El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha endurecido este lunes su pulso con el Estado. Tras conocer que la Justicia había tumbado su orden de confinar Lleida y el Baix Segrià y que la Fiscalía le advertía de que carece de competencias para ello, el presidente ha optado por una decisión más radical: modificar a través de un decreto ley la Ley de Salud Pública catalana que le permitirá «adoptar medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de COVID-19».
La modificación del texto legal permite a Torra, como «autoridad sanitaria«, adoptar «medidas de limitación de la actividad, el desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales». «La adopción de esta medida», ha informado el Govern en un comunicado, «tiene por objeto garantizar el control de contagios y proteger la salud de las personas, adecuándose al principio de proporcionalidad».
De este modo, Torra, además de retar al Estado, podría estar incumpliendo tanto el Estatuto de Autonomía como la propia Constitución. El presidente está intentando ejercer un control sobre derechos fundamentales que la Constitución no le permite. Algo que tampoco puede hacer el Gobierno central sin el respaldo del Congreso, como se ha visto desde el mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Es la cámara baja la que realmente tiene la potestad de dar luz verde a los confinamientos amparados en el decreto ley de estado de alarma, en tanto en cuanto afectan al ejercicio de derechos fundamentales de los españoles.
Sin proporcionalidad y fuera de la ley
Así lo entiende también la Síndica de Greuges de Lleida, Dora Padial, que ha publicado un durísimo comunicado contra el presidente de la Generalitat. Padial acusa a Torra de «no respetar la división de poderes«, además de «actuar sin proporcionalidad, sin transparencia y vulnerando los derechos y libertades de los ciudadanos». «Eso es lo que pasa cuando no se respeta el Estado de derecho«, ha añadido.
Padial ha calificado de «ilegal» el confinamiento decretado el domingo y rechazado también por la Justicia. «Han intentado resolver un estado de alarma sin contar con la voluntad popular, que solo reside en el Legislativo (el Congreso) y sin la ratificación del auto judicial».
Por todo ello, la defensora de los ciudadanos en Lleida ha pedido el «apoyo» del Fórum de Síndics, de los otros síndics y de los defensores locales de los ciudadanos para que se hagan eco del «maltrato que está padeciendo la ciudadanía». El comunicado concluye de forma contundente: «Quiero dejar claro que las drásticas medidas que pretende implementar el Govern resultan totalmente inaplicables porque están fuera de la ley«.
«Proteger a la gente»
Concluye así un lunes que comenzaba con el rechazo judicial a la orden de Torra de confinar totalmente Lleida y el Baix Segrià y el anuncio por parte del presidente de lograrlo a través de un decreto ley. «Lo que nos marca el camino son las indicaciones de los expertos«, ha dicho este lunes tras conocer la decisión de la jueza de guardia de Lleida, «aunque haya resistencias de algunos sectores a aplicar medidas de protección a la ciudadanía». Y ha añadido: «Todas las decisiones que tomamos van encaminadas a proteger la salud de la gente. Y lo seguiremos haciendo, más allá de lo que nos diga cualquier otra instancia que no tenga como prioridad absoluta la salud y la vida de las personas».
La clave está en el respaldo del Congreso
Pocas horas después la Fiscalía de Lleida le advertía de que, como ya había indicado la jueza, la Generalitat carece de competencias para decretar un confinamiento que afecta a varios derechos fundamentales, entre ellos el de la movilidad. Y es que no se trata solo de que sea el Gobierno el que tenga la potestad de decretar un estado de alarma que ampara el confinamiento. La clave está en que esa decisión debe ser refrendada por el Congreso. De ahí que, entre marzo y junio, la cámara baja haya ido aprobando, con mayor o menor apoyo, las prórrogas del estado de alarma que decidía el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Algo que Quim Torra se niega a aceptar. «¿Pero esto qué es?», se ha preguntado en su cuenta de Twitter tras darse a conocer la advertencia de la Fiscalía.
La rebelión de los alcaldes
La situación se ha complicado aún más tras saberse en la tarde de este lunes que seis de los siete alcaldes de los municipios afectados por la orden de confinamiento promovida por JxCat y ERC no están dispuestos a cumplirla. En una rueda de prensa conjunta celebrada en el municipio de Alcarràs han anunciado que no aplicarán las medidas ordenadas por la Generalitat hasta no conocer a fondo el decreto ley anunciado por Torra.
Los alcaldes de Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Serós y Torres de Segre han sido muy claros en sus reivindicaciones a las «administraciones de rango superior«. Reclaman, entre otras cuestiones: datos actualizados en lo referente a infecciones individuales o eventuales brotes en cada municipio; patrullas de Mossos en cada pueblo; refuerzo de las plantillas de los centros de Atención Primaria; un plan de reactivación específico para el Baix Segrià y, «sobre todo, unión«.
Los primeros ediles han exigido a las autoridades «dejar la política a un lado y gestionar todos juntos de manera eficaz la emergencia sanitaria». Han mostrado «una mano extendida a las administraciones» porque están en juego la salud de los ciudadanos y el «futuro» de estos municipios. «Ahora», ha dicho el alcalde la Granja d’Escarp, Manel Solé, «no es el momento de hacer reproches, es momento de claridad, de mano extendida y de seguridad jurídica«.
