Lawfare es un término que designa la instrumentalización de la justicia con fines políticos. En estos momentos está en boca de todo el mundo porque el acuerdo de PSOE y Junts lo incluye, previendo comisiones de investigación parlamentaria para determinar si en el procés la Justicia persiguió a los secesionistas por motivos ideológicos. Tras conocerse esta intención, todas las asociaciones de jueces —incluyendo la progresista Jueces y Juezas para la democracia— las de fiscales, y el Consejo General del Poder Judicial han mostrado un contundente rechazo al proyecto, por cuanto lanza una sombra de sospecha sobre los jueces y pervierte el sistema constitucional al someter a la judicatura a la investigación del poder de turno.
Ante el escándalo suscitado, el negociador de Sumar en las conversaciones para la investidura, Jaume Asens, en declaraciones a la Ser Cataluña, ha querido matizar que el concepto de lawfare no figura en realidad en la ley de amnistía, sino solo en el comunicado de PSOE y Junts. Asimismo, ha aclarado que se trata de un «concepto político, no jurídico».
Sin embargo, la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha puntualizado en Catalunya Ràdio que la ley de amnistía sí incluirá el concepto lawfare. «El giro copernicano lo ha hecho el PSOE, obligado por Junts», ha completado.