Josep López de Lerma, en el Diari de Girona el sábado 30 de julio, se dirige a sus antiguos compañeros de partido —El banc del si no fos—: «Me pregunto por qué los militantes de base de JxCat, y sus concejales y sus alcaldes, incluso los presidentes de los Consejos Comarcales y de las Diputaciones, no han evitado que Laura Borràs sea su presidenta y [Jordi Turull] su secretario general. ¿No ven que los llevan a un desastre electoral? Cuando un equipo directivo no tiene grandeza personal, nada de positivo se puede esperar. Los llevan a la ruina.» Lo saben pero sigue vigente en todos los partidos la norma formulada por Alfonso Guerra en los años 80: el que se mueve no sale en la foto.
La Mesa del Parlamento de Cataluña decidió la suspensión de Laura Borràs como diputada, con lo que consiguientemente no puede presidir la cámara, con el voto a favor de los representantes de ERC (2), PSC (2) y CUP (1), y el único voto en contra de su partido, JxCat. La decisión se ha tomado en virtud del artículo 25 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, que establece: «Los diputados del Parlamento pueden ser suspendidos de sus derechos y deberes parlamentarios (…) si es firme el auto de procesamiento o de apertura de juicio oral» Y, «en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlamento (…) debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata». Es decir, que no ha sido ningún juez del ominoso poder judicial español quien ha destituido a Laura Borràs sino el reglamento que sus señorías se han dado.
Recuerda Nació Digital —Què diu i què implica— que «este artículo se modificó a instancias de la CUP durante la legislatura del referéndum. Fue, de hecho, uno de los movimientos de Junts pel Sí para satisfacer a los anticapitalistas mientras se ponía rumbo al referéndum, poco antes de los “plenos de desconexión”», en setiembre de 2017. Debieron pensar que no tenía importancia, pues una vez proclamada la independencia quedaría derogado el ordenamiento jurídico vigente y se entraría en una nueva dimensión.
Si me quieren muerta, tendrán que matarme
ElDiario.es —Laura Borràs y los “trapis”— resume los hechos que han culminado en su destitución: «Acaban así semanas en las que Borràs se ha atrincherado en el cargo señalando como “inquisidor” a cualquiera que abogara por contradecir sus tesis. Sin aportar más pruebas que su propia palabra, Borràs ha mantenido que la acusación de fraccionar contratos para beneficiar a su amigo Isaías H. cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre 2013 y 2018 es un caso de persecución política. Se ha negado a explicar los correos electrónicos y los audios que la incriminan, y se ha molestado cuando prensa y oposición le han preguntado por ellos. Borràs ha convertido sus últimos días en el cargo en una petición de adhesión incondicional que ha levantado críticas en su propio partido. Varios dirigentes de Junts han pedido que se apartara para no comprometer a la institución. “Si me quieren muerta, tendrán que matarme y mancharse las manos”, ha sido la respuesta de Borràs antes de su caída, el último capítulo de una obra que empezó en 2017 y de la que todavía le queda un epílogo en forma de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).»
Sólo un detalle, significativo del proceder de la que ha llegado a presidir la cámara legislativa autonómica: «Borràs puso en aprietos al entonces conseller de Interior, Miquel Buch, al asegurar en una entrevista en RAC1 que el responsable de la policía catalana le había dicho que no la investigaban. Tal fue el enfado de la jueza instructora por las declaraciones de Borràs que retiró el caso a la policía catalana y se lo encargó a la Guardia Civil. Borràs ha alegado que ese cambio se produjo porque los Mossos no hallaron ningún delito, pero la realidad es que se debió a su traspié radiofónico.» Y otro, por si hace falta recordarlo: «No fue la Guardia Civil ni ninguna cloaca. Fue la Intervención de la Generalitat la que alertó de que Borràs daba demasiados contratos a dedo en la ILC.»
