La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha remitido este lunes un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitando que constate que «no existe ninguna imposibilidad legal» para que el Govern cumpla la sentencia que le obliga a introducir un mínimo de un 25% de clases en castellano en la educación catalana. Con este escrito, la AEB contesta al presentado por la propia Generalitat ante el mismo tribunal declarando esta imposibilidad legal por la aprobación del nuevo decreto de Política Lingüística. Y advierte de que, si el TSJC da el visto bueno al argumento del Govern, la AEB solicitará que se indemnice a los alumnos que vean violentados sus «derechos lingüísticos».
La Generalitat argumenta que con el nuevo decreto se han retirado los porcentajes de los proyectos lingüísticos por lo que es imposible legalmente aplicar la sentencia del TSJC. Desde la AEB, sin embargo, se considera que esto no es así porque el decreto en cuestión «no modifica el régimen de conjunción lingüística vigente» y que consiste «en que las dos lenguas oficiales deben ser vehiculares en la enseñanza».
Programación anual
La AEB ha recordado que «la sentencia no obliga a modificar los proyectos lingüísticos» sino que se centra en «asegurar que las dos lenguas oficiales sean vehiculares». «La concreción de ese modelo», ha indicado la entidad al TSJC, «se hace en la programación general anual que tienen que hacer los centros educativos catalanes y en donde se debe asegurar que las áreas, materias o asignaturas se impartan en las dos lenguas vehiculares».
La entidad presidida por Ana Losada ha indicado también que, si la Generalitat no puede cumplir la sentencia, «el tribunal debe adoptar las medidas que permitan dotar de la máxima eficacia posible» a esa misma orden. Según esta tesis, basta con que Educación «informe al tribunal de la relación de asignaturas, materias o áreas que se van a dar en los centros educativos en las dos lenguas oficiales en la programación general anual y que haga cumplir las programaciones ajustadas al modelo constitucional».
La AEB apunta, además, que el decreto del Govern es «inconstitucional» porque no responde a una situación excepcional, «regula materias propias de Ley Orgánica» y «se ha promulgado con la intención de eludir el cumplimiento de una decisión judicial firme, vulnerando de esta forma la doctrina constitucional al respecto».
