Es obligado advertir, al abordar un tema como el del título, que no tengo el menor interés en que las conversaciones entre el PSOE y los independentistas en torno a la amnistía y su alcance acaben bien. Muy al contrario, y al igual que muchos otros españoles – respetando, por supuesto, a los que disientan – creo que sería un bien para España el que esas negociaciones fracasaran y hubiera que repetir las elecciones, aunque, visto lo visto, y que Sánchez no se para en barras, lo veo difícil.
Dicho esto, y como puro análisis de datos, es interesante reparar en la acusación de lawfare que, según algunos importantes independentistas, libra el “Estado Español”- ellos no dicen Reino de España ni España a secas por miedo a un tumor en la lengua como castigo a ese pecado identitario – contra el que luchan por alcanzar la independencia. El tema ha saltado a la palestra con motivo de las negociaciones sobre el contenido y alcance que debe tener el acuerdo de amnistía entre el PSOE y las fuerzas independentistas (Junts y ERC).
Muchas son las cosas que se podrían decir de ese malhadado negocio, que, tal vez, cuando estas notas vean la luz ya se habrá consumado en uno u otro sentido, y se habrá tomado una determinación sobre la cuestión. El problema se concreta en un punto muy claro: la supuesta exigencia de que en el “círculo de los amnistiados” se incluya a importantes víctimas de una singular lawfare. Como es sabido, estamos ante una singular amnistía pro-persona, en la que la condición subjetiva para merecerla es estar sometido a un procedimiento penal o haber sido condenado por acciones directamente vinculadas a los hechos que culminaron con la declaración unilateral de independencia o con las acciones realizadas en protesta contra la respuestas del Estado a los hechos que rodearon a aquellos sucesos, entre los que los independentistas exigen incluir hasta actos de terrorismo, y también hechos cometidos después de los sucesos de octubre de 2017.
Pero, según sus propias condiciones para ser beneficiario de la amnistía, quedarían fuera políticos que cometieron delitos que nada tienen que ver con aquellos sucesos, políticos cuyo único nexo de conexión es la condición de militante independentista. Rechazando ese obstáculo los interesados se declaran víctimas de lawfare, lo que debiera ser suficiente para merecer la amnistía cualquiera que fuere el delito cometido (de corrupción o de cualquier otra especie).
Con ese neologismo inglés, formado por law (ley) y warfare (guerra) se quiso designar inicialmente un método de guerra en el que se emplean las leyes como medio para alcanzar objetivos militares. Se utilizó a fines del pasado siglo en Estados Unidos para referirse a acciones que se emprendían en nombre de normas de derecho internacional contra actividades de su ejército a fin de obstaculizarlas. Se llegó a decir que esa era una de las razones por las que EEUU no ha reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. De ahí se extraía una nueva característica de la lawfare: que siempre la emprende la parte más débil contra la parte más fuerte, a la que ataca con el derecho. Esa descripción originaria ha ido mutando y en la actualidad se emplea la para designar la utilización de acciones legales contra un oponente, sea un país o un grupo determinado por cualquier causa, lo cual, según algunos, es una instrumentalización de la justicia.
Ya en este punto, cuando se habla de “instrumentalizar” se desliza la tesis (no reconocida) de que lo que determina esa manera de usar el derecho es la falta de norma en la que apoyar la denuncia o la demanda, y esa es la primera trampa que debe denunciarse, pues, y especialmente en el mundo independentista, cuando se lanza esa crítica sobre la judicialización de la política se está sugiriendo, tácitamente, que los Tribunales, en realidad, en esos casos carecen de una fundamentación jurídica que explique su intervención. En suma: que se trata de actuaciones judiciales injustificadas y que solo se explican porque el Poder político controla a la judicatura. Y esa es, a su vez, la imagen que se transmite a los seguidores, fieles a la idea marcada por Puigdemont, quien sostiene que la lawfare es el “uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial». He destacado que el objetivo no es la justicia, por lo que después diré.
Las ideas dominantes sobre lo que es y significa el Estado de Derecho son desconocidas por el movimiento independentista
Es sabido que las ideas dominantes sobre lo que es y significa el Estado de Derecho son desconocidas por el movimiento independentista, y si las conocen quedan reducidas a la condición de “reglas internas de otro Estado”, esa es su actitud y bueno es saberlo, pero no respetarla. Y digo esto porque en el discurso que subyace a la amnistía late la idea de que los jueces han obrado mal, esto es, que han condenado o tienen encausadas a personas que no han hecho otra cosa que ejercer sus derechos fundamentales a la libertad ideológica, a la reunión y manifestación, pues las normas que les invocan en su contra son normas injustas que cercenan esos derechos. Las sentencias o autos dictados en aplicación de esas leyes, que no son leyes del pasado sino leyes vigentes dictadas en un Estado de Derecho, son, pese a ello, injustas y encierran un vicio que deslegitima la actuación de los Tribunales.
Eso, que es de por si el más grave vicio de la amnistía que se prepara palidece ante la enormidad que supone admitir el lawfare, que, no se olvide, no es una acusación falsa, sino jurídicamente fundamentada pero que el Estado decidió emprender (pudiendo no hacerlo, se supone) solo por la personalidad del autor, circunstancia que, por supuesto, conocía el Tribunal que le juzgó y que, por lo tanto, prevaricó, por mucho que la condena fuese objetivamente adecuada a derecho penal. Ese razonamiento es, simplemente, un dislate, tanto si se valora aisladamente, dando por supuesto que el Estado “elige” a una persona que ha cometido un delito por sus ideas para dirigir contra él una acción penal, como si se quiere utilizar esa misma condición personal para incorporarse al círculo de los beneficiados por la gracia. Acceder a eso supone un nuevo pisoteo a la jurisdicción penal y, sobre todo, un agravio comparativo para todos los autores de esos o similares delitos que no tienen la suerte de ser independentistas catalanes.
Por otra parte, no es poca la exhibición de prepotencia que supone declararse “seleccionado o seleccionada por el Estado como enemigo”, al punto de que el Estado está dispuesto a apartar a esa persona de la lucha política, temeroso del poder que tendría forzando las leyes si es preciso.
Y si la cuerda se estira hasta que sea posible acoger al abogado de Puigdemont, por el solo hecho de haber ocupado tan alta responsabilidad, el escándalo sería mayúsculo, al igual que si alcanza a otros personajes o familias. Pero estas son cosas que pasan cuando una parte de la negociación está convencida de que la otra se lo puede tragar todo, mas el drama es que, aunque finalmente no lo admita, la ofensa al derecho y a la acción judicial se ha producido con el solo hecho de aceptar la posibilidad de apreciar el lawfare.
