El presidente Sánchez ha dejado ya sobradas pruebas de su disposición a llegar al final de esta legislatura realizando cuantas concesiones sean necesarias a los avalistas que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018, cualquier cosa para llegar a las elecciones generales con posibilidades de volver a reeditar el gobierno de coalición con el PCE de Díaz, travestido de Unidas Podemos, y contar de nuevo con el apoyo del abanico de fuerzas políticas a las que solo les une la defensa de intereses particulares, cuando la intención más o menos declarada de acabar con las instituciones nacidas con la Constitución de 1978, la única en nuestra agitada y borrascosa que logró aunar el respaldo de casi todas las fuerzas políticas, fue votada por la inmensa mayoría de los españoles y sentó las bases para que pudiéramos vivir por primera vez en paz, libertad y prosperidad.
En una posición central encontramos a los líderes del PNV, prestos siempre a pasar la bandeja al final de cada homilía en el Congreso, y los golpistas de ERC quienes, además de extraer inversiones millonarias para Cataluña, han logrado de Sánchez concesiones como los indultos para sus líderes y el blanqueo de los delitos de sedición y malversación con el propósito declarado de “volver a hacerlo”, ahora sin riesgo contando con el aval del PSC en Cataluña y hasta del mismísimo Gobierno de España. Ahí están también sacando pecho los hombrachos de EH Bildu, los inmorales herederos de la banda terrorista ETA con quienes el Gobierno no tiene empacho en negociar los PGE a cambio de concesiones en Navarra. Y hasta se suman a la Grand Bouffe fuerzas políticas como Coalición Canaria o Teruel Existe (o asiste, no sé) dispuestas a asentir cuando reciben las migajas que caen de la mesa.
La guinda de la fiesta la pondrá la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023 a la que el Gobierno destinará millones de euros
Cuenta Sánchez para reeditar su presidencia con el inmenso poder que le otorga el proyecto de PGE 2023, aprobado ya en el Congreso el 24 de noviembre, para contentar a colectivos con enorme peso electoral, como los pensionistas, los empleados públicos, los autónomos, los parados, los perceptores de las mil y una ayudas que como los virus crecen y se multiplican, con las formidables campañas de propaganda institucional que Presidencia y los Ministerios están orquestando desde hace meses para que ningún colectivo se olvide de los euros recibidos. La guinda de la fiesta la pondrá la presidencia rotatoria de la UE en el segundo semestre de 2023 a la que el Gobierno destinará decenas de millones de euros para revestir al César con aura de gran estadista.
Algunos dirán que la esencia de la política consiste en realizar concesiones para alcanzar acuerdos. Y aunque pueda aceptarse como proposición general, hay límites sobre lo que es admisible pactar e incluso con quien se puede pactar. Esos límites los impone el orden constitucional y el resto de las normas aprobadas democráticamente y el respeto a las sentencias de los Tribunales de Justicia. No me puedo imaginar, por ejemplo, al gobierno alemán pactando los presupuestos del Estado con los lideres de la banda Baader-Meinhoff o con los miembros del grupo recientemente detenido en Alemania por planear un golpe de Estado nunca intentado. Pues bien, los crímenes de los unos y los delitos de intención de los otros revisten una gravedad incomparablemente que los cientos de asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA y el fracasado golpe de Estado, planeado por los líderes de ERC y Junts per Catalunya desde enero de 2016 y ejecutado en septiembre y octubre de 2017.
En Alemania, EH Bildu y ERC habrían sido ilegalizados por no aceptar el marco constitucional
Sánchez al negociar con EH Bildu está blanqueando el terrorismo de ETA, cuando hay todavía cientos de asesinatos cometidos por esclarecer, y al negociar con ERC está bendiciendo el frustrado golpe de Estado en Cataluña, y asestando un golpe casi mortal a instituciones clave de nuestra democracia, a saber, al Tribunal Constitucional que avaló la destitución del gobierno de la Generalidad y la disolución del Parlamente de Cataluña tras declarar la independencia el 27-O, y al Tribunal Supremo que juzgó con todas las garantías del Estado de Derecho a los líderes golpistas y los sentenció por los delitos de sedición y malversación de fondos públicos. Ni unos ni otros han mostrado arrepentimiento por los asesinatos y delitos cometidos, respectivamente, e incluso me atrevo a afirmar que ni EH Bildu ni ERC pueden ser considerados partidos democráticos, si por democráticos entendemos organizaciones políticas respetuosas con las normas aprobadas democráticamente y las sentencias de los Tribunales de Justicia. En Alemania ambos habrían sido ilegalizados por no aceptar el marco constitucional.
