierno del Estado para impedirlo, nos sentimos especialmente indignados por las vergonzosas concesiones con que Sánchez premia al prófugo y demás golpistas, convencidos como estamos de que los fachas son ellos, no nosotros.