La todavía presidenta del Parlament, la posconvergente Laura Borràs, ha optado por intentar presentar su próximo juicio por presuntos delitos de corrupción como si de una persecución política se tratara. Borràs ha señalado en varias ocasiones que si la Justicia actúa contra ella es por ser separatista y no porque esté vinculada a una trama de facturas irregulares de la Institució de les Lletres Catalanes mientras fue su directora. Pero esto es algo que en ERC no están dispuestos a admitir.
La portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, ha exigido este lunes a la posconvergente que no vincule ambas situaciones «por respeto a las personas que han sido o están siendo represaliados en los últimos años en nuestro país». Desde ERC se considera que Borràs debe ser suspendida de sus cargos como presidenta de la Cámara autonómica y de su escaño como diputada, tal y como fija el reglamento del Parlament para casos como el suyo. Sería, ha señalado Vilalta, una suspensión «temporal» que permitiría «preservar el Parlament y garantizar la ejemplaridad y la honorabilidad de la Cámara».
Modificar el reglamento
Borràs, por su parte, intenta en estos momentos lograr una modificación del reglamento del Parlament con el fin de no verse obligada a cumplir lo que este fija en caso de diputados y cargos a los que se haya abierto juicio oral. Desde Junts se intenta hacer pasar esta modificación como algo ya avisado por Borràs en el momento de la investidura del republicano Pere Aragonés como presidente. En este sentido, la diputada Aurora Madaula ha indicado en su cuenta de Twitter que se trataría de una actualización de esta normativa para la que la Mesa del Parlament ya pidió «por unanimidad» «un informe técnico de los artículos susceptibles de reforma». Por este motivo, Madaula ha subrayado que «la presidenta no ha intervenido ni es su papel porque no lo puede reformar ella».