Pablo Llarena complica el retorno de Carles Puigdemont. Lo hace tras dictar un auto por el que, subsumiendo los hechos objeto de enjuiciamiento, concluye que el expresidente catalán podría haber cometido un presunto delito de desobediencia y otro de malversación.
En su interlocutoria, el magistrado instructor de la causa independentista afirma que el exmandatario de la Generalitat de Catalunya podría ser responsable de un delito de malversación del antiguo artículo 432 del Código Penal al no serle de aplicación la modificación del Código Penal por no serle más favorable.
Concluye que el «ánimo de lucro» sobre el que descansa el nuevo delito de malversación existió en la conducta del expresidente catalán al haber despojado a la Administración de fondos públicos para destinarlos a finalidades ilegítimas e ilegales expresamente prohibidas por el Tribunal Constitucional.
Así, entiende el togado que Puigdemont podría enfrentarse a penas de entre ocho y doce años de prisión por el delito de malversación al haberse apropiado de dinero público para sufragar una voluntad personal de contravenir el ordenamiento jurídico por valor superior a 250.000€.
Por el contrario, asegura que el nuevo delito de desórdenes públicos no puede serle aplicable dado que en el momento de la comisión de los hechos objeto de investigación este tipo delictivo no existía. Añade, además, que este nuevo tipo penal exige la existencia de un comportamiento violento, algo que quedó demostrado que no sucedió.
En consecuencia, emite una orden de busca y captura nacional por los delitos de desobediencia y malversación, si bien se abstiene de emitir nuevas euroórdenes a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevista para el 31 de enero que tendrá por objeto responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el magistrado instructor.
Las euroórdenes fueron nulas de pleno derecho
Además, el magistrado instructor debe ser cauteloso y abstenerse de emitir nuevas euroórdenes para no incurrir en causa de nulidad. Y es que según parece las últimas emitidas por Pablo Llarena podrían adolecer de vicios de nulidad al no haber contado con el preceptivo suplicatorio del Parlamento Europeo.
Es una práctica comúnmente aceptada aquella que establece que antes del procesamiento de un diputado electo deba solicitarse autorización a la Cámara. Esta práctica, denominada suplicatorio, debería haberse tenido en cuenta por el magistrado instructor dado que en el momento de la emisión de las euroórdenes los destinatarios de las mismas tenían la condición de eurodiputados.
Los cargos que pesan sobre su defendido son todavía muy gravosos y pueden alcanzar los doce años de prisión, algo por lo que el expresidente catalán no piensa pasar y rehusó públicamente en su mensaje institucional emitido ayer por la noche
Y es que debe recordarse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras en la que establecía que el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ostentaba la condición de eurodiputado aun cuando no hubiera jurado la Constitución como exige la normativa española.
El argumento del tribunal europeo descansaba sobre la idea de que la adquisición de tal condición se obtenía en el momento en que se era escogido en unos comicios por sufragio popular. En consecuencia, tanto Carles Puigdemont, Clara Ponsatí como Toni Comín obtuvieron las credenciales del Parlamento Europeo y su condición de eurodiputados.
Por lo tanto, no es óbice pensar que cuando se emitieron las euroórdenes el magistrado Pablo Llarena debiera en primer lugar remitir el suplicatorio a la Cámara para, posteriormente y en caso de concesión, tramitarlas con todas las garantías legales; máxime cuando la adquisición de la condición de eurodiputados venía respaldada por una sentencia del máximo intérprete judicial europeo.
Carles Puigdemont y su retorno a España
Carles Puigdemont, no obstante, tiene difícil regresar a España en los próximos meses. Y es que aunque su abogado, Gonzalo Boye, aseguraba ayer por la mañana que podría hacerlo en los próximos meses, tras conocerse la interlocutoria del instructor cambió de opinión.
Los cargos que pesan sobre su defendido son todavía muy gravosos y pueden alcanzar los doce años de prisión, algo por lo que el expresidente catalán no piensa pasar y rehusó públicamente en su mensaje institucional emitido ayer por la noche.
