Desde un punto de vista estrictamente liberal, está bien que cada uno pueda hablar como quiera donde quiera, pero que se atenga a las consecuencias. Puede pasar que sus palabras no sean entendidas y, sin ánimo de ofender, consten como no dichas.
Dado que privar del uso de la palabra a un diputado cuando le toca hablar en la tribuna no queda nada bien, una solución podría ser ignorarle. El diputado tendría su minuto de gloria lingüística de cara a la galería, sin que constara en acta, y entonces lo que pasó el martes 21 dejaría de ser noticia.
Lo cuenta El País: Varios diputados independentistas fuerzan que les retiren la palabra al hacer su discurso en lenguas que son cooficiales en sus respectivos territorios.
«Se habló en catalán, en gallego, en euskera, en aragonés y en asturiano (…) Los más díscolos, como ERC y Junts, provocaron que se les retirase la palabra. PNV, EH Bildu y PDECat usaron el truco de irse traduciendo a sí mismos para evitar la intervención de la presidencia (…) Suponía un desafío (…) a la norma de la Cámara que sólo permite el uso del castellano. Y el lío estaba garantizado.»
Reconocer la diversidad
Poder hablar en otras lenguas en las Cortes nunca fue una reivindicación de los partidos regionalistas o nacionalistas. A asuntos más importantes dedicaban su tiempo. Si a Francesc Cambó se le recuerda como un gran parlamentario, no fue por gestos simbólicos y triviales como ése. Se supone que los diputados van allí a hacerse entender, no a hacerse ver; a defender los intereses de su circunscripción, que difícilmente pasarán por la contratación de más intérpretes y traductores en Madrid.
Lo que sucedió esta semana es que «todos los grupos nacionalistas, además de En Comú Podem, llevaron a debate del pleno una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para incluir la posibilidad de que los diputados intervengan en cualquier lengua cooficial. La propuesta estaba destinada al fracaso por el rechazo del PSOE y la derecha, así que los más significados de sus promotores decidieron convertir el pleno en una forma de protesta, conscientes de que iban a chocar con la presidencia.»
Y como siempre que los políticos se meten en querellas lingüísticas, las discrepancias se multiplican: «Los grupos de la derecha coincidieron en considerar una contradicción que se reivindique el uso del catalán en el Congreso mientras se restringe el castellano en los colegios» de Cataluña, y se opusieron «al gasto que supondría el montaje de un equipo de traducción».
Por su parte, los impulsores de la iniciativa afirmaron que «el uso de los idiomas diferentes del castellano en el Senado es anecdótico» —no lo sería tanto si el papel del Senado fuese más relevante— y que «introducirlos en el Congreso supondría un acto de justicia y de reconocimiento de la diversidad lingüística y de la realidad plurinacional».
Supremacismo lingüístico
El empeño de convertir el Congreso de los Diputados en una Babel sobrecargada de ideología es especialmente contradictorio en el caso de los independentistas: si España es el extranjero, ¿a qué viene preocuparse de cómo se hable en sus cámaras parlamentarias?
Joan Vall Clara, en El Punt-Avui —A Can Pixa Pedret—, cuenta cómo estamos los catalanes en relación «con el Madrid más progresista de la historia»:
«Como corresponde al enemigo por el que nos tienen, “ni agua”. Contra la lengua, acuerdos con la derecha, la derecha extrema y la extrema derecha. Nada de cambiar la ley para poder hablar en las lenguas propias (catalán, vasco y gallego) en las cámaras de representantes. El PSOE de nuestro corazón lo ha vuelto a impedir, por eso ha vuelto a cerrar filas con PP, Vox y Cs.»
La crónica del diario Ara —El Congreso veta el uso del catalán— resalta «la ofensiva del supremacismo lingüístico español», y en el mismo diario Joan Ridao —El catalán, expulsado de la tribuna— desarrolla la idea:
«Figura que España es un estado compuesto y plurilingüe. Pero, a pesar de que la Constitución reconoce la diversidad de lenguas e incorpora un principio favorable al pluralismo lingüístico, pues permite que las lenguas no castellanas sean oficiales en sus territorios, junto con el castellano, también introduce una clara distinción entre el castellano —que es oficial en todo el Estado y que es obligado de conocerlo— y el resto de lenguas de los territorios que disponen de ellas» y consagra «un derecho lingüístico prioritario respecto a los castellanoparlantes a consecuencia de la incidencia de su derecho tanto en las áreas de habla castellana (monolingües) como en las áreas no castellanoparlantes (regiones bilingües), además de que el monolingüismo está presente en todas las instituciones estatales, que se supone que son comunes o generales.»
Ridao concluye que «a la realidad sociolingüística complicada se está añadiendo últimamente un nivel menguante de garantía de la lengua catalana», y recuerda que en tiempos de Aznar, necesitando el apoyo de CiU, el PP no impugnó la ley de política lingüística del 1998. Mal remedio éste de confiar en una coyuntura política favorable para resolver asuntos de Estado. Las lenguas españolas, todas, no pueden estar al albur de mayorías cambiantes ni ser objeto de polémica en cada legislatura.
Un giro a la derecha
María Obelleiro, directora de Nós Diario, en Vilaweb —Sense igualtat entre llengües, no hi ha democràcia—, enmarca el tema lingüístico dentro de un objetivo más ambicioso:
«La defensa de más espacios para las lenguas oficiales distintas de la española sigue siendo una reivindicación de primer orden.» La retirada de palabra a los diputados que habían «utilizado sus lenguas» es «una decisión unilateral» de Meritxell Batet y «no tiene ningún aval en el reglamento del congreso», que «deja esta posibilidad en manos de la presidencia de la cámara». Es pues «una decisión política que se toma durante la resaca de las elecciones andaluzas y en el marco de un giro a la derecha del ejecutivo español, que compra buena parte del programa económico del PP».
Vamos, que el don de lenguas exhibido por los diputados periféricos, más que un acto de protesta, más que una afirmación identitaria, es un mero acto de campaña para las próximas elecciones, sean cuando sean. El mensaje, algo burdo, viene a ser: No nos dejan hablar en catalán —o en gallego, o en…— en el Congreso, luego tampoco nos van a dejar hablar en catalán —o en gallego, o en…— en nuestro pais, dado el giro a la derecha, etc etc.
