Con el respaldo de 187 diputados en el Congreso, pertenecientes a diez formaciones políticas (PSOE-PSC, 120, Unidas Podemos, 33, ERC, 13, PNV, 6, EH Bildu, 5, PDeCAT, 4, Coalición Canaria,, 2, Más País, 2, Compromís, 1, y Partido Regionalista de Cantabria, 1), el Gobierno acaba de sacar adelante el proyecto de PGE 2023 en el Congreso, así como la proposición de ley que establece dos nuevos tributos ‘temporales’ sobre empresas energéticas y entidades de crédito y establecimientos financieros en 2022 y 2023, y el impuesto ‘solidario’ a las grandes fortunas, introducido por los grupos parlamentarios PSOE-PSC y Unidas Podemos como enmienda a la citada proposición de ley el 11 de noviembre. Habrá tiempo de analizar estos nuevos gravámenes ‘temporales’ y ‘solidarios’ antes de que se conviertan en ley antes del 1 de enero de 2023, pero hoy resulta más urgente analizar sus desasosegantes implicaciones políticas.
Ninguna sorpresa. Con independencia de los más que dudosos méritos de las cuentas del Estado aprobadas ayer en el Congreso para contener la inflación y corregir el déficit crónico de las AA. PP., y más allá de las consecuencias negativas que los nuevos impuestos ad hoc pueden tener sobre los precios, el ahorro, la inversión y la asignación de recursos, el resultado de la votación en el Congreso estaba cantado. Todas las fuerzas políticas ajenas al Gobierno que han prestado su apoyo a Sánchez tienen en el presidente a su mejor valedor, obligado como está a pactar con ellos y hacer concesiones para afrontar un año decisivo en el que tratará de sacar el mayor rédito político a un presupuesto preñado de guiños electorales, a los fondos proporcionados por el plan Nueva Generación EU, y a la presidencia rotatoria de la UE que corresponde a España en el segundo semestre. Y todas estas fuerzas políticas han obtenido a cambio de su apoyo al Gobierno concesiones económicas o políticas, algunas tan vergonzosas como retirar a la Guardia Civil de la CA de Navarra, una decisión que permite a EH Bildu y Sortu culminar con un éxito apoteósico su reciente campaña para sacar a “las fuerzas de ocupación de Euskal Herría”.
Sánchez disponía de una mayoría suficiente de 174 diputados para aprobar las cuentas y podría haber prescindido del apoyo de los 13 diputados de ERC
Hay una circunstancia, sin embargo, que merece resaltarse. Sánchez disponía de una mayoría suficiente de 174 diputados para aprobar las cuentas y podría haber prescindido del apoyo de los 13 diputados de ERC. Nos habríamos ahorrado los españoles algunas de las concesiones que ha hecho el Gobierno al partido republicano e independentista confeso, principal impulsor del golpe de Estado perpetrado en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017. Porque si bien el golpe se venía fraguando desde que Puigdemont fue investido presidente de la Generalidad el 10 de enero de 2016 con el compromiso de “alcanzar la independencia en un plazo de 18 meses”, y nombró vicepresidente a Junqueras, secretario general de ERC, que fue quien más empeño puso en llevar el desafío al Estado hasta sus últimas consecuencias y quien conminó a Puigdemont a dar el paso de proclamar la independencia en el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre de 2017.
Fue, por todo ello, el líder republicano acusado y juzgado por el Tribunal Supremo y condenado por sedición y malversación a 13 años de cárcel. Graciosamente indultado por el presidente Sánchez, Junqueras no ha cesado de reiterar desde entonces que volverá a intentarlo y el solícito presidente del Gobierno del Reino de España le ha allanado el camino aceptando eliminar el delito de sedición, para que si fracasan también en la próxima intentona el precio a pagar sea más bajo. Resulta vergonzoso que quien afirmó pocos días antes de ser investido presidente el 1 de junio de 2018 que “lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre se puede entender como un delito de rebelión… lógicamente, lo es, creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión”, ahora se preste a sacar el delito de sedición del Código Penal a cambio del apoyo de ERC a los presupuestos con los que aspira a ganar las próximas elecciones generales.
Todo apunta a que va a ser el taimado presidente de España quien ejecute lo que perseguía el abiertamente bucanero Iglesias: acabar con el régimen de 78
La ministra Montero ha resaltado “la capacidad de diálogo del Gobierno y el elevado apoyo parlamentario a su política económica y social que representan unas cuentas públicas elaboradas para la mayoría social del país”. Algunos nos preguntamos a qué clase de diálogo y a qué clase de país se refiere la señora ministra. ¿Sacando a la Guardia Civil de Navarra para complacer a EH Bildu? ¿Sacando el delito de sedición del Código Penal para complacer a ERC? Cuando se llegan a acuerdos innecesarios con enemigos declarados del Estado español que trabajan sin descanso desde Cataluña y El País Vasco para socavar su legitimidad democrática, resulta obligado concluir que el presidente Sánchez está también de acuerdo en finiquitar con sigilo el logro más importante de la Transición, la reconciliación de los españoles, y su fruto más preciado: la Constitución de 1978.
Todo apunta a que va a ser el taimado presidente de España quien ejecute lo que perseguía abiertamente el bucanero Iglesias: acabar con el ‘régimen del 78’ que puso punto final a la confrontación civil que a tantos españolitos heló el corazón y dar por buena la creciente desigualdad en derechos y deberes políticos y fiscales de los ciudadanos españoles, si es que todavía se nos puede reconocer al conjunto de quienes habitamos estos territorios como ciudadanos libres, iguales y solidarios. A nadie puede sorprenderle que entre quienes apoyan a Sánchez se encuentren precisamente los golpistas sediciosos que lo auparon a La Moncloa y aspiran ahora a volver a hacerlo mejor y a ganar, con el visto bueno y la benevolencia del propio Gobierno de España.