Lo peor del caso es que algunas de las concesiones que está haciendo Sánchez a sus avalistas van incluso más allá de lo que sería imprescindible para garantizarse el apoyo de ERC y EH Bildu hasta el final de la legislatura. Porque si algo tienen claro sus líderes es que Sánchez es el mejor inquilino de La Moncloa al que pueden aspirar, por lo que el actual presidente se encuentra en una situación ventajosa frente a ellos a la hora de negociar: si no me queréis a mí, agarraros que vienen curvas. No obstante, Sánchez ha optado por hacer concesiones tan innecesarias y de tanta gravedad que, por primera vez, con rotundidad y a plena luz del día de modo han surgido voces críticas dentro de su partido, no ya de socialistas históricos de peso, como el expresidente Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra, varios exministros de González, el exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez, o exdiputados significativos como Edu Madina, sino incluso de algunos barones con mando en plaza como Emiliano Sánchez-Page, presidente de Castilla La Mancha, que se han atrevido a discrepar abiertamente, llamando a las cosas por su nombre..
Estamos en un momento histórico porque las apuestas descabelladas de Sánchez están poniendo en riesgo la pervivencia de nuestro sistema democrático
Y es que ningún socialdemócrata que defienda la igualdad de todos los españoles, conserve la facultad de sopesar las consecuencias de sus actos y posea cierto sentido de la responsabilidad institucional que supone representar al conjunto de los ciudadanos españoles, puede avenirse a blanquear a delincuentes confesos que no solo no se han arrepentido de sus actos ni comprometido a no volverlos a hacer, sino que, como apuntaba Sánchez-Paje, están marcado la hoja de ruta del Gobierno y planean realizar un referéndum con el visto bueno de Sánchez e Illa. Estamos en un momento histórico de veras, porque las apuestas descabelladas de Sánchez y su Gobierno están poniendo en riesgo la pervivencia nuestro sistema democrático que es algo bastante más sutil y de mayor calado que votar cada cuatro años. Cuando alguien prefiere negociar con Rufián y Otegui en lugar de con Feijoó resume perfectamente la gravedad dela situación.
En el Preámbulo de la Proposición de Ley (BOCG. 122/0000247 de 24 de noviembre) para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas aprobada también el 24 de noviembre en el Congreso, el Gobierno justifica la introducción de estos impuestos a la carta aduciendo que “los poderes públicos, como garantes de los valores constitucionales, deben articular una respuesta eficaz, eficiente y contundente para hacer frente a los efectos nocivos que la escalada de precios está generando en toda la ciudadanía”. Resulta sorprendente leer esa invocación a los valores constitucionales cuando este Gobierno viene socavándolos durante toda la legislatura sin descanso. Será que la vara de medir el constitucionalismo de Sánchez no coincide siquiera con la de los militantes de su partido que se han visto obligados a recordarle que no se pacta con los delincuentes la rebaja de su propia condena.
Junqueras y Aragonés están muy ocupados poniendo blanco sobre negro las condiciones para celebrar un referéndum de independencia pactado con Sánchez
Sánchez les contestó desde Bruselas que el proceso secesionista ha acabado, gracias, claro está, a su política de distensión y a los acuerdos alcanzados con ERC, una situación que me trajo a la memoria la vivida en mayo de 2020, cuando el presidente dio por controlada la pandemia al final de la primera oleada, se otorgó a sí mismo un notable por la gestión realizada, y nos animó a los ciudadanos a preparar las vacaciones de verano. ¡Qué se lo pregunten ahora a Junqueras y Aragonés si se ha acabado el proceso porque están muy ocupados poniendo blanco sobre negro las condiciones para celebrar un referéndum de independencia pactado con Sánchez!
Quien está desactivado si no entregado es el Gobierno del presidente más arrogante, cínico y calamitoso de nuestra joven democracia. Esperemos que los ciudadanos españoles lo tengan en cuenta cuando acudan a las urnas el próximo otoño, antes de que resulte demasiado tarde y millones de catalanes, que llevamos décadas viendo nuestros derechos constitucionales mermados por los Gobiernos de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña, quedemos abandonados definitivamente a nuestra suerte, a merced de unas instituciones sectarias que gobiernan para la mitad del ‘pueblo’ catalán, sin que nos quede siquiera la posibilidad de acudir a los Tribunales de Justicia como último recurso cuando se nos impide ejercer nuestros derechos fundamentales.