Viendo lo que le venía encima, la presidenta del Parlamento pretendió anular el artículo del reglamento sobre corrupción. Informaba el diario Ara, el pasado 10 de julio: «Ha dejado claro que no sólo no quiere que se le aplique, sino que cree que el artículo se tendría que anular. En una entrevista en el programa Faqs de TV3 [el de la bronca de Dalmases], Borràs argumentó que este artículo representa un problema democrático porque vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Es decir, según ella, imputa al parlamentario la condición de corrupto antes del juicio.» Así es, el artículo 25.4 habla de «corrupción», que no es un delito tipificado sino un concepto etéreo que permite a los políticos lanzarse acusaciones sin presentar pruebas.
Y como en el Parlamento catalán hace varias legislaturas que pretenden presentarse como unos paladines contra la corrupción, decidieron apostar por el cese preventivo, que ahora ha fulminado la presidencia de Borràs. Tiene razón en cuestionar dicho artículo, pero ha elegido el peor momento para hablar del tema, es decir cuando la perjudica a ella. ¿Acaso habló de modificar el reglamento del Parlamento cuando se presentó a las elecciones? Dura lex sed lex, se les dice a los ciudadanos cuando se quejan. Pues los legisladores no deberían quejarse de las leyes que han aprobado cuando llega el caso que les perjudica.
Víctima de la guerra sucia
En una personalidad pública, tan importante es ser inocente como parecerlo. En el caso de Laura Borràs, la actitud arrogante y desafiante demostrada en su comparecencia ante los medios después de la votación del jueves la perjudica más de lo que lo haría, en caso de producirse, una sentencia condenatoria. Rechaza la autoridad de la mesa, insistiendo en que son cinco diputados, con nombres y apellidos, quienes la han suspendido; les reprocha haber tomado una decisión sobre sin pedir antes informes jurídicos, y subraya que «la corrupción como tal no aparece en el Código Penal español», por lo que «cualquier vinculación de un presunto delito con la corrupción dependerá siempre en última instancia de una interpretación subjetiva». A buenas horas hace este descubrimiento.
Los llama hipócritas, porque «me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar, para apartarme políticamente». Y los sitúa en el campo, no de los adversarios políticos, sino de los enemigos de ella y de la patria: «Si hasta ahora aplicaban el derecho penal del enemigo, ahora aplican el reglamento del enemigo.» Los miembros de la mesa «me han querido sentenciar, de manera premeditada y precipitada», movidos por «el deseo de hacer desaparecer una adversaria política». Afirma no aceptar que «los que están haciendo pasos atrás pidan a los que hacemos pasos adelante que hagamos un paso al lado». Esto, traducido del argot independentista, significa: no aceptar que los que renuncian a la independencia pidan a los que siguen trabajando por la independencia que dimitan, con lo que ERC y CUP, y, ya puestos, los de JxCat que le lleven la contraria, son arrojados al execrable espacio de los enemigos a batir.
A su parecer, con su inhabilitación, «se ha debilitado la institución, y se hecho conscientemente», porque el Parlamento «sigue siendo uno de los principales objetivos de la guerra sucia y antidemocrática del Estado español contra las instituciones catalanas». Denuncia la «deriva autoritaria de la judicatura española». Considera «un atropello democrático» su suspensión mediante un «artículo infame que vulnera derechos fundamentales y genera inseguridad jurídica», una suspensión que «sólo beneficia a los que ha apostado por la guerra sucia».
«Tres de los cinco diputados que han cargado sobre sus espaldas y consciencia la responsabilidad de suspender mis derechos y deberes parlamentarios», o sea los de ERC y CUP, forman parte de lo que algunos consideran la mayoría independentista del 52%; pero las fuerzas que la conforman «tienen agendas políticas que están muy lejos de converger en una estrategia unitaria independentista ni en el gobierno ni en el Parlamento». Así llega a la conclusión de que «los que tendrían que ser mis compañeros de viaje no tienen otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos».
