Además de mostrarse partidario de la amnistía a los encausados del procés y de un gran pacto entre los grandes partidos nacionales, el Cercle d’Economia, entidad presidida por Jaume Guardiola, también ha hecho esta semana otras propuestas con el fin de encauzar la situación tanto en Cataluña como en España. En este sentido, destaca la relativa a una nueva reordenación de las competencias que se reparten entre el Estado y las comunidades autónomas. El Cercle considera en este sentido que es necesario que haya «más claridad» y que se fijen definitivamente «cuáles son las competencias exclusivas del Estado y cuáles tienen carácter concurrente». «Las otras», añade en su última nota Una salida para Cataluña, una propuesta para España, «corresponderían a las comunidades autónomas y se desarrollarían en los estatutos de autonomía respectivos».
En el caso de Cataluña, considera el Cercle, «quedarían como competencias exclusivas cuestiones como la lengua, la enseñanza, la cultura, el derecho civil propio, la ordenación territorial o la organización interna de la administración autonómica«. Un marco competencial que, añade, dejaría protegido «el bloque identitario, eje del sentimiento nacional catalán».
Cooperación entre comunidades
El Cercle apuesta, además, por la mejora de la cooperación entre comunidades «por medio de mecanismos como la Conferencia de Presidentes«. Además, cree que sería conveniente una reconfiguración del Senado como cámara territorial, siguiendo el modelo alemán. Paralelamente, el Cercle considera que sería necesario un nuevo Estatuto de Autonomía «con la finalidad de conseguir una norma básica consensuada que garantice un marco de convivencia para las próximas décadas». Una remodelación que debería desarrollarse paralelamente a «la reforma general del modelo territorial» con el fin de evitar «un nuevo choque entre la reforma estatutaria y la constitucional, como la sentencia de 2010».
El Cercle d’Economia apuesta por un Estado federal con un «consenso amplio» y similar al que se logró en torno a la Constitución de 1978. «Ha de ser», apunta la entidad empresarial, «fruto del acuerdo entre los partidos mayoritarios de ámbito estatal y autonómico». «La cuestión territorial», concluye, «tiene que dejar de ser un arma usada con fines electorales de corto plazo y se ha de abordar con la serenidad y madurez que su importancia requiere» (puede consultar en este enlace la nota íntegra del Cercle d’Economia).
