Los neoconvergentes no están dispuestos a que el nombre de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, quede empañado por la corrupción. Recordemos que la líder nacionalista está procesada por la Justicia por haber fraccionado presuntamente contratos en favor de un amigo cuando se encontraba al frente del Instituto de las Letras Catalanas. Así, y pese a las evidencias que pesan en su contra, JxCAT está tratando a toda costa de que Borràs no sea desalojada de su sillón de presidenta de la Cámara catalana.
Por una parte, el grupo parlamentario de Junts ha pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere la suspensión de la líder del formación nacionalista como presidenta de la Cámara, dado que «su aplicación vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la participación política y el principio de seguridad jurídica».
La paradoja de recurrir al TC
Por otro lado, el comunicado advierte de que «siguiendo las recomendaciones del equipo jurídico de la presidenta, este procedimiento servirá para agotar todos los recorridos administrativos antes de abrir la vía judicial en Europa». Paradójicamente, esta singladura podría empezar en el Tribunal Constitucional, una institución que en las últimas décadas ha sido fuertemente criticada por el nacionalismo.
