El Cercle d’Economia ha pedido que se active «un proceso legislativo más reflexivo» sobre la reforma del delito de sedición acordada entre el Gobierno y ERC. Un acuerdo que el PP ha utilizado para romper las negociaciones con el PSOE sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Cercle d’Economia ha recriminado al PP su actitud porque, según ha indicado en un comunicado, «un partido que apela continuamente a los valores constitucionales no puede incumplir, con este bloqueo sistemático, los deberes que la propia Constitución le impone».
El Cercle ha recordado en su nota en apoyó en su día la concesión de los indultos a los líderes del procés y que ahora comparte la necesidad de reforma el delito de sedición. Una reforma que considera que «puede ser una medida que ayude a encauzar el conflicto territorial y a devolverlo al ámbito de la negociación política». Sin embargo, los integrantes de esta entidad consideran que esta reforma debe «abordarse en un proceso legislativo más reflexivo, en el marco del cual se tipifiquen adecuadamente los delitos y se ponderen las penas a aplicar». El Cercle entiende que la reforma genere «controversia política» y que pueda ser «difícil de comprender para una parte de la sociedad española». Pero también señala que «la modificación de las normas penales no debe mezclarse con el mandato constitucional de renovación del CGPJ».
Deterioro de la democracia
«La democracia se deteriora si los líderes políticos no velan por el respeto a las instituciones sobre las que se asienta», ha advertido el Cercle d’Economia, «y la justicia, recordémoslo, es uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. La confianza de los ciudadanos en su buen funcionamiento es necesario para el desarrollo económico y social del país». La entidad también considera que con la ruptura de las negociaciones entre el PP y el PSOE se está proyectando «un aura de descrédito» sobre la Justicia «por la falta de una voluntad política compartida». Por ello ha pedido a los partidos, sobre todo a populares y socialistas, «retomar de inmediato la negociación» porque «no hacerlo es una irresponsabilidad que debilita las instituciones y cercena la credibilidad del sistema democrático».
Acuerdo para las cuentas catalanas
El Cercle d’Economia, por otro lado, también se ha pronunciado sobre las negociaciones que mantiene el Govern de Pere Aragonés para sacar adelante las cuentas de la Generalitat para 2023. En este sentido, los empresarios han indicado que «la única manera de sacar adelante los presupuestos es mediante un acuerdo entre las principales fuerzas políticas». Este acuerdo, han indicado, «supone una oportunidad para salir de la dinámica de bloques en la que lleva instalada la política catalana desde hace años». «La tentación de seguir en las trincheras es difícil de vencer», asegura el Cercle y advierte: «Mantenerse en la trinchera sería un acto profundamente irresponsable por parte de los partidos que tienen vocación de gobierno».
Esta entidad considera que prorrogar los presupuestos ahora «no es una opción» porque la economía catalana aún no se ha recuperado «del golpe que supuso la pandemia». Y la situación se agrava por la crisis energética y la inflación. Factores que, ha recordado, «vuelven a poner en aprietos a los colectivos más vulnerables y a amplios sectores del tejido productivo del país». Los empresarios del Cercle alertan de que la prórroga presupuestaria «no permitiría desplegar todos los recursos públicos disponibles, precisamente cuando son más necesarios». Esta «irresponsabilidad» significaría no poder disponer de los 3.098 millones de euros en los que se ha cifrado el «aumento de la capacidad de gasto de la Generalitat para 2023, que ya ha sido validado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, si no se aprueban unos nuevos presupuestos, quedaría en el aire».
