A muchos ha sorprendido que la Alta Inspección Educativa haya argumentado para no fiscalizar si se cumple el 25% de castellano en las aulas que carece de medios para hacerlo. En este sentido, cabe recordar que el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, indicó que existe un método muy sencillo para controlar el cumplimiento: enviar un correo electrónico a todos los centros preguntando a través de un cuestionario si el castellano es una de las lenguas vehiculares del colegio.
El caso es que la pasividad del Gobierno ante este asunto ha quedado de manifiesto ante la firmeza que demuestra en otros temas, según ha denunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Esta asociación ha señalado que, tal y como publica hoy El Mundo, el Ejecutivo controlará que las autonomías dedican el dinero de las becas a sustituir los antiguos libros de texto por los que prescribe la Ley Celaá. De no hacerlo, se exponen a perder hasta 25 millones de euros en ayudas.
«Para controlar el cumplimiento de la sentencia del 25% no hay dinero, ni recursos, ni voluntad», ha denunciado la AEB en redes. Y ha añadido: «Pero para garantizar que los libros de texto sean los que se adapten sí o sí al nuevo curriculum, hay de sobra». «Prioridades del Ministerio de Educación», ha sentenciado finalmente.
