Escuela de Todos denuncia la complicidad del Estado en la persecución del español

Escuela de Todos ha celebrado este fin de semana en Alicante sus primeras jornadas de trabajo nacional bajo el título La instrumentalización de las lenguas en el sistema educativo: exclusión del español. Una cita en la que han participado numerosas entidades en defensa del español y que ha permitido consensuar un documento con 11 conclusiones sobre este problema, creado por los nacionalistas en las comunidades bilingües.

En este documento, se recuerda que España tiene un sistema educativo que «debería garantizar la enseñanza en castellano/español y en las otras lenguas cooficiales». Sin embargo, «una exacerbada política identitaria por parte de algunas administraciones autonómicas ha conducido al retroceso y a la exclusión del español como lengua vehicular de la enseñanza». En segundo lugar, se indica que «el auge del nacionalismo» ha llevado a identificar «su concepto de nación con los hechos diferenciales basados en lo que denominan la lengua propia». De este modo, los nacionalistas han empleado la lengua para «imponer políticas lingüísticas fundamentadas en la superioridad del concepto de lengua propia sobre el de lengua común nacional, con la consiguiente marginación de los derechos lingüísticos de los alumnos».

Políticas discriminatorias y excluyentes

«La enseñanza en castellano», señala la tercera conclusión, «ha sido relegada en la normativa y en la práctica en los territorios con cooficialidad lingüística que, por el contrario, aseguran la enseñanza en la otra lengua cooficial». Para esto, añade la cuarta conclusión, «ha sido de gran utilidad la cesión competencial de las políticas de enseñanza a las comunidades autónomas y la suscripción, por parte del Reino de España, de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias«. Factores que «han servido de muleta para implantar en el ámbito educativo políticas discriminatorias y excluyentes del español como lengua vehicular».

Como quinta conclusión se recoge el hecho de que la persecución del español y su marginación en el sistema educativo tiene consecuencias como la «obstaculización de la movilidad, dificultando los cambios de residencia, especialmente de las familias con menores en edad escolar». Además, «entorpece la continuidad en los estudios de los alumnos hispanohablantes que se incorporan a modelos educativos de inmersión lingüística o de bilingüismo desequilibrado». Algo que «se acrecienta especialmente en las aulas de acogida por la segregación de los alumnos hispanohablantes«. Por si esto no fuera suficiente, la «práctica exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza» está provocando problemas en cuestiones como los programas educativos de colaboración e intercambio entre alumnos de comunidades autónomas y «con el resto de Europa».

Más grave es que, según han concluido los expertos que han participado en las jornadas, «la hiperpotenciación de la lengua cooficial autonómica» haya tenido como consecuencia «el rendimiento inferior o abierto fracaso escolar del alumnado que tiene el español como lengua materna en comparación con los otros alumnos de lenguas distintas al castellano, que son escolarizados en sus lenguas maternas». «La diferenciación en el rendimiento», se añade en la séptima conclusión, «es especialmente preocupante en las competencias de lectura y ciencias, a igualdad de características personales, socioculturales y económicas». A eso se suma la situación de los alumnos con necesidades educativas especiales, para quienes las familias reivindican sin éxito «enseñanza en lengua materna y una planificación individualizada al introducir una segunda lengua». Alumnos sobre los que, además, «no hay en España investigaciones sobre los efectos de la inmersión lingüística obligatoria o las prácticas de bilingüismo».

Requisitos lingüísticos «desproporcionados»

Por otro lado, los expertos que han participado en estas jornadas han indicado que la creación de «submodelos educativos» en las comunidades bilingües ha facilitado a las administraciones «exigir desproporcionados requisitos lingüísticos para el acceso a la función pública». Requisitos que «discriminan a la mayoría de los españoles», que impiden «la libertad de movimientos dentro del país» y que «rompen la unidad del mercado laboral».

Ante esta situación, desde Escuela de Todos se exige a los representantes políticos y sociales «trabajar por la igualdad de los derechos lingüísticos«, aprobar reformas legislativas que «armonicen el modelo», reconocer efectivamente el español como lengua vehicular en la enseñanza en todo el país, promover intercambios educativos en los alumnos de todas las comunidades autónomas y la supresión de los requisitos lingüísticos en el acceso a la función pública. También se propone la necesidad de garantizar la lengua de signos española para los alumnos que lo necesiten, pruebas de evaluación comunes, una única prueba de acceso a la Universidad, potenciar la Alta Inspección de Educación y llevar a cabo un Pacto Nacional por la Educación que garantice «la estabilidad, la efectividad y la igualdad del sistema educativo en todo el territorio nacional».