La Comisión Europea trabaja desde hace tiempo en una propuesta de ley que obligue a las empresas tecnológicas a escanear las conversaciones que mantienen sus usuarios en sistemas como WhatsApp o Telegram para perseguir delitos como el de la pederastia. España es el país de la unión que más contundente se ha mostrado sobre este objetivo, defendiendo, al menos en parte, la desactivación de los mensajes cifrados de extremo a extremo que actualmente garantizan la privacidad de los usuarios de estos sistemas.
Según recogen medios como El Confidencial, citando a la revista Wired, el Gobierno considera «deseable prevenir legislativamente que proveedores en Europa puedan implementar cifrado extremo a extremo«. El Consejo Europeo ha consultado a un total de 20 países sobre esta cuestión y 15 de ellos están a favor de escanear de algún modo las conversaciones que se mantiene bajo este sistema de protección. Sin embargo, es España el único país que, al parecer, se ha mostrado partidario de desactivar el cifrado de extremo a extremo porque considera que es «imperativo» acceder a los datos e, incluso, poder descifrar los mensajes encriptados.
Seguridad y confidencialidad
El nuevo reglamento de la Comisión Europea reconoce que el cifrado de extremo a extremo garantiza «la seguridad y la confidencialidad de las comunicaciones de los usuarios». Pero para los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles lo ideal sería su prohibición. Algo que no comparte totalmente el Gobierno, que, según El Confidencial, defiende la búsqueda de otros sistemas para combatir la pederastia.
En estos momentos, la propuesta que está sobre la mesa europea se basa en establecer tres bloques de usuarios. El bloque A serían los usuarios mayores de 18 años, cuyos metadatos serían almacenados de forma anónima. En el bloque B estarían los usuarios de entre 16 y 18 años mientras que el C correspondería a los que estuvieran por debajo de esa edad. El nuevo sistema permitiría detectar las interacciones entre mayores y menores en estos chats, facilitando la obtención de permisos judiciales cuando las conversaciones se produjeran entre usuarios de los grupos A y C.