La segunda teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de Vida del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Eugènia Gay, y el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos, han firmado este lunes la renovación del protocolo para afrontar la emergencia en el ámbito de la pobreza energética. El objetivo del protocolo es fijar el procedimiento para garantizar el suministro de agua a quien no la pueda pagar por falta de recursos económicos.
La renovación de este convenio da continuidad al protocolo firmado en 2018 entre Aigües de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona para combatir la emergencia en el ámbito de la pobreza energética y a la colaboración iniciada en 2012 con la firma del convenio para la aplicación del Fons de Solidaritat en el municipio.
Maria Eugènia Gay ha destacado que «con esta colaboración, marcamos un paso importante en nuestra misión común de luchar contra la pobreza energética y hacer de Barcelona una ciudad más justa y sostenible». La teniente de alcaldía también ha afirmado que «estamos comprometidos a no dejar a ninguno atrás, asegurando que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan gozar de las ventajas de la energía segura y sostenible».
Compromiso con la mejora de la calidad de vida
Por su parte, Felipe Campños ha mostrado su satisfacción por la renovación del acuerdo, «que se enmarca en el compromiso firme con la mejora de la calidad de vida de las personas del territorio en el que operamos, en especial, las que más lo necesitan». En este sentido, ha reforzado el papel clave de la colaboración público-privada «para encarar los retos actuales e impulsar iniciativas y proyectos de impacto social que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible».
El documento establece que, ante un impago de facturas, Aigües de Barcelona ha de solicitar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento un informe de valoración de la situación de exclusión residencial, para garantizar el agua a todo el que lo necesita. Aigües de Barcelona no puede proceder a la suspensión del suministro si el informe de Servicios Sociales indica que se trata de una persona o unidad familiar vulnerable (los supuestos que establece la Ley 24/2015). Finalmente, la empresa se compromete a formalizar un contrato de suministro de agua a las familias sin derecho de uso sobre la vivienda si el Ayuntamiento lo solicita y garantizar así que las familias en situación de vulnerabilidad social o económica puedan acceder al servicio básico de agua.