Desde el separatismo, es frecuente el argumento de que la Justicia española tiene en el punto de mira al movimiento, favoreciendo siempre los intereses de la España constitucionalista. En este sentido, consideran una prueba más que los tribunales hayan dictaminado que la Educación catalana debe impartir un mínimo de 25% de castellano para garantizar los derechos lingüístico de los niños castellanoparlantes. Sin embargo, otras actuaciones de la Justicia no parecen obedecer al patrón denunciado por el nacionalismo.
Así, por ejemplo, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha procesado tanto al activista separatista Roger Español como a cuatro agentes por su papel en el referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Por una parte, dos de los agentes ha sido procesados como posibles responsables del disparo con una bala de goma que provocó la pérdida de un ojo al mencionado Español. Según el magistrado instructor, Francesc Miralles, ambos imcumplieron las medidas de seguridad del uso del material antidisturbios. Los otros dos agentes han sido procesados por los golpes propinados a personas sentadas en el suelo.
A su vez, Español ha sido procesado por el juez por la supuesta comisión de un delito de atentado contra la autoridad policial, dado que lanzó una valla metálica contra ellos. Todos los hechos relatados tuvieron lugar en la Escola Ramón Llull, de Barcelona.
