Desokupa pincha en su intento de movilizar a la sociedad civil contra la alcaldesa y candidata Ada Colau

Una representante del colectivo LGTBI acusa al Ayuntamiento de hinchar las cifras de agresiones homófobas

En el centro y de espaldas, megáfono en mano, Daniel Esteve, propietario de Desokupa.

La controvertida empresa Desokupa ha pinchado este jueves en Barcelona en su convocatoria contra la alcaldesa, Ada Colau. Cierto es que Daniel Esteve ha logrado convocar a cientos de personas en Plaça Universitat para mostrar su rechazo a las políticas del Ayuntamiento de la capital catalana. Pero no lo es menos que el mismo Esteve había augurado días atrás que serían miles los barceloneses dispuestos a echarse a la calle para mostrar su rechazo a la líder de Barcelona en Comú.

La manifestación, que ha discurrido hasta Plaça Espanya, ha sido totalmente pacífica. Salvo los habituales insultos contra Colau y el lanzamiento de objetos por parte de algunos vecinos contra los manifestantes, no ha habido que lamentar incidentes violentos. Y ello a pesar de que tanto Mossos como Guardia Urbana habían establecido dispositivos especiales ante el alto de riesgo de que la protesta acabara en enfrentamientos con los okupas que, por su parte, también se estaban manifestando en el centro de la ciudad.

500 camisetas

Daniel Esteve se ha dado un nuevo baño de masas en Barcelona. Muchos de los manifestantes se han acercado hasta él con el fin de hacerse selfies, a los que el polémico empresario se ha prestado gustosamente. Esteve, además, ha repartido 500 camisetas de su empresa entre los asistentes, tal y como ya había anunciado días antes de la manifestación. Una convocatoria en la que ha tenido como apoyo al polémico activista Alvise Pérez.

La protesta ha concluido en Plaça Espanya, donde Esteve ha dado paso a representantes de diferentes colectivos para que explicaran su rechazo a Colau. Todos ellos han dejado claro que la manifestación no ha sido política. Y es que, además, ningún representante de los partidos que concurren a las elecciones del próximo domingo ha participado, al menos de forma activa, en la cita.

Moteros «cabreados»

El primero en intervenir en el turno de discursos ha sido Jorge del Amo, que lo ha hecho en representación de los moteros de Barcelona. Del Amo ha asegurado que en este colectivo están «cabreados y preocupados» porque «el Ayuntamiento pone las motos como si fueran un problema cuando son la solución a la movilidad». Y ha acusado a Colau de colocar «impedimentos y obstáculos tremendamente peligrosos para los moteros» en Barcelona. Este motero ha negado que Daniel Esteve sea «un nazi» y ha recordado que el empresario lucha contra los okupas a pesar de que su trabajo es el desalojo de los mismos.

El ocio nocturno y el colectivo LGTBI ha estado representado por Ana, quien ha asegurado que estas empresas se han visto afectadas primero por la pandemia y ahora por las imposiciones del Consistorio dirigido por Colau. Ana ha explicado que no es cierto que se estén incrementando las agresiones homófobas en la ciudad y ha exigido al republicano Gabriel Rufián que pida «disculpas» porque ni ella ni los manifestantes son «nazis».

Víctima de los CDR

Andreu, cerrajero de profesión, ha denunciado los problemas que afronta este sector por culpa de la cada vez más difícil circulación en Barcelona, mientras que el artista argentino Walter, que trabaja en la Rambla, ha acusado al Ayuntamiento de «privatizar el espacio público» y de llevar a cabo «persecuciones ideológicas contra la cultura«. Las intervenciones han concluido con una representante de la Unión de Brigadas, que ha explicado cómo el Consistorio persigue a este grupo constitucionalista que se dedica a retirar los símbolos separatistas de los espacios públicos catalanes.

Daniel Esteve ha sido el encargado de cerrar el turno de discursos. El barcelonés ha asegurado que dejó la ciudad hace dos años cuando «los CDR» le pusieron «una bomba» en su propia casa. Esteve ha alabado el trabajo que hacen tanto la Guardia Urbana como los Mossos, ha subrayado la gravedad del problema de la okupación en toda España y ha afirmado que el Gobierno de Colau da órdenes a las fuerzas de seguridad para que no detengan a los delincuentes.

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