Desokupa nace como la alternativa a la fragilidad de la justicia. La ocupación ilegal en España es un problema innegable. De igual modo que lo es la lentitud de la justicia y la falta de medios legales y materiales.
De ahí que nazcan estas empresas. Empresas dedicadas a la recuperación de viviendas ocupadas de forma ilegal. En ocasiones mediante el uso de la palabra. En otras, con técnicas disuasorias o intimidatorias que rozan el ilícito penal.
El ayuntamiento de Premià de Dalt lo tuvo claro. La preservación de la seguridad de sus vecinos frente a negocios mafiosos recomendaba la contratación de Desokupa como asesores de la Policía Local. Sí, leen bien: ¡como asesores de la Policía Local!
La polémica fue máxima. Tanto que el consistorio del municipio del Maresme comunicó tres días después la rescisión de mutuo acuerdo del contrato con Desokupa. Pero era demasiado tarde para frenar el boicot del pleno de este martes que tenía por objeto aprobar las nuevas ordenanzas fiscales.
Decenas de personas irrumpieron en el pleno municipal, convocadas por Xarxa de Vivenda del Baix Maresme para denunciar lo que han entendido como una «acción de propaganda política» del alcalde Josep Triadó, que no ha recibido ni tan siquiera el apoyo de la presidenta de su partido, Laura Borràs.
La Policía Local bajo el mando de la empresa Desokupa
Los nuevos asesores de la Policía Local de Premià de Dalt iban a ser los miembros de la empresa Desokupa. Es decir, los funcionarios policiales que habían adquirido una plaza previa superación de unas pruebas teóricas y psicotécnicas iban a ser asesorados por personas de la calle sin ningún tipo de formación ni evaluación de sus capacidades.
Hasta aquí la lógica es máxima. La Policía Local debía preservar el orden en el municipio y para ello debía escuchar el consejo de una empresa que, hasta donde sabemos, puede ser partícipe de actos de intrusismo profesional en la función jurisdiccional.
Y es que no cabe olvidar que en nuestro Estado de derecho quien debe ordenar el desalojo de un inmueble es un juez investido de las debidas prerrogativas. Es decir, nadie –ni tan siquiera un magistrado fuera de su profesión– está habilitado ni capacitado para decidir quién debe permanecer o no en un inmueble. Bueno, sí. Desokupa. Esa empresa que debía asesorar a la Policía Local de Premià de Dalt.
La lentitud de la justicia es innegable. Pero ello no es óbice para contratar a empresas desprovistas de ningún tipo de control para efectuar las funciones que pertenecen a la policía
Es un auténtico sinsentido. Desconozco si fruto de una propaganda electoral fallida del alcalde Triadó o de una voluntad real de preservar la seguridad de la gente. Lo que es evidente es que el asesoramiento previo del consistorio ha fallado. No quiero pensar que alguien haya dado luz verde a tal salvajada. ¡No en un Estado de derecho!
La lentitud de la justicia: ¿Desokupa es la alternativa?
La lentitud de la justicia, como decíamos, es innegable. Pero ello no es óbice para contratar a empresas desprovistas de ningún tipo de control para efectuar las funciones que pertenecen a la policía.
Más bien todo lo contrario. La lentitud de la justicia y la falta de medios materiales para la recuperación posesoria de las propiedades ocupadas ilegalmente de forma ágil y sencilla deberían ocupar los estrados del Congreso de los Diputados en estas sesiones en que se debaten los futuros Presupuestos Generales del Estado.
El funcionamiento óptimo de cualquier Administración lleva intrínseca la dotación de fondos materiales, humanos y presupuestarios suficientes para cubrir la demanda de la población. No obstante, es evidente la infradotación que sufre la Administración de Justicia.
Queridos lectores, el poder judicial no da votos en unas elecciones. Pero las leyes de memoria histórica, trans y del «sólo sí es sí» pueden marcar un punto de inflexión en unos futuros comicios. De ahí el empeño del gobierno de coalición de contentar a todos sus socios de investidura.
Y, mientras tanto, que Desokupa haga de las suyas. Pero, por favor, que ningún funcionario vuelva a permitir que le insulten, aunque sea desde la alcaldía, asegurando que su labor debe ser asesorada por una empresa que, cuanto menos, comete actos que pueden revestir carácter delictual.