La débil cohesión del gobierno independentista
La filípica de Laura Borràs no ha despertado el entusiasmo de la prensa independentista. Vicent Partal, en Vilaweb —No crec en les casualitats—, sin llegar a defenderla, critica a los que la han defenestrado. Sostiene que «el caso tiene un componente añadido y clarísimo de lawfare. De acoso político. Si Laura Borràs no fuera presidenta del Parlamento este juicio no se haría, eso lo sabe todo el mundo. Y la desproporción de la pena que le piden, superior a la que han recibido en el caso de los ERE los dirigentes del PSOE andaluz –—por poner un ejemplo—, delata a sus perseguidores.»
Habiendo «perseguidores», lo propio sería defenderla a capa y espada: «Habría sido lógico, comprensible y justo que ERC y la CUP hubieran conducido este asunto de otra forma (…) Si Laura Borràs cometió un delito o no, me parece una discusión lícita que hay que tener» y «me parecería razonable discutir si los dos delitos de los que es acusada finalmente son corrupción o no —visto que no encajan en los patrones internacionales de lo que se considera corrupción— y discutir, por tanto, si le podían aplicar o no el artículo que le han aplicado».
No es extraño que el editorial del diario Ara —Caso Borràs: preservar el Parlament— se ponga de parte de la mesa que la ha inhabilitado: «Es evidente que hace años que asistimos a casos de actuación judicial con finalidades políticas, pero si el Parlament se ha dotado de una norma, la tiene que cumplir. No hacerlo habría dejado tocada su credibilidad. De hecho, la cámara es la principal perjudicada por la situación anómala en la que estaba su máxima prelatura.» Y el número ante las cámaras con que se ha despedido merece la censura del editorialista, discreta pero censura al fin y al cabo: «El hecho de que al final Borràs haya tenido que marchar forzada, y de que lo haya hecho en medio de graves y agrias acusaciones políticas contra sus compañeros de mesa, y en especial contra los grupos independentistas, deja tocada la convivencia parlamentaria (…) La ya de por si débil cohesión del gobierno independentista de coalición, como se ha visto esta semana con la mesa de diálogo, se agrava ahora con una Borràs que ha querido hacer de su pleito judicial un casus belli político.»
Más significativo es que el editorial del Punt-Avui —L’agonia que no calia— descalifique la actitud de Laura Borràs ante el hecho consumado: «El enroque en el cargo de la afectada, pese a la existencia del reglamento de la cámara en sentido contrario, ha abonado la pugna política entre los dos principales partidos independentistas y socios de gobierno, de nuevo enredados en un capítulo de desgaste que entre todos nos podíamos haber ahorrado. También el intercambio de reproches de ayer, que sólo beneficia precisamente a los represores. Para llegar a donde hemos llegado, está claro que el marco del Parlamento no era el lugar más eficaz desde donde Borràs debía construir su legítima defensa. Sobre todo sabiendo que el desenlace acordado en la mesa era prácticamente inevitable.» Más otra censura al victimismo que gasta la susodicha: «Tampoco ha acertado en su táctica mediática: por más injusta que encuentres una acusación, no puedes ver enemigos por todos lados, hasta el punto de considerar que una entrevista intensa en la televisión pública catalana equivale a un juicio paralelo.»
También el editorial de la Vanguardia apuesta por preservar el prestigio del Parlament: «La que fue candidata a la presidencia de la Generalitat ha escrito e interpretado su propio guion al margen de los compromisos que Junts ha adquirido como fuerza gubernamental. La notable falta de sentido institucional y el personalismo exacerbado que inspiran las decisiones de Borràs hacen un triste favor a las siglas que representa. No había otra salida que la que ha tomado la Mesa. Está en juego mucho más que la reputación de una figura política, se trata de proteger la credibilidad de las instituciones.» En cuanto a JxCat, «proyecta una imagen caótica, muy alejada de lo que se espera de un partido que gestiona varios departamentos de la Generalitat. El momento de aguda crisis que vivimos exige frenar cualquier frivolidad o sobreactuación que intensifique la incertidumbre de la ciudadanía.» Con una presidenta del partido como Laura Borràs, la frivolidad y la sobreactuación están garantizadas. Ahora a ver si se ponen a sus órdenes o consiguen reconducirla a un papel más discreto.
