40 entidades constitucionalistas han firmado de momento un manifiesto contra la derogación del delito de sedición pactada entre ERC y el Gobierno del socialista Pedro Sánchez. En el documento censuran la reforma por considerar que «afecta a delitos clave para la protección» del ordenamiento jurídico español. Añaden que se trata de «una especie de amnistía a quienes lideraron la insurgencia en Cataluña en el otoño de 2017 bajo el mantra de buscar una pretendida desjudicialización del conflicto político catalán». Algo que, añaden, «resulta especialmente evidente si, finalmente, se reforma también el delito malversación de fondos públicos«.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Consenso y Regeneración (CyR), Citizens pro Europe, Els Segadors del Maresme, Foro de Profesores, Foro para la Concordia Civil de Granada, Fundación Joan Bosca, Grupo de Estudios de Política Criminal, S’ha Acabat!, Regenerar España Ahora, Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística y la Fundación Hay Derecho.
Consenso y debate parlamentario
Los autores del manifiesto consideran que la «adecuación» del ordenamiento penal debe estar «presidida por un amplio consenso político, forjado a través de la correspondiente tramitación parlamentaria». «Resulta inaceptable que esta reforma se haya planteado como una proposición de ley», añaden, «eludiendo los informes pertinentes de los órganos consultivos y que se tramite por la vía de urgencia, reduciendo las posibilidades de debate, y sin un acuerdo transversal entre los principales partidos políticos».
Las entidades firmantes del manifiesto recuerdan, además, que las democracias europeas «disponen de tipos penales que tutelan su orden constitucional y la integridad del propio Estado». Y advierten de que la reforma pactada entre ERC y el Gobierno supondrá la «desprotección» de la Constitución «como marco democrático de convivencia». Los códigos penales, concluyen, «deben responder a las amenazas que en cada momento se ciñen sobre un país». Y por ello exigen que cualquier reforma del Código Penal español contemple «la inclusión de un delito que castigue las conductas más graves de deslealtad constitucional».
