La semana pasada analicé las consecuencias de la invasión de Ucrania en los dos países que van a soportar el coste principal: Ucrania, el agredido, y Rusia, el agresor, por este orden y a gran distancia la primera de la segunda. Recuerdo a los lectores que las caídas del PIB anticipadas por el Banco Mundial en abril de 2022 son 45,1% para Ucrania y 11,2% para Rusia, suponen un cambio de escenario radical respecto a las previsiones de crecimiento moderado que el mismo organismos otorgaba Ucrania, 3,2%, y a Rusia, 2,4%, el pasado enero. La invasión ha alterado dramáticamente la situación en Europa del este y Asia central y sus consecuencias económicas se van a dejar sentir más allá de estos dos países, tanto en países en la zona de influencia de Rusia (Bielorrusia, Tayikistán o Georgia) como en algunos países limítrofes de la UE (Rumanía, Polonia o Hungría).
La invasión ha alterado dramáticamente la situación en Europa del este y Asia central y sus consecuencias económicas se van a dejar sentir más allá de estos dos países, tanto en países en la zona de influencia de Rusia.
Pero las negativas consecuencias económicas de la invasión de Ucrania van a golpear también a la UE en su conjunto y a los países de la Eurozona, en particular, cuando todavía algunos países, entre los que se encuentra España, no han logrado recuperar todavía los niveles de PIB anteriores a la pandemia, y apenas cuentan con margen de maniobra para afrontar una nueva perturbación adversa hipotecados por la ingente deuda pública acumulada desde el inicio de la Gran Recesión a finales de 2008. Para empeorar las cosas, la UE ha registrado tasas de inflación muy elevadas en 2021 y comienzos de 2022 que van a anticipar las subidas de tipos de interés y a acelerar la retirada de los estímulos extraordinarios puestos en marcha por el BCE tras la irrupción del Covid-19 en la primavera de 2020.
En un contexto de fuerte incertidumbre, disrupciones en la producción, débil crecimiento, alta inflación y elevado endeudamiento, los efectos de la reorientación de la política monetaria pueden tener efectos mucho más negativos de lo que los organismos internacionales anticipan, ansiosos celosos preocupados éstos siempre por no ensombrecer más las ya menguadas expectativas de recuperación económica.
En el informe Perspectivas de la Economía Mundial publicado por el FMI el pasado abril, la institución situaba el crecimiento del PIB de la Eurozona en un todavía esperanzador 2,8% en 2022, aunque la cifra era 1,1 puntos porcentuales (p.p.) inferior a la avanzada por el FMI en la actualización publicada en enero. La propia Comisión Europea (CE) confirmaba el 16 de mayo estos malos augurios para 2022 y rebajaba el crecimiento del PIB en la UE y la Eurozona a 2,7% al tiempo que elevaba la previsión de tasa de inflación a 6,4% para ambas. Existe un consenso casi generalizado de que el BCE, además de finalizar su programa de compras extraordinarias a principios del tercer trimestre de 2022, procederá a elevar el tipo de interés de las principales operaciones de financiación hasta 0,5% en julio, siguiendo los pasos de la Reserva Federal que ya elevó los tipos en marzo y mayo.
Intentar levantar los ánimos constituye una práctica comprensible por parte de los organismos responsables de hacer previsiones que pueden afectar al comportamiento de gobiernos, empresas y ciudadanos de a pie. En abril de 2020, por ejemplo, el FMI anticipaba las siguientes caídas del PIB: 3,0% para el mundo, 4,7% para Estados Unidos, 5,9% para la Eurozona y 8,0% para España. En el informe de abril de 2021, las correspondientes cifras eran 3,3% para el mundo, 6,1% para Estados Unidos, 6,6% para la Eurozona, y 11,0% para España. Comprensiblemente, la caída anticipada en abril de 2020 era algo más suave que la que la constatada un año después: 1,1 p.p. para Estados Unidos, 1,3 p.p. para la Eurozona y 3,0 p.p. para España.
Existen razones para pensar que el aterrizaje suave que dibujan las previsiones del FMI y de la CE para la Eurozona y otros países europeos en 2022 podrían verse desbaratadas a causa de la prolongación de la guerra en Ucrania, el mantenimiento y reforzamiento de las sanciones impuestas a Rusia, la adopción de medidas drásticas por parte de la UE para reducir la dependencia energética del gas ruso, y el cambio en la orientación de las políticas monetaria del BCE y otros bancos centrales. Veamos cuáles son.
Existen razones para pensar que el aterrizaje suave que dibujan las previsiones del FMI y de la CE para la Eurozona y otros países europeos en 2022 podrían verse desbaratadas a causa de la prolongación de la guerra en Ucrania.
