La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se ha pronunciado este jueves sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts en lo referente a cuestiones como de delegar en un «mecanismo internacional» la «verificación» de que se cumplen los compromisos. Algo que la APIF ha recordado que solo se emplea en «escenarios de estados bajo sospecha, no en la UE». La APIF ha recordado que la amnistía «supone una excepción al principio de responsabilidad penal por actos delictivos, básica en un estado de derecho democrático».
La asociación de fiscales, además, ha criticado que, según el acuerdo, Junts tendrá la potestad de proponer la celebración del referéndum de autodeterminación: «Se va a discutir cómo sortear el artículo 2 de la Constitución española». En cuanto al lawfare, la APIF ha calificado la decisión de un «insólito ataque a la independencia del poder judicial». «Esto lo firma el partido socialista», ha añadido, «esa medida que se acuerda supone lanzar una intolerable sombra de sospecha sobre la actuación -que la APIF respalda- de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad del Estado y una lamentable hipocresía por parte de aquellos que llevan politizando la cúpula de la Justicia española en su beneficio desde hace casi cuatro décadas».
El comunicado concluye de forma contundente pues la APIF señala al Fiscal General del Estado, que «permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía, no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve en el cargo».
La Asociación de Fiscales ha mostrado este jueves su rechazo al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts porque pone a la Justicia española en el punto de mira. En un comunicado, esta entidad ha señalado que la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont contempla «la posibilidad de establecer comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales que pueden generar acciones de responsabilidad». Un punto que para los fiscales supone «un ataque sin precedentes a la independencia judicial» y que «se traduce en un absoluto desprecio a nuestro Estado de Derecho«.
La Asociación de Fiscales, además, considera «inadmisible» que el acuerdo contemple la «guerra judicial», también conocida como lawfare, porque se trata de «un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente».
