La polémica decisión de que la ex alto cargo de Moncloa y asesora del Govern en la reforma del Estatut, la magistrada Laura Díez, sea la encargada de elaborar la ponencia sobre el recurso del PP y Cs contra la ley catalana contra el 25% de castellano escolar empieza a tener consecuencias. Cabe recordar que esta juez firmó dictámenes del Consejo de Garantías estatutarias, siendo vicepresidenta, a favor de no imponer el mencionado porcentaje de español en las aulas catalanas. Ahora, Escuela de Todos, plataforma que agrupa a 15 entidades constitucionalistas en defensa del bilingüismo, ha pedido la recusación de Díez de la causa del 25% por dicho papel.
Y es que, según argumenta Escuela de Todos, la magistrada incumple el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al haber «ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercicio de profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa relacionado con el mismo». No en vano, la entidad considera que Díez, como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias, hubo de «realizar el juicio de constitucionalidad del mismo asunto del que ahora le correspondería de nuevo pronunciarse como integrante del Tribunal Constitucional».
De otra parte, Escuela de Todos también ha remitido una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que éste informe al Tribunal Constitucional de la necesidad de decidir con carácter urgente la cuestión de inconstitucionalidad que pesa sobre la Ley que la Generalitat aprobó para paralizar la aplicación del 25% de castellano en Cataluña. Según explica Ana Losada en la misiva, se trata «de evitar que miles de ciudadanos tengan que recurrir individualmente a los tribunales en amparo de sus derechos para sus hijos».
En el texto, Losada reclama a Gabilondo que recomiende al Gobierno y a la Generalitat que tomen las medidas pertinentes «para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos en Cataluña». El objetivo no es otro que «asegurar la paridad cualitativa de las lenguas oficiales, por su condición de vehiculares con similar derecho, en las instituciones y, especialmente, en el sistema educativo».
