La política catalana está plagada de situaciones anómalas producto del procés. Así, el fugado ex conseller de Cultura Lluís Puig puede permitirse el lujo de participar telemáticamente como diputado de Junts en las comisiones parlamentarias de este área sin que a nadie le parezca, cuando menos, extraño. Algunos constitucionalistas lo denuncian y esto es lo que ha hecho este miércoles la diputada de Ciudadanos Anna Grau durante la celebración de la comisión, sin recibir ninguna respuesta por parte de la presidenta de la misma, la cupaire Dolors Sabater.
Sin embargo, Sabater sí que ha reaccionado a las palabras de Grau cuando la diputada naranja se ha referido a la Plataforma per la Llengua, conocida por espiar a menores en los patios de los colegios y por perseguir a trabajadores que no hablan catalán, como «una entidad mafiosa«. Grau ha acusado a la plataforma, una de las asociaciones más subvencionadas por la Administración catalana, de intimidar a la gente y de hacer un uso «poco claro» de los millonarios recursos de los que dispone. Ante estas afirmaciones, Sabater le ha exigido una rectificación, que Grau se ha negado a pronunciar. La respuesta de la cupaire ha sido, tras consultar a otros diputados separatistas, anunciar que llevará a la representante de Ciudadanos ante la Mesa del Parlament para que sea esta la que decida «si se ha incumplido el Código de Conducta«.
La guinda al pastel la ha puesto el diputado de Vox Manuel Acosta, que no ha dudado en echar mano del Diccionari de la Llengua Catalana del Institut d’Estudis Catalans para indicar que, en su segunda acepción, la palabra mafia significa «grupo de personas excesivamente influyentes en su ambiente».
