Nuevas complicaciones judiciales para el separatismo. Pese a que la reforma del Código Penal pactada entre el Ejecutivo socialista y sus socios republicanos muchos pronosticaban que los problemas de los líderes secesionistas con la Justicia se habrían terminado, la situación no es exactamente así. Ahora, después de que la revisión de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo haya mantenido la pena de inhabilitación de Oriol Junqueras hasta 2031, trasciende que la Audiencia de Barcelona ha ordenado que se reabra la investigación por malversación por la consulta separatista del 9N, acontecida en 2014.
La investigación se abre a partir de un recurso de la Fiscalía contra el sobreseimiento decretado en 2021, y es inapelable. Así, el juzgado 18 de Barcelona reanudará la investigación, que implica al exsecretario general del Diplocat Albert Royo. A éste se le investigará por la presunta desviación de fondos públicos a la trama exterior del procés. «Me han impuesto fianzas de millones de euros y por duplicado por unos mismos hechos, me reclaman 250.000 euros en el juzgado 13 por el 1-O y cientos de miles de euros por el trabajo realizado en Diplocat entre 2013 y 2017. Ahora no nos pondremos nerviosos por 60.000 euros de más por el 9N», ha sido la respuesta de Royo en Twitter.
