Agentes de la Unidad de Investigación de los Mossos pertenecientes a la comisaría del Prat de Llobregat, junto con miembros de la Policía Local de este municipio, han desmantelado 12 plantaciones en un edificio, con tres escaleras, que se había convertido en una «factoría de marihuana«, según ha informado el cuerpo autonómico. La factoría estaba gestionada «por dos clanes familiares especializados en el tráfico de drogas». Un día después del operativo se recuperaron cerca de 3.500 plantas más de marihuana en diferentes contenedores del barrio «propiedad de otros cultivadores». El total de las sustancias intervenidas, entre los pisos y en los contenedores, tiene un valor de más de 2 millones de euros en el mercado ilícito.
El operativo policial, que contó con más de 200 efectivos policiales, se llevó a cabo el pasado 26 de abril y acabó con un balance de cinco hombres y una mujer detenidos y otra mujer investigada, de edades comprendidas entre los 20 y los 79 años, como «presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y un delito de defraudación de fluido eléctrico». Entre todos ellos, suman un total de 57 antecedentes por diversos delitos. El juez instructor los ha puesto en libertad con cargos.
La investigación se inició en noviembre de 2022, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de que «dos grupos criminales habían vuelto a instalar plantaciones de marihuana en cuatro pisos en los que anteriormente se había actuado policialmente, ubicados en la calle Riu Anoia del Prat de Llobregat». Los investigadores determinaron que «los líderes de los clanes familiares habían convertido el espacio en una inmensa fábrica de plantaciones de marihuana».
2.700 plantas y 1.605 euros
En total, se han intervenido 12 plantaciones con 2.700 plantas en diferentes estados de crecimiento. También se intervinieron otras 3.500 plantas al día siguiente y se decomisaron 1.605 euros, un subfusil de airsoft, una pistola detonadora y casi 300 cartuchos de caza.
El Ayuntamiento del Prat de Llobregat ha decretado la inhabilitación de los pisos con el objetivo de impedir que se puedan dedicar de nuevo a la producción indoor de marihuana. Durante los registros, intervinieron técnicos del departamento municipal de Urbanismo, que valoraron «la inhabitabilidad de las viviendas registradas en base al riesgo de incendio evidente por las conexiones fraudulentas que alimentaban las plantaciones de cánnabis». El tapiado de los pisos ya se ha iniciado «con el fin de impedir la reactivación de las plantaciones».
La compañía de suministro eléctrico ha calculado que la defraudación de fluido eléctrico es de 212.000 euros solo en 2022 y que, entre las 12 plantaciones, se había consumido la energía equivalente a 174 viviendas de uso familiar.
