En Cataluña, las instituciones no suelen tener reparo en mostrar públicamente su adhesión al nacionalismo en el poder, y las universidades no son una excepción. Recordemos, por ejemplo, que en los diversos ataques sufridos en los campus universitarios por la entidad juvenil constitucionalista S’ha Acabat, los rectores se han alineado con las tesis de los agresores negándose a condenar sus actos. Ahora, vuelve a quedar de manifiesto la subordinación de los dirigentes universitarios al relato nacionalista con la aparición de un manifiesto en el que éstos muestran su rotundo rechazo a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establece un 25% de castellano en las aulas catalanas.
«El modelo pedagógico de la escuela catalana ha estado y es un modelo de éxito que garantiza las competencias lingüísticas de su alumnado», aseguran ocho rectores universitarios en un comunicado hecho público ayer. «Por lo tanto», prosiguen, «pedimos que la política lingüística en la escuela no se base en porcentajes arbitrarios desconectados de la realidad territorial y se deje de instrumentalizar políticamente algo tan importante como es la enseñanza». Y es que, a su juicio, son los profesionales del mundo educativo los que «determinen qué modelo lingüístico es lo más adecuado para garantizar la competencia lingüística del alumnado». Por ello, reclaman un «debate constructivo» entre partidos, entidades y el resto de la población.
Críticas a la incoherencia del texto
Tras la aparición del manifiesto, el colectivo constitucionalista Universitaris per la Convivència ha publicado una réplica cuestionando la coherencia del mismo. «Según nuestros rectores constituye una instrumentalización política inaceptable que en una sociedad bilingüe como la nuestra se fije para la escuela un mínimo del 25% de docencia en cada una de las lenguas oficiales mientras que ellos mismos marcan como objetivo avanzar hacia el 80% de docencia en catalán en las universidades. Sencillamente, inaudito», señala la entidad, que considera que los argumentos de los rectores rozan el «esperpento». Por último, alertan de la «evidente sumisión de nuestros rectores al poder político» y recuerdan que «pretender uniformizar el pensamiento es absolutamente incompatible con la misión de la Universidad y con la convivencia democrática».
