Las concesiones del Gobierno al separatismo en materia judicial abren un nuevo escenario para sus líderes condenados por el golpe de 2017. Los abogados de los responsables de la asonada, según han difundido ellos mismos a diversos medios, están preparando peticiones de absolución al Tribunal Supremo sobre las penas que pesan sobre ellos al entrar en vigor este jueves la ley que deroga el delito de sedición y cambia el de malversación. Cabe destacar que el mismo Tribunal abrirá de oficio un expediente de revisión de la sentencia en el que informará a los abogados y fiscales sobre la situación en la que se encuentran ahora los condenados.
Las defensas de los condenados buscan de este modo lograr todo el beneficio posible para sus representados. Así, exigen que se anulen las condenas de sedición pero también las inhabilitaciones de cargo público que pesan sobre sus representados. Lo hacen porque entienden que los hechos por los que fueron condenados ya no tienen reflejo en el nuevo Código Penal, por lo que no puede sostenerse que hayan cometido delito alguno.
El caso de Puigdemont
Por otra parte, el caso del expresident fugado Carles Puigdemont es distinto, pues no ha sido juzgado. En su caso, será el instructor del caso, Pablo Llarena, quien estudie si conviene revisar el auto de procesamiento dictado en su día para adaptarlo al nuevo Código Penal.
