La nueva Ley de Empleo, que ha entrado en vigor el pasado día 3, consagra como colectivo de «atención prioritaria» el formado por gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Así se indica en el artículo 50 del texto, que señala que serán sobre los transexuales los principales beneficiarios de esta medida. La ley señala que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas tendrán que «adoptar programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con especiales dificultades» para acceder al mismo. Y dentro de estos grupos se encuentra el del colectivo LGTBI. Sin embargo, no es el único al que la ley obligará a presentar especial atención.
Según la nueva ley, colectivos prioritarios en la política de empleo serán las personas jóvenes, especialmente con baja cualificación; los parados de larga duración; discapacitados; quienes tengan capacidad intelectual límite y aquellos que sufran trastornos del espectro autista. Tendrán la misma consideración las personas mayores de 45 años, migrantes, beneficiarios de protección internacional, víctimas de trata de seres humanos, mujeres con baja cualificación y las que hayan padecido violencia de género. Además, se considerarán colectivos a los que prestar especial atención personas en riesgo de exclusión social, «personas gitanas o pertenecientes a otros grupos poblacionales étnicos o religiosos» y trabajadores de sectores en reestructuración. La nueva ley también dará especial atención a dependientes, víctimas del terrorismo, tutelados por la Administración, descendientes de víctimas de violencia de género y personas adultas con menores de 16 años a su cargo.
Itinerarios individuales y personalizados
El Sistema Nacional de Empleo (SEPE) tendrá que «asegurar el diseño de itinerarios individuales y personalizados de empleo que combinen las diferentes medidas y políticas, debidamente ordenadas y ajustadas al perfil profesional de las personas que los integran y a sus necesidades específicas». «La condición de colectivo prioritario determinará el establecimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos, con perspectiva de género, que deberán establecerse simultáneamente a la identificación», se asegura en la ley. Y se añade que «con el fin de garantizar una atención integral a estos colectivos, se fortalecerá la coordinación con los servicios sociales, poniéndose en marcha los mecanismos e instrumentos jurídicos para ello».
Esta nueva ley ha generado fuertes críticas en redes sociales como Twitter. Sobre todo en lo relativo a la protección del colectivo LGTBI. Muchos han sido los que se han echado las manos a la cabeza al conocer la prioridad que tendrán estos ciudadanos frente al resto a la hora de ser beneficiarios de las políticas de empleo estatales y autonómicas. Y es que cuesta entender que ser gay se pueda equiparar a, por ejemplo, tener una capacidad intelectual límite o ser víctima de violencia de género.