El FMI, por ejemplo, anticipa un crecimiento del PIB en el Reino Unido (RU) de 3,7% en 2022, pero la Oficina de Estadísticas Nacionales estima en 0,7% el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2021. Lo que es peor, el crecimiento del PIB fue tan sólo de 0,1% en febrero y registró una caída de 0,1% en marzo. Estas cifras sugieren que el proceso de recuperación claramente apreciable en el Gráfico 1 a partir de 2020 ha sufrido un frenazo en el primer trimestre de 2022. Comentarios similares pueden hacerse de Japón para el que el FMI anticipa un crecimiento de 2,4% en 2022, si bien el primer trimestre se saldó con una caída de 0,2% respecto al trimestre anterior, y la tasa interanual en el primer trimestre fue tan sólo de 0,2%. El Gráfico 2 muestra la evolución de las tasas anuales del PIB en Japón que invitan a considerar excesivamente optimista la previsión de crecimiento de 2,7% para 2022.
Reconociendo que estos dos casos no pueden extrapolarse, lo cierto es que las perspectivas de crecimiento en la UE y la Eurozona no invitan precisamente al optimismo. Ambas van a ser las dos regiones que, tras Rusia, Ucrania y algunos países limítrofes, sufrirán el mayor impacto de la guerra desencadenada por Rusia en todos los frentes: humano, comercial y financiero. El FMI anticipa un crecimiento del PIB en la Eurozona en 2022 de 2,8%, pero como puede observarse en el Gráfico 3 el crecimiento del PIB en la zona no ha pasado de 0,25% en el primer trimestre de 2022 y 0,26% el cuarto trimestre de 2022. Una situación muy parecida a la del Reino Unido, si bien este país presentaba una tasa de paro de 3,7% en marzo 2022 y la Eurozona de 6,8%.
Llegados a este punto parece ya difícil dar marcha atrás en la UE y las posibilidades de recomponer las fuentes de suministro de energía para sustituir el gas y petróleo rusos, evitando disrupciones en la producción y aumentos todavía mayores en costes y precios, se antojan más bien escasas a corto plazo. Ahora bien, importar gas licuado de Estados Unidos como medida de emergencia, y proyectar aumentos en los suministros procedentes de otros productores, como Catar, así como acometer inversiones en energías renovables a medio plazo, no van a resolver los problemas energéticos de la UE a corto plazo ni desde luego van a mejorar la competitividad de nuestras empresas.
En este contexto de emergencia energética generalizada en la UE, resulta completamente desafortunada la decisión del gobierno de España de poner en peligro la privilegiada relación que manteníamos con Argelia, nuestro principal suministrador de gas natural hasta 2020, al acordar el 2 de febrero de 2022 que Marruecos utilice en sentido inverso el gasoducto Magreb-Europa que transportaba gas natural desde Argelia a España hasta el 1 de noviembre de 2021. De poco sirvió que la ministra Ribera, responsable segunda de la pifia, enviara un correo electrónico al ministro de Energías y Minas argelino asegurándole que “en ningún caso “el gas adquirido por el país vecino procedería de Argelia. La desatinada decisión de Ribera se consumó el 23 de marzo de 2022 cuando el presidente Sánchez decidió avalar la incorporación del Sahara Occidental al Reino de Marruecos. Pocas dudas hay acerca de que el cambio de alianzas en la región norteafricana elevará más pronto que tarde el precio del gas natural argelino que siga fluyendo hacia España.
resulta completamente desafortunada la decisión del gobierno de España de poner en peligro la privilegiada relación que manteníamos con Argelia, nuestro principal suministrador de gas natural hasta 2020..
A no a mucha más altura ha estado la diplomacia de la UE que no ha querido, sabido o podido hacer valer su poder económico para buscar una solución diplomática a las diferencias entre la Federación de Rusia y Ucrania desde la anexión de Crimea en 2014. Ahora toca pagar la elevada factura atribuible a tanta autocomplacencia y superioridad moral de los líderes de la UE. Más que el gobierno de la segunda economía del mundo, la CE se parece cada día más a una secta que fía la solución de los problemas reales a la magia de las palabras, como en los cuentos de hadas.
La última invención de la CE es otro plan sacado de la chistera, denominado REPowerEU, que promete proporcionar a “energía sostenible, segura y asequible”. Se estima que el plan requerirá una inversión adicional de 210.000 millones de aquí a 2027 y se invita a los países miembros a añadir un nuevo capítulo a sus programas de recuperación conformados en torno al Next Generation EU aprobado el 21 de julio de 2020.
Demasiado bonito para ser cierto. La realidad a que se enfrentan los ciudadanos de la UE dista mucho del cuadro idílico que despliega la oficina de márquetin de la CE: se van a destinar 1,2 billones de euros de ayuda a Ucrania, se van a destinar grandes recursos a contrarrestar la pérdida del gas natural ruso y argelino en el caso de España, y afrontar la crisis energética, y digan lo que digan desde Bruselas la energía va a ser mucho más cara en la UE durante nadie sabe cuánto tiempo. Un cóctel venenoso que bien podría desembocar en una nueva recesión económica que podría poner a varios estados de la UE contra las cuerdas.
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