«Si alguien se interesa en contar nuestra historia puede escribir un Bestseller«. Así empieza la conversación con Alberto Gómez, responsable de la Central Sindical Independent i de Funcionaris de Presons en Catalunya (CSIF). «Gracias por darnos voz», repite varias veces.
Esta semana habéis alzado la voz en Twitter por un compañero expedientado
Los hechos se remontan a 2019 durante una actuación contra un interno que intentó agredir a un funcionario mordiéndole la mano. Mi compañero forcejeó con él para zafarse del mordisco. Era la única forma de que el interno cesara en la agresión.
Se visualizaron las imágenes, algo que se hace siempre por protocolo, y el director consideró que había agredido al interno. Esa es la sanción que ahora está cumpliendo.
El caso está en manos de la justicia y lo que nos sorprende es que la Administración haya decidido ejecutar la suspensión de empleo y sueldo sin estar resuelto en los tribunales.
«la Administración tiene deudas con PF (Para Flipar)» ¿Qué queréis decir con esto?
El director entonces era Paco Font, que dimitió en el cargo porque la situación en el centro era insostenible. Toda su fijación era fiscalizar la labor de los funcionarios de prisiones y todas sus decisiones iban encaminadas a adoptar medidas restrictivas para nosotros.
Se organizó una campaña de resistencia contra él, que se saldó con muchos compañeros de baja por motivos de salud mental, depresiones, ansiedades, etc
Y por fin se lo lograron quitar de encima. Su apodo es «el liquidador«, porque cada centro que pisa lo destroza.
¿Sois invisibles?
Por supuesto que sí. Invisibles en todos los sentidos. El «taranná» de la otrora Dirección General y hoy en día Secretaría de Mesures Penals… es dar justificación a su política reinsertadora ciñiéndose a unos datos estadísticos fríos que no reflejan la realidad del día a día en la vida de las prisiones catalanas.
Les encanta presumir de disminución de primeros grados, porcentaje de internos que disfrutan de permisos, progresiones a tercer grado, reducción de expedientes disciplinarios o salidas programadas.
Este es un mundo que, tradicionalmente, ha sido muy opaco. Antes los funcionarios de prisiones teníamos peores condiciones y, sin embargo, nuestras prestaciones eran más dignas. Es decir, convivíamos con presos más peligrosos o cárceles más masificadas, pero existía la convicción de que se nos valoraba. Hoy en día la cosa ha dado un giro radical, se ha centrado mucho en la reinserción, que es todo un acierto, pero se nos ha ido dejando en el olvido.
Desde CSIF queremos dejar claro que creemos que el Sistema Penitenciario Catalán porque es de los más garantistas de toda Europa. No estamos en contra de la rehabilitación y la reinserción, sino todo lo contrario. Creemos en ella, pero entendemos que eso sea incompatible con defender también la figura del funcionario.
¿Qué pide CSIF?
Exigimos que se reconozca nuestro trabajo, que haya más oposiciones, que se estudie el envejecimiento de las plantillas… y algo muy importante, que analicen y de una vez por todas pongan las agresiones a funcionarios y/o trabajadores del Sistema Penitenciari Català en el lugar que se merece, dentro de sus prioridades.
Nuestra seguridad no es un juego, no es secundaria, ni un capricho. Es un derecho y, por lo tanto, es su obligación, la de nuestra Secretaría, que debe reconocernos como agentes de la autoridad.
Háblame de las agresiones
CSIF publicó un estudio a finales de 2019 donde trató de forma muy detallada la problemática de las agresiones en las prisiones catalanas. El objetivo del documento es que se tomen medidas para atajar esta situación tan preocupante entre el colectivo. Sin embargo, tenemos una administración muy poco sensibilizada con nosotros.
Es importante destacar que esta una es vieja lucha del colectivo y CSIF no es la única voz que denuncia el maltrato sistemático a los trabajadores de las prisiones. En la red han quedado registradas muchas quejas acerca de la gestión de las autoridades catalanas. Una de ellas, la del coordinador de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip Cataluña), Francesc López, que el pasado mes de abril declaraba en una entrevista a el Triangle, que la preocupación del gobierno de la Generalitat está en otro lugar, afirmando que «a la consejera de justicia Esther Capella le preocupa más como aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y que Oriol Junqueras pueda pasar el confinamiento en su casa, que adoptar medidas para que los funcionarios puedan estar seguros».
Conclusiones del informe sobre agresiones elaborado por CSIF
Según se extrae de las dos tablas anteriores, en 2019 ha hubo un total de 475 agresiones a funcionarios en las prisiones catalanas. Casi el 75% de ellas, se concentran en cuatro centros: Brians 1 es el más afectado, con un 33% de las agresiones, seguido de Quatre Camins, P. Basses y Brians 2.
Reincidencia
Existe un perfil claramente agresivo de internos que no se adaptan a las normas, que no reconocen ningún tipo de actividad y, por tanto, aparecen en repetidas ocasiones como entre los agresores habituales. Algunos han agredido durante 2019 hasta en 7 ocasiones.
Drogas, alcohol, desarraigo familiar, diferencias culturales y sobretodo enfermedades mentales son, según el documento consultado por este diario, ítems que pueden ayudar a prevenir o vigilar el comportamiento del interno agresor. Sin embargo, para eso se debe formar e informar a los funcionarios.
Juzgados
Otra de las denuncias que el sindicato presenta en su informe es el incumplimiento parcial del punto 6.3.b del protocolo de agresiones que dice: «La dirección del centro ha de comunicar al juzgado de guardia en caso de agresión. Si los hechos fuesen constitutivos de delito, se pondrán en conocimiento del Juzgado de Guardia».
En este sentido, se hace saber en el documento que las agresiones graves (39 incidentes con 51 funcionarios agredidos) se han denunciado en su totalidad. No así las leves, que de un total de 190 incidentes y 250 funcionarios agredidos, solo se ha denunciado ante la Autoridad competente el 31%.
Denuncias elevadas al Juzgado
A través de este cuadro, CSIF pone al descubierto en qué centros penitenciarios se toman más en serio el protocolo de agresiones. Brians 1 es, según el sindicato, el que menos lo obedece ya que, siendo el centro con más registros preocupantes, es de los que menos denuncias realizan.
