Tal y como era de esperar, la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol, ha admitido la petición de Junts de debatir la creación de dos comisiones de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y la operación de supuesto espionaje a los separatistas conocida como caso Pegasus. En ambos casos, Junts pretende poner en tela de juicio desde el Congreso la labor llevada a cabo por jueces y fiscales y la existencia del presunto lawfare o judicialización de la política.
La admisión de la creación de estas dos comisiones forma parte de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Junts para conseguir el respaldo de los siete diputados separatistas a la investidura de Pedro Sánchez, que tuvo lugar la semana pasada. Esta pretensión de demostrar el uso torticero de la Justicia en contra del separatismo catalán ha provocado la respuesta prácticamente unánime y en contra de todos los miembros del poder judicial español, que han denunciado que supone un grave golpe al Estado de Derecho.
«Debieron vigilarles a ellos»
La decisión de la Mesa del Congreso ha levantado ya reacciones como la de la diputada autonómica de Ciudadanos Anna Grau, que en su cuenta de X ha asegurado que la «verdad» que Junts dice querer saber sobre ambos asuntos es que «la Generalitat debió vigilar más la amenaza yihadista en Cataluña y que la Policía y la Guardia Civil debieron vigilarles a ellos desde mucho antes».
