Todos los partidos tienen una fundación, o más de una. La de ERC es la Fundació Josep Irla. Esta fundación, entre muchas otras actividades, convoca el premio de ensayo Irla con la finalidad de «dar cumplimiento al objetivo básico de estimular el estudio de la realidad política, económica, social y cultural de los Países Catalanes, así como su pensamiento». La extensión ha de estar «entre 180.000 y 200.000 espacios», lo que viene a ser un centenar de folios en letra más bien grande. Está dotado con 6.000 euros y la publicación en Angle Editorial. Este año el ganador ha sido Raül Romeva, cuya vinculacion a ERC está fuera de discusión. ¿Qué tiene de extraño que la fundación de un partido conceda un premio a un miembro destacado de ese partido?
El título del ensayo ganador es «Ubuntu. La República cívica i global». Según un comunicado de la fundación, ha recibido el premio «por su propuesta encaminada a gestionar la complejidad política de los retos globales a través de la toma de conciencia colectiva y desde el concepto del procomún». Más o menos, lo que todo el mundo estaba esperando.
Víctimas del racismo institucional
El Punt-Avui informa de una manifestación de 200 personas que se hizo ayer en Girona, en la plaza del Ayuntamiento, en apoyo a los jóvenes que van a juzgar hoy. Se trata de Charaf Fadlaoui e Ibrahim Afkir; les detuvieron «la madrugada del 17 de octubre» de 2019 y se les acusa de «lanzar piedras contra un furgón policial» situado delante del cuartel de la Policía Nacional. Resultaron heridos «el conductor y el copiloto». Están desde entonces en prisión preventiva debido al «riesgo de fuga por falta de arraigo». Una falta de arraigo que no les impidió participar en los disturbios consiguientes a la manifestación que hubo ese día para protestar contra la sentencia a los líderes del proceso independentista.
No fueron los únicos encausados, pero, según un portavoz que cita el diario, «los juicios comienzan con dos personas especialmente vulnerables, y la justicia española lo hace muy conscientemente e intenta buscar una ejemplificación» —sic; la palabra que estaba buscando es ejemplaridad—. Añade el portavoz que «se trata de unos hechos absolutamente sobredimensionados y muy poco probados». Un hecho puede estar probado o no probado, pero no es concebible un hecho probado a medias. Si los acusados no tienen abogados más inteligentes, están perdidos.
Un mes después de que estos dos fueran detenidos, una alto cargo de la CUP local fue a verlos a la cárcel y afirmó en un tweet: «Que ellos todavía estén dentro es racismo institucional.» Los acusados de disturbios, en opinión de los mantenedores del proceso, no sólo son siempre inocentes, incluso después de la sentencia de culpabilidad, sino que su inocencia será corroborada por circunstancias de origen o raza.
Sobre el caso que nos ocupa, Clara Ponsatí, experta en inocencia, ya dijo hace meses que «la Generalitat tiene que retirar la acusación contra Fadlaoui y Afkir a raíz de la represión postsentencia. No hacerlo apuntala la criminalización de la protesta y del derecho a la autodeterminación, y contradice los posicionamientos del Govern sobre la represión del Estado». Tiene su lógica pedir que el gobierno que promovió una «huelga general» y agitó a los agitadores, renuncie luego a perseguirlos ante la justicia.
Este mediodía, delante del Palacio de Justicia, un centenar de personas han protagonizado otra concentración y críticas al “racisme institucional”. Según esta información, «Òmnium, ANC, la plataforma que da apoyo a los encausados y la CUP han criticado “el racismo institucional” que han sufrido los dos encausados, diciendo que llevan ya nueve meses en prisión provisional “injustificada y arbitraria” simplemente “por su nacionalidad”. Además, creen que el juicio es un nuevo capítulo “de persecución contra la disidencia y el derecho a manifestarse”. Pero, cómo, ¿aún conservan su nacionalidad anterior, presumiblemente marroquí? ¿No les ha proporcionado la Casa de la República, sita en Waterloo, un pasaporte, aunque sea honorífico?
El duumvirato de ERC
En un lenguaje más humano que el del ensayo firmado por Raül Romeva, ayer mismo, Oriol Junqueras y Pere Aragonès —casi un duumvirato— publicaron en La Vanguardia un artículo que debería ya considerarse propaganda electoral: De la reconstrucción a la república catalana. En él sintetizan «el compromiso de Esquerra Republicana. Inequívocamente transformador. Inequívocamente de izquierdas. Inequívocamente independentista.»
Inequívocamente equívoco, se podría añadir. Todo el mundo puede fijarse en lo que prefiera: sea en la reconstrucción, que va para largo y será tarea de una generación, dado el estropicio causado por el proceso a la independencia y la dimensión de la crisis actual; sea en la república catalana, cuyo objetivo utópico se intentará que dé sentido a todos los actos de gobierno que protagonicen los republicanos al mando de la autonomía, si llegan.
Y enumeran «los siete ejes prioritarios para pasar de la recuperación a la República»: «Hay que encarar la reactivación hacia un nuevo modelo productivo de alto valor añadido; reforzar los servicios públicos para construir un estado del bienestar moderno y adelantado; reconciliar el trabajo con la vida; recoser el territorio y avanzar hacia un país equilibrado y conectado en red; apostando por la energía renovable y un compromiso de residuos cero; recuperando la cultura como impulso de una ciudadanía libre y comprometida; y, claramente, hay que construir una vía amplia hacia la independencia. Hacia la República de los derechos y las libertades.»
El pandemónium de la educación
Dentro de toda esta retórica de Junqueras y Aragonès, destaca la afirmación contundente que «en septiembre las escuelas abrirán con normalidad», lo que tal vez explique la insistencia en la normalidad que manifestaron ayer, al presentar las líneas maestras del curso que viene, el mismo vicepresidente Pere Aragonès, la consejera de Salud, Alba Vergés, y el consejero de Educación, Josep Bargalló.
Una normalidad que está lejos de estar asegurada, porque no depende sólo de factores humanos, con el agravantte que los factores humanos que tenemos al frente de la eduación y la salud distan mucho de la firmeza y la seguridad que requeriría la situación.
Si la normalidad en la educación se convierte en la gran baza electoral de ERC —y no es extraño que así sea, porque no hay nada que exhibir fruto del gobierno de coalición entre ERC y JxCat—, se comprenden las prisas que van a proyectar en todos los centros educativos. Todo su discurso sobre ratios, «grupos estables de convivencia», distancias de seguridad y medidas higiénicas no se sostiene ni sobre el papel, ya que lo que puedan hacer los alumnos en el recreo o en el trayecto de la escuela a casa traerá inevitables consecuencias, que se añadirán a las del «100 % presencial», perfectamente evitable, al menos durante unos meses. Las prisas nunca son buenas consejeras, menos aún cuando la pandemia está lejos de estar controlada.
Ejemplo de las prisas es la discrepancia en cuanto a las cifras entre el presidente y el vicepresidente: «Mientras que Aragonés ha hablado de 370 millones de euros y de contratar “un mínimo de 5.000 profesionales”, Torra ha hablado de 450 millones de euros y de “la contratación de entre 6.000 y 10.000 profesores más para el próximo curso”; unas cifras, ha remarcado, que se revisarán si se considera necesario. Los 450 millones a que ha hecho referencia Torra engloban los 370 millones de los que ha hablado el vicepresidente y los 80 que ya se han invertido durante la pandemia.» En este gobierno, es como si se pusieran de acuerdo en no coincidir en nada.
