El nacionalismo lingüístico practicado por la Generalitat llega hasta el punto de enorgullecerse del incumplimiento de la legalidad si ello le permite alcanzar sus objetivos. Es lo que ha quedado patente en un vídeo difundido por el Departamento de Educació en redes sociales en el que el Govern se jacta de no haber aplicado en ningún centro escolar el 25% de español obligatorio dictaminado por la Justicia. Así, en la cinta, que resume en cifras los «avances en Educación» alcanzados en 2023, se presume de quebrar la legalidad constitucional: «Catalán: 0 nuevas aulas con el 25% de castellano desde que se aprobó el decreto ley».
El decreto ley que cita el vídeo se trata de una norma aprobada por el nacionalismo y el PSC para burlar la aplicación del 25% de español. Cabe recordar que dicha ley —pendiente de su validación por el Tribunal Constitucional— paralizó que el castellano siguiese extendiéndose como lengua vehicular en más colegios, si bien no impidió que se mantuviese en aquellos en los que las familias ya tuvieran reconocido ese derecho. Esta semana, la querella lingüística ha dado un nuevo vuelco, por cuanto un tribunal ha sorteado la norma de la Generalitat —que prohíbe los porcentajes— estableciendo que se imparta en un colegio una o más asignaturas principales en castellano, lo cual sienta un precedente que ha sido celebrado por los colectivos probilingüismo.
